El expresidente de la Corte Constitucional Jorge Pretelt seguirá en la cárcel cumpliendo su condena por el caso de Fidupetrol, escándalo que se cocinó en 2013, relacionado con la petición que le habría hecho el entonces magistrado a un apoderado de esta sociedad fiduciaria a cambio de fallar una tutela a su favor.
La decisión de mantenerlo en la cárcel se tomó después de que la investigación judicial acreditó el cumplimiento del requisito relacionado con las tres quintas partes de la pena, el buen comportamiento durante la ejecución de la sanción, la existencia de arraigo familiar, la ausencia de condena en prejuicios y el concepto favorable dado por el Inpec.
La Corte también verificó las actividades de trabajo, estudio y enseñanza que dieron lugar al reconocimiento de rendición punitiva.
Sin embargo, los magistrados de Primera Instancia negaron su libertad condicional, es decir, seguirá en la cárcel pagando su pena por el delito de concusión.
La Corte explicó: “La libertad condicional no constituye una consecuencia automática del cumplimiento del requisito temporal ni de la concurrencia de circunstancias favorables durante la ejecución de la pena”.
La Sala recordó que la ley y la jurisprudencia exigen una valoración integral, en la que se deben priorizar en conjunto la gravedad y las circunstancias de la conducta que terminó en la pena, el proceso de resocialización, el comportamiento penitenciario, el arraigo y los demás elementos que establezcan si los fines de la pena se encuentran satisfechos.
Por eso, la Corte precisó cómo se dio esa valoración: “La conducta por la cual fue condenado Pretelt Chaljub consistió en solicitar la suma de 500 millones de pesos para adelantar gestiones encaminadas a obtener una decisión favorable en una acción de tutela promovida por Fidupetrol, instrumentalizando para ello su investidura como magistrado de la Corte Constitucional”.
Reviva acá la captura de Pretelt en 2023:
Para la Corte Suprema, ese comportamiento produjo un efecto catastrófico en la confianza pública y en la imagen institucional de la administración de justicia. Por eso, aunque su proceso muestra avances positivos y el umbral mínimo lo habilita para conseguir la libertad, el tratamiento penitenciario aún no alcanza un grado de consolidación suficiente para concluir que ha cumplido los fines de reinserción social.