La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa para esclarecer los hechos denunciados por la concejal Diana Diago, sobre los vehículos que habrían sido adquiridos por la Alcaldía de Bogotá para prestar el servicio de ambulancia, sin cumplir con los estándares técnicos necesarios para atender una situación médica de urgencia.
De acuerdo con la información divulgada a través de varios medios de comunicación, la administración distrital habría adquirido camiones que, al parecer, fueron adecuados para la atención de pacientes.
La denuncia señaló: “nos metieron gato por liebre, la administración de Claudia López compró furgones y los habilitaron para ambulancias. La suspensión no sirve, la parte eléctrica tampoco, 36 mil millones de pesos en despilfarro”.
Una de las consecuencias que manifestó la mujer en el encuentro fue que los pacientes como tal son los más afectados, ya que estos vehículos presentan fallas técnicas.
El Ministerio Público requirió información sobre los contratos celebrados desde el año 2020 para adquirir ambulancias o vehículos para acondicionarlos y, sobre los funcionarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá que participaron en la etapa precontractual, celebración, ejecución y liquidación de estos.
La indagación previa abierta por el ente disciplinario busca identificar los servidores públicos que participaron en la compra de los vehículos -ambulancias-, al parecer, sin cumplir con las exigencias establecidas en la norma técnica para prestar ese servicio.
Las palabras de Diago, en contra de la Secretaría de la Salud, fueron las siguientes: “Es irresponsable que hayan comprado unos camiones y los hagan pasar por ambulancias. Los más afectados son los ciudadanos y la culpa del mal servicio no es de la tripulación, es del responsable por la contratación de estos vehículos. Tiene que caer todo el peso de las investigaciones, en él y el director de la cartera: el secretario de Salud, Alejandro Gómez López, quien autorizó la adquisición”.
Así las cosas, se afirmó que la irregularidad fue desde el preciso instante en el que se compraron estos camiones, al parecer, no aptos para el servicio de la prestación de salud.
Teniendo en cuenta recopilaciones dadas por la cartera de Salud, para ello, debió utilizarse la última versión de la norma técnica publicada en 2018; sin embargo, para esta adquisición se utilizó la versión del 2007, es decir, con 11 años de diferencia.
Por otro lado, otra de las incongruencias que la denuncia de la concejala especificó tiene que ver con la comunicación que se da en las ambulancias, tipo furgón, entre la personas que las manejan y el compartimiento para atender los pacientes.
En esa línea, la norma técnica tiene en cuenta que “debe garantizarse el flujo de mensajes entre conductor y personal médico a través de la ventanilla”, pero lo que se aseguró en el citado debates es que en los vehículos, que son clasificados como ambulancias NHR, es prácticamente nulo en intercambio de mensajes, importantes para la operación de emergencias.
“Esto no son ambulancias, son camiones”
En el mismo espacio de diálogo, la concejala citó varias fuentes profesionales que afirman la “incompetencia” de estas ambulancias: “Esto no son ambulancias, son camiones. Nosotros les decimos bimbo. Quienes se ven más afectados son los pacientes con esa brincadera de la ambulancia”, detalló uno de los múltiples tripulantes de las ambulancias con quienes se contactó la concejala, según el mismo Consejo de la capital.
De modo que las palabras del personas de salud fueron claras, precisaron que estas ambulancias afectan el servicio prestado a los pacientes. “Una persona que tenga una fractura de cadera terminará lesionada y con mucho dolor cuando la lleven en esas ambulancias. El vehículo salta mucho, incluso en vías pavimentadas”, afirmó uno de ellos.
Según profesionales de mecánica automotriz, los camiones NHR están diseñados para transportar más de dos toneladas de peso. En ese orden de ideas, si el peso es menor al indicado “la suspensión de los vehículos no es apta para trasladar a los pacientes”.
Para terminar, Diana Diago concluyó: “Ante las irregularidades de esta compra, que tiene un valor mayor a los 36 mil millones de pesos, exijo la renuncia del secretario de salud. Las entidades de control juegan un papel fundamental en este proceso y es el momento de defender a la ciudadanía y cuidar los recursos públicos”.
Por ahora, SEMANA conoció que un fiscal seccional llamó a interrogatorio al secretario de Salud, Alejandro Gómez López, luego de una denuncia que hizo la concejal de Bogotá por el Partido Liberal, María Victoria Vargas, por posibles sobrecostos en un contrato de la Secretaría de Salud.