La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió un incidente de desacato y citó a declarar al general Fernando Murillo Orrego, director de la Dijín de la Policía Nacional, por las acciones que han llevado a interrumpir en dos oportunidades la declaración del exjefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel.
La primera interrupción se presentó el 10 de marzo, cuando Otoniel iba a declarar en el subcaso que hace referencia a los falsos positivos que se registraron entre 2008-2010 en el departamento del Casanare. En esa oportunidad, el narcotraficante fue trasladado esposado de pies y manos por cuatro agentes de la policía que estaban fuertemente armados.
Pese a las constantes peticiones de la magistrada que presidía la sesión para que los cuatro agentes se retiraran de la sala, los mismos indicaron que no podían hacer eso puesto que existían motivos de seguridad nacional. Esto llevo a cancelar la audiencia al considerar que no existían las garantías procesales.
Debido a esto, el pasado 12 de marzo, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP emitió medidas cautelares para ordenarle a la Policía Nacional garantizar la reserva y privacidad del interrogatorio de Otoniel. Igualmente, se le hizo un llamado de atención al director de la Dijín.
“Ordenar al director de la Dirección Nacional de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional (Dijín), mayor general Fernando Murillo Orrego, que se abstenga de realizar actuaciones que afecten la reserva de las diligencias judiciales con la presencia de personal uniformado o ajeno al convocado en las providencias en las salas de audiencia, y en general acciones que obstaculicen la práctica de testimonios u otras diligencias del señor Dairo Antonio Úsuga David ante la JEP o la CEV y garantice su reserva”, dice el documento.
El pasado martes 21 de marzo, la audiencia programada por el caso 04 ‘Situación territorial de la región de Urabá' también tuvo que suspenderse puesto que varios agentes de la Dijín no dejaron cerrar la puerta de la sala de audiencias. En ese momento también se argumentó un motivo de seguridad nacional.
Por considerar que no existían las garantías para continuar la audiencia, se aplazó de manera indefinida. En esa oportunidad, igualmente, se le envió una petición a la Policía para que explicara los motivos de estas interrupciones.
La declaración de Otoniel
El exjefe del Clan de Golfo deberá entregar información relevante respecto del involucramiento de integrantes de la fuerza pública en estas acciones que buscaban demostrar resultados operacionales contra grupos subversivos en esa región del país. En medio de esa práctica, civiles fueron secuestrados y asesinados para después presentarlos como guerrilleros abatidos en combate.
En este subcaso estarían relacionados integrantes de la Brigada XVI del Ejército Nacional, quienes presentaban cifras récord de acciones en contra de la guerrilla de las Farc que delinquía en ese departamento. La declaración de Otoniel cobra importancia debido a que en otras diligencias detalló los nexos entre los militares y las Autodefensas Unidas de Colombia para ejecutar esta práctica en la zona.
“Úsuga David formó parte de esta unidad armada (AUC) y, en el marco de su actividad delincuencial, presuntamente se habría relacionado con miembros del Ejército y otras fuerzas de seguridad del Estado, como el Departamento Administrativo de Seguridad-DAS, en aras de desarrollar actividades delictivas de manera conjunta”, precisa la decisión firmada por todos los magistrados que conforman dicha Sala.
Otoniel, quien por una década fue el hombre más buscado del país, fue capturado el 23 de octubre de 2021 en un operativo conjunto en el Urabá antioqueño. Tras la desmovilización de las AUC conformó junto a Don Mario la banda conocida como Los Urabeños, encargada de controlar el tráfico de drogas y la ejecución de varios delitos por el control del territorio.
Es requerido por una Corte de Estados Unidos por delitos relacionados por el narcotráfico, tráfico de armas y homicidios selectivos. Su caso es estudiado actualmente por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.