En junio de este año se conoció que el exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía deberá pagar una condena de 21 años y 7 meses de cárcel que ordenó la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, por hechos de corrupción sobre un convenio que pretendía dotar las bibliotecas del departamento.
Esta decisión fue ratificada por los magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia como respuesta a la apelación que presentó Abadía contra la sentencia que lo dejó como responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
No obstante, Pablo Bustos, presidente de La Red de Veedurías de Colombia, hizo un llamado para que las autoridades actúen en los demás procesos que hay pendientes.
Según Bustos, el exgobernador del Valle del Cauca estaría “mandando en la sombra”, por lo que pide que se vigilen sus actuaciones desde la cárcel.
“El régimen penitenciario no puede convertirse en un centro de operaciones políticas ni en una trinchera para constreñir a las instituciones”.
Agregó que tras la decisión de la Corte Suprema “resulta inadmisible que las demás causas penales avancen a paso lento, amenazando con la impunidad”.
El presidente de La Red de Veedurías dijo que ha recibido varias denuncias sobre las actuaciones del exgobernador, por lo que alerta a las autoridades. Explicó en un video que Abadía tendría aún poder político en la región y que influiría en la toma de decisiones administrativas.
“En ese sentido, la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia pone en evidencia que esta red de influencia en la sombra presuntamente habría logrado imponer fichas en cargos clave de la estructura de la contratación de la ciudad”, reiteró.
Finalmente hizo un llamado al Inpec para que ejerza un control estricto sobre el régimen de visitas y comunicaciones “del recluso, al tiempo que insta a la justicia a actuar con prontitud antes de que las demás acciones penales prescriban”.
Los hechos por los que Abadía terminó condenado en segunda instancia tienen relación con las irregularidades que se presentaron en la firma de un convenio de cooperación, suscrito el 29 de enero de 2010 por el entonces gobernador del Valle y su secretario de Educación, Eiber Navarro, y con la representante legal de la fundación Calimío, Luz Martínez, para dotar de material bibliográfico a 40 bibliotecas escolares en 10 municipios del departamento.