Desde Cali, Valle del Cauca, el procurador general de la nación, Gregorio Eljach, se pronunció por primera vez sobre la sanción que el Consejo Nacional Electoral impuso contra la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia, por rebasar los topes de financiación.
En medio del lanzamiento del Plan Estratégico Institucional de la Procuraduría 2025 - 2028, el procurador Eljach manifestó que “la información que se conoce es que el CNE determinó que se habían pasado del tope, pero pasarse del tope no quiere decir que la plata tenga mal origen, eso es otro tema”.
El CNE sancionó a la campaña presidencial de Gustavo Petro de 2022 por haber violado los topes en más de 5.000 millones de pesos durante la primera y segunda vuelta electoral. Las irregularidades detectadas responsabilizaron a los coordinadores de la campaña, como Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol.
El procurador Eljach explicó que esa decisión “es una situación de tipo administrativa que admite recursos, de manera que no es una situación definitivamente consolidada, pero sí amerita que se le ponga cuidado en todas las campañas futuras a que se respeten los topes”.
La decisión del Consejo Nacional Electoral provocó la furia de varios funcionarios de gobierno, como el ministro del Interior, Armando Bendetti, quien sugirió que esa entidad “debe dejar de existir” señalando que “el abogado de Fico” se montó y tomó decisiones en contra de sus enemigos políticos. Refiriéndose al abogado Majer Abushihab, el conjuez que emitió el voto clave en la decisión.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro calificó como “inaceptable” que la sanción del CNE tuviera la participación del “abogado de Fico”, advirtiendo falta de garantías electorales y este proceso que terminó castigando a su campaña que lo puso en la Presidencia de Colombia.
“El CNE no puede ya darnos garantías electorales. Sanciona mi campaña para no dar personería jurídica al movimiento político más grande de Colombia”, dijo el mandatario en su cuenta de X.
Otro sector de la oposición como la representante a la Cámara, Carolina Arbeláez, advirtió que la Constitución de Colombia establece que la violación de los topes máximos de financiación de las campañas es sancionado con la pérdida de investidura o del cargo.
“En otro país del mundo el presidente ya hubiera salido, ya estuviera sancionado y se hubiera respetado la Constitución”, señaló la congresista Arbeláez.