La gota que rebosó la copa y confirmó la ruptura entre el Gobierno de Gustavo Petro y algunos alcaldes de Colombia se vivió a mediados de la semana pasada, cuando el mandatario asistió a la inauguración de la Feria Aeronáutica. Según denunció el alcalde de Rionegro, Rodrigo Hernández, el presidente no permitió que él ni el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, realizaran sus intervenciones como anfitriones del evento.
En esa ocasión, el alcalde, muy molesto, escribió en su cuenta de Twitter: “La Presidencia, en cabeza de Gustavo Petro, se apropia de la inauguración de este encuentro y nos impide la palabra al gobernador y a mí. El demócrata presidente deja sin voz al departamento y a mi ciudad, Rionegro”.
Lejos de arrepentirse de ese mensaje en caliente, el alcalde Hernández le ratificó a SEMANA, días después, su descontento con el presidente Petro. “Esto nos da cuenta de la gran desconexión entre el Gobierno nacional y las alcaldías. Esto es lo que más rechazo, porque pienso que la institucionalidad hay que respetarla”.
Pero el alcalde de Rionegro no es el único que muestra públicamente su enemistad con el presidente de la república. El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, en diálogo con SEMANA, dijo que los mandatarios locales se sienten abandonados.
“Los alcaldes nos sentimos abandonados por parte del Gobierno nacional para enfrentar a la delincuencia y a la criminalidad. En las capitales se viven disputas de microtráfico entre pandillas y estas son surtidas por los grandes carteles del narcotráfico del país. Combatirlos no depende únicamente de los mandatarios locales, sino de la nación”, señaló Cárdenas. Su principal reclamo al presidente Petro, y al ministro de Defensa, es el aumento del pie de fuerza en la ciudad. “Básicamente, la ciudadanía nos crucifica por un tema que no depende netamente de nosotros, porque nada lo manejamos nosotros. Complejo”, agregó.
Mientras que el reclamo desde Bucaramanga es la seguridad, la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, le pide al presidente Petro que atienda sus pedidos y el de la ciudadanía para solucionar la problemática del agua en esa ciudad capital.
El año pasado, el Concejo de Santa Marta aprobó las vigencias futuras, es decir, quedaron asegurados los recursos financieros para ejecutar las obras. Con 1,6 billones de pesos se busca captar el agua de los ríos Guachaca y Buritaca y suministrar el preciado líquido a la población distrital. Sin embargo, aún el Gobierno nacional no ha dado luz verde.
“Enviamos el proyecto tanto al DNP como al Ministerio de Vivienda porque así corresponde para saber si Minvivienda tiene alguna observación o alguna inquietud, pero han pasado seis meses desde que lo enviamos y no hemos recibido alguna retroalimentación”, dijo Johnson.
Para el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, “este Gobierno debe cumplir lo que se ha propuesto, es decir, regionalizar el presupuesto y reducir los pasos burocráticos. El Sistema General de Participación debe llegar completo para que las ciudades y regiones del país puedan pagar la alimentación, el transporte escolar, y los rectores puedan asumir el mantenimiento de los colegios, por ejemplo, sin necesidad de recurrir a los ingresos corrientes de las entidades territoriales”.
Asimismo, agregó: “El Caribe colombiano requiere una atención especial en materia de tarifas de energía eléctrica. Por culpa de las malas decisiones del Estado, nos toca pagar una tarifa diferencial, más alta que la del resto del país. La única solución es reversar la resolución que trata de manera inequitativa al Caribe colombiano y cargar esa inversión al presupuesto de la nación, de manera temporal, mientras se hacen las inversiones necesarias”.
Estos alcaldes, así como muchos otros, piden que el Gobierno los escuche y no ignore sus pedidos prioritarios.