La feria de las notarías que han protagonizado los gobiernos de los expresidentes Gustavo Petro, Iván Duque y otras cabezas a cargo del Ejecutivo ha puesto sobre la mesa una nueva discusión frente a la forma en que se debe llevar la carrera notarial en Colombia.
SEMANA conoció que el pasado lunes, 24 de agosto, el ministro de Justicia, Iván Cancino, se reunió con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, y con el presidente de la Sala Penal, Roberto Solorzano, para priorizar una propuesta del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.
El encuentro sirvió para precisar la apuesta que estaría diseñando el Gobierno nacional, con el fin de crear una carrera notarial que permita elegir a las personas más aptas para ese cargo, a través de un concurso de méritos que califique las capacidades, el conocimiento y la experiencia de quienes aspiran a llegar a una notaría.
Esa iniciativa se habría convertido en una de las principales del presidente De La Espriella, luego de que su antecesor, Gustavo Petro, terminara envuelto en una polémica por la feria que habría hecho con varias notarias antes de finalizar su mandato.
Un episodio que generó polémica fue el de la firma que hicieron el entonces presidente Petro y su ministra de Justicia encargada, Cielo Rusinque, para nombrar a por lo menos nueve personas allegadas a su proyecto político en distintas notarías del país.
Reformas a la justicia y al agro
Este medio también pudo confirmar que durante ese encuentro entre el ministro de Justicia y la Corte Suprema de Justicia, se habló de las intenciones que tendría el nuevo Gobierno para impulsar en el Legislativo dos reformas: agraria y a la justicia.
Esa iniciativa podría ser concretada la próxima semana, cuando De La Espriella vuelva a visitar el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, para reunirse con la Sala Plena de la Corte Suprema. Hasta el momento, esa nueva reunión no ha sido confirmada de manera oficial.
El ministro Cancino también puso sobre la mesa la grave crisis humanitaria que vive el país por el hacinamiento carcelario y el interés del Ejecutivo por ampliar la capacidad de esa infraestructura como opción para solucionar un problema que ha sido declarado estado de cosas inconstitucional (ECI).