Emilio Tapia, quien podría ser calificado como uno de los contratistas más corruptos del país, salió nuevamente al ruedo. Pese a ser protagonista de los escándalos del carrusel de la contratación en Bogotá y de Centros Poblados, en medio de los cuales confesó sus delitos y pidió perdón, ahora estaría detrás de otro multimillonario contrato, esta vez en Barranquilla, para la ejecución de obras de infraestructura de la red hospitalaria. Tapia estaría moviendo los hilos de esta licitación que alcanza un monto de 100.000 millones de pesos.
El corrupto contratista, quien ha mantenido un estatus de millonario, se ha acostumbrado a sacar la mejor tajada en sus negociaciones con la justicia.Cada vez que se ve involucrado en un escándalo de corrupción, reconoce su actuar, prende el ventilador, delata a sus socios y en pocos meses está de nuevo en la casa, con una pena mínima.
SEMANA revela los detalles de una nueva alerta sobre un contrato de 100.000 millones de pesos, en el que Tapia es señalado de ser el cerebro de la operación. La denuncia no se puede tomar a la ligera, pues quien lo acusa es la misma persona que en su momento destapó el escándalo de Centros Poblados. Se trata de Henry Anaya, presidente de la veeduría Bien Común.
Un documento, en poder de SEMANA, le advierte al alcalde de Barranquilla, Álex Char, cómo Tapia y sus supuestos cómplices ya tienen en sus manos el contrato y el plan para el saqueo con un modelo que parece calcado con el empleado en Centros Poblados, en el que se constituyó un consorcio con diferentes empresas, con una finalidad: ganar la licitación y embolsillarse el dinero.
“Alerta ciudadana al proceso de convocatoria a la licitación pública No. LP-012-2025, en su fase de selección y presentación de ofertas en el Distrito de Barranquilla, para la obra de infraestructura de la red hospitalaria del distrito, en la defensa de los principios de la contratación pública en especial, selección objetiva, transparencia y planeación (…) ante la posibilidad de presuntos actores corruptos y sus empresas en el proceso licitatorio, especialmente de los señores Emilio Tapia Aldana y Gary Espitia”, se lee en la denuncia.
SEMANA se comunicó con el veedor Anaya, quien afirmó: “Cuando presentamos las alertas en MinTIC nadie creía, pero la presencia de personajes del carrusel de la contratación en Bogotá era innegable y se dio a conocer desde el principio que el nombre de Emilio Tapia estaba rondando. Nunca apareció como socio, dueño o representante legal, pero la Superintendencia de Industria y Comercio, la Fiscalía y órganos de control demostraron que era el gran estructurador del criminal asalto al patrimonio público. Fue imputado, acusado y finalmente condenado por la justicia”.
En este caso se trataría nuevamente de la creación de una unión temporal, de la que formarían parte empresas supuestamente cercanas a Tapia y Espitia, y que incluso ya habrían incumplido contratos y entregado obras de mala calidad.
El proponente se denomina Unión Temporal Caribe Médico, y lo integran las siguientes empresas: Ingeniería SAS con el 10 por ciento, Saisei Zomac SAS con el 70 por ciento y AZ Civil SAS, con el restante 20 por ciento. “La unión temporal llama la atención por estar conformada por empresas con ruidos por obras de mala calidad, lazos con empresarios condenados por corrupción o líos de sus accionistas con la justicia”, advierte la denuncia.
Sobre el escándalo de Centros Poblados, en el que hicieron fiestas con el anticipo de 70.000 millones de pesos, el documento señala: “Tapia estuvo recluido en prisión desde 2021 hasta abril de 2025, momento en el que un juzgado de Barranquilla le otorgó el beneficio de detención domiciliaria tras haber cumplido cuatro años de cárcel y devolver 2.500 millones de pesos, que aceptó haber recibido de forma ilegal”.
La advertencia de corrupción incluso señala a quien, presuntamente, sería el socio reincidente de Tapia. Se trata de Hugo Armando Canabal, quien, según la advertencia, “habría jugado un papel clave en la creación de la Unión Temporal Centros Poblados, conformada por ICM Ingenieros SAS, Omega Buildings Constructora SAS e Intec de la Costa SAS”.
