Nuevamente, el presidente Gustavo Petro tendrá que rectificar sus declaraciones y publicaciones por redes sociales, ahora por sus denuncias de un supuesto fraude electoral en las elecciones de 2014, 2022 y 2026.
El Tribunal Superior de Cundinamarca le ordenó al presidente Gustavo Petro una rectificación en máximo tres días tras concluir que no logró soportar o probar sus declaraciones que, en criterio de la Registraduría, resultan calumniosas y afectan la transparencia del proceso electoral en Colombia.
De acuerdo con el estudio de los magistrados del Tribunal de Cundinamarca, no se pudo establecer vulnerabilidades en el sistema o la seguridad del software de la Registraduría; en ese sentido, el presidente de la República no demostró con contundencia y sobre todo con elementos de prueba, los señalamientos que estaba haciendo.
“En suma, lo que ocurre, observa este Tribunal, es que no se demostró que el software fuera inseguro, o sea, susceptible de vulnerabilidades por seguridad informática, utilización irregular de códigos asignados a los funcionarios digitadores de resultados, ingreso ilícito por parte de terceros al sistema durante el tiempo que duraron los escrutinios o ingresos ilícitos o ilegales al sistema de escrutinios”, señala el Tribunal.
El fallo es enfático al advertir que ninguno de los organismos de observación electoral identificó los fraudes o irregularidades que anuncia el presidente de la República; al contrario, de acuerdo con el reporte de estas entidades, el balance fue positivo en materia de transparencia.
“De acuerdo con los informes arrimados al expediente por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y por la organización no gubernamental Misión de Observación Electoral MOE, hasta el momento hay un balance positivo en relación con la transparencia y confiabilidad de los resultados obtenidos por la actuación de la Organización Electoral en dicha jornada de votaciones”, explica la decisión.
Para el Tribunal Superior de Cundinamarca, la confiabilidad electoral de las pasadas elecciones y el sistema de la Registraduría no fueron vulnerados y, contrario a lo que manifiesta el presidente de la República, Gustavo Petro, se logró demostrar que la jornada electoral se adelantó conforme a lo que ordena la ley y de ello los organismos internacionales dan fe.
“Los resultados entregados por los observadores, las auditorías y, en general, el comportamiento de la Organización Electoral y de la ciudadanía son una acreditación contraria a las afirmaciones del señor presidente de la República sobre la confiabilidad de la Organización Electoral”, explican los magistrados.
El fallo es contundente al advertir que el presidente de la República, como jefe de Estado, debe demostrar cohesión, articulación y moderación con el sistema político, más allá de tratar de defender su derecho a la libre expresión, pues su lugar en la jerarquía constitucional lo obliga a ser más exigente con sus declaraciones.
“Esto debe ocurrir porque nadie se encuentra en mejor posición que el primer mandatario para ello. La jurisprudencia y la doctrina coinciden en esa tarea de discernimiento en identificar que, por ejemplo, la dirección de las relaciones internacionales hace parte de sus funciones como jefe de Estado, dado que con ellas representa a la Nación como un todo”, señala la decisión.
Para los magistrados, el presidente de la República debe ser superior al exigirse coherencia y veracidad en los comentarios y publicaciones que hace a través de sus redes sociales, no solo por ser el jefe de Estado, sino por la responsabilidad que implica y el daño que puede provocar en la sociedad, más cuando tiene todas las herramientas para verificar y comprobar sus denuncias.