La Contraloría General de la República identificó una serie de vacíos tras la revisión de los 18 decretos expedidos por el Gobierno nacional en el marco de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica establecida en el Decreto 0150 de 2026.
Según el análisis conocido por SEMANA, el organismo consideró necesario instar al Ejecutivo a revisar y aplicar de manera adecuada los criterios definidos en la Ley 1523 de 2012, que regula el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
La entidad advirtió sobre la implementación de nuevos impuestos con los que el Gobierno espera recaudar hasta $ 8,68 billones.
“Dado que por decisión del Gobierno nacional se han decretado nuevos impuestos con los que se aspira a recaudar hasta $ 8,68 billones, considera la Contraloría que el Gobierno nacional tiene la obligación legal de garantizar el recaudo adecuado y oportuno de estos recursos y su debida destinación y uso exclusivo para la atención de las afectaciones ocasionadas por la emergencia invernal sucedida en los ocho departamentos que se incluyen en el Decreto 0150 de 2026. Para ello, la CGR resalta la importancia de fortalecer prontamente la capacidad operativa de la Dian y los mecanismos de control para el debido recaudo del impuesto al patrimonio y del impuesto aplicable a los juegos de suerte y azar operados por internet”, señala el comunicado.
El organismo también indicó que la coordinación del traslado, destinación y uso de los recursos deberá estar a cargo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), mediante la formulación de planes de acción específica.
“Entiende la CGR que el Gobierno nacional aportará a los ocho departamentos y municipios en emergencia los recursos que estos requieran y que hayan incluido, con su debida justificación, en sus PAE y considerando lo efectivamente certificado en el Registro Único de Damnificados (RUD)”, se lee en el escrito.
Sobre la reorientación de recursos ordenada en algunos decretos, la Contraloría advirtió posibles impactos en la financiación y continuidad de programas en ejecución, por lo que pidió establecer con claridad los mecanismos de reembolso. Asimismo, cuestionó el traslado de recursos del sector eléctrico a la UNGRD para obras de infraestructura energética.
“En lo que se refiere al traslado excepcional a la UNGRD de recursos provenientes de fondos de entidades del sector eléctrico, con el propósito de financiar la recuperación de infraestructura eléctrica y el restablecimiento del servicio de energía en zonas afectadas por la emergencia, la Contraloría General invita al Gobierno nacional para que se revise esta decisión, toda vez que la UNGRD no tiene la experticia ni estructura organizacional para gestionar el diseño, ejecución e interventoría de obras de esta especificidad y complejidad”, dice la misiva.
El ente de control también señaló que ampliar facultades de contratación o crear nuevos impuestos no será suficiente si las entidades encargadas no fortalecen su capacidad de ejecución.
“En atención a lo dispuesto en el Decreto 0177 de 2026 sobre temas ambientales, la Contraloría General considera necesario alertar sobre el riesgo que implicaría que se adopten decisiones unilaterales que modifiquen, sin el debido rigor técnico, la regla de operación de los embalses de las hidroeléctricas, puesto que ello podría generar afectaciones y/o incumplimientos de los contratos de compraventa de energía, además de impactos nocivos a la porción tarifaria por capacidad de generación y cargo por confiabilidad, así como generar inseguridad jurídica y pérdida de confianza inversionista en tan estratégico sector de la economía”, detalla el comunicado.
Finalmente, la entidad hizo un llamado a mejorar los mecanismos de focalización y verificación en la asignación de ayudas.
“Para efectos de diseñar e implementar el plan de vigilancia y control fiscal del recaudo, destinación y uso de los recursos de esta Emergencia Económica, Social y Ecológica, la Contraloría solicitará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la UNGRD y a los demás ministerios de los sectores involucrados, los soportes que explican satisfactoriamente la necesidad de recaudar hasta $8,68 billones y la forma en que se decidió distribuirlos entre la UNGRD y los demás ministerios de los sectores afectados”, concluyó la Contraloría.