La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a Canabal con una multa de 116 millones de pesos por ocultar que controlaba la firma Intec de la Costa SAS.
En el caso de este nuevo contrato en Barranquilla, la conexión con el corrupto contratista Emilio Tapia sería a través de AZ Civil, que conforma el consorcio, y en la cual “el señor Hugo Armando Canabal Hoyos fue representante legal entre 2019 y diciembre de 2020, cuando la empresa aún se llamaba AFL Constructores”.
Por si quedaban dudas, el 18 de febrero de 2023 la Superintendencia de Sociedades declaró a Emilio Tapia como controlante de ICM Ingenieros SAS en Liquidación Judicial y de Omega Buildings Constructora SAS; y a Hugo Armando Canabal Hoyos, como controlante de Intec de la Costa SAS en Liquidación Judicial. Se trata de las tres organizaciones que componen Centros Poblados. La Contraloría también tiene en el mismo expediente a Tapia y Canabal en juicios de responsabilidad fiscal.
Sobre este viejo amigo de Tapia, el veedor le dijo a SEMANA que se trata de “amistad, negocios y relaciones con la empresa AFL Constructores, AZ Civil SAS, Intec de la Costa SAS, que estuvo presente en el negociado de la pérdida de los 70.000 millones en MinTIC”.
El escándalo de Centros Poblados también fue advertido por el veedor Henry Anaya. Al comienzo hubo oídos sordos, y solo hasta que desaparecieron los 70.000 millones de pesos del anticipo del contrato para llevar internet a los niños más desfavorecidos, actuaron las autoridades. Pero el daño ya estaba hecho.
Fuentes consultadas por SEMANA advierten que la relación de esta dupla es de vieja data, son socios y han tenido estrechas relaciones tanto personales como comerciales. Aunque han pretendido mostrarse distantes luego del escándalo de Centros Poblados, los documentos y el nuevo consorcio dejarían claro que siguen siendo cercanos.
El mismo veedor Anaya le dijo a este medio: “Hay vasos comunicantes entre empresas que conforman uno de los proponentes que presentó oferta: UT Caribe Médico y la empresa AZ Civil SAS”.
El problema no es solo que, como sucedió en Centros Poblados, el dinero se esfume. En este caso, AZ Civil, según documenta el veedor Anaya, ha tenido multimillonarios contratos en diferentes regiones del país y la ejecución de estos ha sido deficiente, entregando las obras con graves errores, fallas y hasta con largos incumplimientos en las fechas de entrega.
Por ejemplo, en Valledupar le fue adjudicada, en junio de 2023, la obra de construcción de 1.650 metros de pavimento rígido en la avenida 38, entre la avenida Sierra Nevada y el barrio Divino Niño, con un presupuesto de 22.136 millones de pesos. La obra debió entregarse en junio, pero está suspendida y con problemas de calidad.
También en Valledupar, AZ Civil formó parte del Consorcio BMX, que justamente tenía que construir la pista de BMX para los Juegos Bolivarianos. En la obra se invirtieron 5.000 millones de pesos, pero tiene más huecos que las calles de Bogotá y por eso la Procuraduría ya abrió una investigación.
Según la alerta ciudadana, hay otro contratista al que se le debe poner la lupa. Se trata de Gary Espitia, quien también formaría parte del grupo que quiere quedarse con el contrato. Es la cabeza de la empresa más importante del consorcio Unión Temporal Caribe Médico. “Posee el 97,5 por ciento de las acciones de la sociedad Saisei Zomac SAS, que participa en la unión temporal con un 70 por ciento”, advierte la denuncia.
Con un explosivo dato adicional, en el fraude de Centros Poblados, un aparte de la investigación se centró en el trámite de las pólizas para participar en la licitación. El condenado corredor de seguros Juan José Laverde, quien ayudó a tramitar las pólizas falsas, señaló a Luis Fernando Duque, el representante legal de Centros Poblados, también condenado; a Emilio Tapia, quien hoy goza de libertad condicional, y al mismo Gary Espitia.
