Fueron 35 los integrantes del Batallón de Infantería No. 14 ‘Capitán Antonio Ricaurte’ (BIRIC), vinculados a 11 víctimas directas de ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos ocurridos entre 2003 y 2008. Todos se presentaron ante la Justicia Especial de Paz y a todos se les extinguió la pena.
La JEP advirtió que los 35 integrantes de la Fuerza Pública no fueron hallados máximos responsables en nueve hechos de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate, en Santander y Norte de Santander.
“La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP determinó que los 35 comparecientes cumplieron con los requisitos exigidos que permiten concederles el beneficio de la renuncia a la persecución penal como mecanismo jurídico para definir su situación jurídica de forma definitiva, en el marco de la Ruta No Sancionatoria”, dijo la JEP.
Advierte esa jurisdicción que este recurso se aplica a aquellos comparecientes que no tuvieron un “rol decisivo en el diseño o ejecución de los patrones criminales identificados” y que constituyen crímenes no amnistiables y crímenes contra el Derecho Internacional Humanitario.
“La renuncia a la persecución penal extingue la acción penal y disciplinaria, por lo que los procesos que se adelantaban contra los comparecientes por estos hechos deberán ser archivados sin que se les imponga sanción penal alguna. Sin embargo, este beneficio no es gratuito”, advirtió la justicia especial.
La renuncia de la acción penal, como beneficio para estos militares vinculados a los falsos positivos, depende de un proceso dialógico y restaurativo que la JEP contrastó y verificó con los involucrados. Además de los aportes de verdad plena y detallada sobre los hechos, también ofrecieron medidas de contribución a la restauración en favor de las víctimas y garantizaron la no repetición de conductas delictivas.
“Esta decisión fue adoptada por la Subsala Tercera de la Sala de Definición tras evaluar los aportes de verdad y reconocimientos de responsabilidad realizados por los comparecientes en audiencias públicas en las que participaron activamente víctimas acreditadas en la mayoría de los hechos. En su análisis, la subsala concluyó que los aportes de verdad presentados permitieron reconstruir lo ocurrido con un nivel de detalle que supera lo establecido por la justicia ordinaria”, dijo la JEP.
Advirtió la Justicia Especial para la Paz que, a la fecha, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, en cumplimiento del Acuerdo Final de Paz, ha resuelto de forma definitiva la situación jurídica de 839 comparecientes de la fuerza pública.