La Fiscalía General de la Nación informó este viernes, 15 de julio, que ante un juez de Control de Garantías fueron judicializadas siete personas señaladas de ser responsables de incurrir en actos de corrupción con recursos de la Alcaldía de Pereira.
De acuerdo con el ente acusador, las personas se habrían apropiado de cerca de 2.000 millones de pesos en cesantías de distintos empleados.
Los procesados fueron identificados como Sandra Milena Ramírez Trujillo, auxiliar de nómina de la Alcaldía; Leonardo Fabio Muñoz Flórez y Alexánder Sanclemente Pazos, ambos auxiliares administrativos, así como el trabajador oficial José David Monroy Mosquera y los exservidores públicos Orlando Rodríguez Marín, Alejandro Arbeláez Castañeda y Jakelín Velásquez Ocampo.
Según la Fiscalía, desde noviembre de 2013 y hasta febrero de 2021, funcionarios de la Alcaldía de la capital de Risaralda “se habrían concertado para sustraer recursos desde el Fondo de Cesantías”.
“Estas acciones se habrían concretado, al parecer, mediante la expedición de resoluciones de pago en las que eran liquidadas cesantías a nombre de distintas personas con valores que no correspondían a los reales. Estas acciones ilegales habrían sido cometidas en por lo menos 46 oportunidades”, subrayó.
Los sujetos habrían inducido al engaño a “funcionarios de nivel superior para que aprobaran con sus firmas los respectivos procesos administrativos”.
La Fiscalía imputó a los procesados, según sus responsabilidades individuales, delitos como peculado por apropiación y obtención de documento público falso.
“Pese a que la entidad solicitó medidas de aseguramiento en contra de los procesados, los jueces de Control de Garantías consideraron que no se configuraban las condiciones para ordenar la medida de aseguramiento, y dispusieron que los investigados continúen vinculados al proceso en libertad. Esta decisión fue apelada”, subrayó.
Risaralda marcha en contra de los proyectos mineros
Las poblaciones de varios municipios de Risaralda salieron a las calles el pasado miércoles a mostrar rechazo por los trámites que iniciaron varias compañías para gestionar trabajos mineros a cielo abierto en tres localidades del departamento. La autoridad ambiental de la región acompaña la voz de la ciudadanía.
El malestar inició luego de que la Agencia Nacional de Minería fijara los polígonos de interés donde se podría realizar la actividad de extracción, distribuidos en Belén de Umbría, Guática y Apía, zonas que están cobijadas bajo la declaratoria de Paisaje Cultural Cafetero.
“El agua es del pueblo y para el pueblo. No a la megaminería en nuestro pueblo”, fue uno de los mensajes que hizo eco en las calles de Pereira y otros pueblos de Risaralda.
El temor de los habitantes es que en el futuro el Estado altere la vocación del territorio que se sostiene en los programas de seguridad alimentaria: en 3.400 hectáreas de Risaralda se siembra café, frutas y verduras. Con la medida, a juicio de los manifestantes, ven la desestabilización económica e histórica.
Una de las cabezas visibles de la movilización pacífica es el director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), Julio César Gómez, quien está dispuesto a declararse en desobediencia si las intenciones mineras de la región prosperan en las entidades de Bogotá.
El funcionario calificó como un “abuso” el actuar de la Agencia Nacional de Minería que demarcó las zonas de interés, supuestamente sin considerar las características propias de los municipios involucrados en la resolución que generó estruendo en la región del Eje Cafetero, considerada como una amenaza.
“Nos parece inadmisible, desde todo punto de vista, que la Agencia Minera no se haya tomado la molestia de verificar esas realidades. Nosotros tenemos vocación agrícola y cafetera. Hemos hecho una explotación ejemplar del ecosistema, para que ahora nos salgan con semejantes barrabasadas”, afirmó el funcionario que tiene a cargo el cuidado del medioambiente en Risaralda.
Ahora bien, la Defensoría del Pueblo anticipó que en las próximas semanas se instalará en el departamento una mesa para tramitar las preocupaciones de los habitantes de los municipios. La conversación estará liderada por un especialista en proyectos mineros del Ministerio Público.