Según el testimonio de Laverde, Gary Espitia llegó cuando ya se conocía el escándalo de Centros Poblados tratando de mantener el negocio y que Tapia saliera bien librado cumpliendo la estrategia de inculpar a Rave Seguros, al mismo Laverde y a Jorge Molina, quien ayudó a conseguir las garantías falsas del contrato. Sin embargo, Espitia ha afirmado que no conoce ni a Tapia ni a Laverde.
Al respecto, el veedor Anaya dijo: “Al igual que lo ocurrido en la corrupción y robo de Centros Poblados con el programa infantil de MinTIC, tenemos información recibida por varias fuentes del presunto papel de Tapia con sus viejas mañas de empresas a nombres de terceros y aliados estratégicos, al igual que la presencia del polémico contratista Gary Espitia, con contratos públicos tirados en todo el país”.
Según la denuncia, Espitia también tuvo otro contrato en Barranquilla para la construcción y modernización de centros hospitalarios de primer y segundo nivel y, después de ocho años, sigue estancado.
“El consorcio encargado de la ejecución del contrato está compuesto por varias empresas, entre ellas la Compañía de Ingeniería Negocios y Servicios S.A. (Coinses), cuyo representante legal es Gary Espitia Camargo. Él ha estado involucrado en otros escándalos de corrupción relacionados con obras públicas, pero hasta ahora no ha enfrentado consecuencias legales”, afirma el veedor Anaya.
Y agrega sobre otro contrato, el de la Vía de la Prosperidad en el Magdalena: “Gary Espitia fue el representante legal de Assignia Infraestructuras S.A. Sucursal Colombia, una de las firmas clave en el consorcio Ribera Este, encargado de ejecutar la obra”.
“La participación de Espitia en la Vía de la Prosperidad refuerza su posición como pieza clave dentro de un círculo de contratistas privilegiados en la región Caribe, gracias a sus relaciones políticas”, advierte el veedor Anaya.Assignia habría incumplido contratos en Cartagena y en Venezuela, y tiene investigaciones por corrupción en España.
La respuesta de Tapia
SEMANA se comunicó con Emilio Tapia para preguntarle por su relación con este contrato y su supuesta articulación con viejos conocidos del escándalo de Centros Poblados. Negó los hechos, se manifestó sorprendido y anticipó acciones judiciales contra quienes estén usando su nombre para involucrarlo en estos hechos.
“Le puedo manifestar que es absolutamente falso que yo tenga alguna relación con cualquiera de las empresas que están participando en ese proceso. Respecto al tema de la construcción de esos hospitales en la ciudad de Barranquilla, no tengo nada que ver ni estoy detrás ni del contrato ni de ninguna de las empresas que están participando en esa oferta”, afirmó Tapia.
El condenado contratista sí aceptó que conoce a Hugo Canabal, pero rechazó tener cercanía con él o que hubiesen sido socios en Centros Poblados.
“Lo único que me parece conocido es que hay una persona que se llama Hugo Canabal. Esa persona hizo parte en principio de la unión temporal del tema de Centros Poblados, de una empresa que no es de mi propiedad; él hizo parte de ese consorcio, fue representante legal, pero se cambió cuando el grupo adquirió la compañía”, afirmó Emilio Tapia en diálogo con SEMANA. Agregó que esa información es de conocimiento de la Fiscalía.
Sobre esta denuncia presentada por el veedor Anaya, el mismo que alertó el escándalo de Centros Poblados, Tapia afirmó que está dispuesto a tomar acciones judiciales.
“Quiero ser vehemente de que no tengo absolutamente nada que ver con ello. En días anteriores han estado relacionando mi nombre y afectándome. No tengo por qué estar asumiendo cualquier relato o invento de una veeduría ciudadana. Tengo un equipo de abogados presentando denuncias porque no pueden estar cogiendo mi nombre cada vez que quieren, que se les da la gana, con intereses particulares”.
SEMANA también se comunicó con la Alcaldía de Barranquilla para preguntar por la posibilidad de que la Unión Temporal Caribe Médico se quede con este contrato que será adjudicado en los próximos días y prefirieron no hacer ningún pronunciamiento. El asunto está por resolverse.