La polémica por un supuesto atentado en una oficina de la Procuraduría en la ciudad de Bogotá y que se atribuyó al gobernador de La Guajira, condenado por homicidio, Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, generó un debate sobre la seguridad de los funcionarios judiciales. El propio presidente de la Corte Suprema de Justicia hizo una advertencia contundente.

Policía investiga presencia de proyectil en el piso 26 de la Procuraduría. Apareció en la oficina de delegado ante la Corte

El magistrado Mauricio Lenis aseguró que ningún funcionario de la rama Judicial tiene por qué enfrentar amenazas en razón de la actividad que desarrollan. Los servidores de la justicia no solo deben gozar de independencia y garantía para ejercer su trabajo, sino de la seguridad que se requiere para el mismo.

“Quiero resaltar algo: ningún funcionario judicial que haga parte del sistema de justicia puede ser fiscal, defensor público, procurador o cualquier servidor debe enfrentar amenazas, riesgos o presiones por cumplir su función; su seguridad debe ser respetada y garantizada para que pueda ejercer su labor con libertad”, señaló el magistrado.

Lenis confirmó que es una situación de riesgo no solo para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sino para funcionarios de la Procuraduría, luego del presunto atentado del que fuera víctima un procurador en su despacho, un disparo que impactó la ventana y que se convirtió en un debate bastante particular por algunas respuestas del procurador.

“Hemos conocido unos hechos que han sido materia de investigación y que pueden comprometer la seguridad de magistrados de esta corporación y de integrantes de la procuraduría. Esperamos que la Fiscalía y la Policía puedan avanzar rápidamente en estas investigaciones y puedan esclarecer el asunto”, señaló el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

El magistrado aprovechó la oportunidad para exigirle al grupo criminal del ELN liberar a los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones que llevan meses privados de la libertad, secuestrados por estos delincuentes, insistiendo en que esa es una muestra de la violencia que se ejerce contra los funcionarios de la justicia.