En medio de la pandemia de covid-19 hubo reclamos de varios ciudadanos que tuvieron que seguir pagando altas sumas de dinero en servicios públicos, a pesar de que sus inmuebles estaban desocupados. Por ello, la Superintendencia de Servicios Públicos puso la lupa sobre el tema y hay investigaciones por denuncias que presentaron ciudadanos al considerar que les estaban haciendo cobros injustificados.
En medio de todo este panorama, el representante a la Cámara del Centro Democrático Ricardo Ferro radicó un proyecto de ley que les prohibiría a las empresas de servicios públicos hacer cobros a inmuebles que estén desocupados.
“Es importante unir esfuerzos y concentrarnos en la satisfacción de las necesidades básicas en cada región del territorio nacional, contando con la participación de todas las comunidades, donde el acceso efectivo a los servicios públicos domiciliarios sea un objetivo estratégico y claro que aporte al bienestar y al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos”, dijo Ferro.
En el proyecto radicado se contempla que un inmueble que carezca de cualquiera de los servicios públicos domiciliarios pueda ser estratificado por encima del estrato socioeconómico 1. “Con esta iniciativa se pretende proponer una reforma que obedece a las constantes quejas de los ciudadanos que expresan su inconformidad frente al estrato al que pertenece su vivienda, sin contar en muchos casos con todos los servicios básicos y a los cobros excesivos de aseo por inmuebles que están vacíos”, reiteró el congresista.
Entre la argumentación de la iniciativa se indica que se actualizará la Ley 142 de 1994 para que haya garantías normativas que permitan un desarrollo eficiente en términos de infraestructura, calidad y conectividad de las viviendas en todo el territorio nacional.
“Haremos todo el esfuerzo posible para que la discusión de este proyecto sea de la mayor prioridad y así las comisiones encargadas aprueben esta iniciativa que favorecerá a millones de colombianos que se han visto tan afectados por esta pandemia a causa de la covid-19 y así podamos dejar un precedente de aquí en adelante que permita seguir garantizando el derecho a una vivienda digna”.
El proyecto de ley iniciará su discusión en 15 días aproximadamente y varios partidos políticos han manifestado su respaldo porque en todas las regiones del país se han presentado quejas de usuarios con altos cobros de servicios públicos a pesar de tener sus inmuebles vacíos.
Esta iniciativa sería un complemento a la prohibición que existe para la desconexión de servicios públicos para los estratos 1, 2 y 3, además de poner en cintura a las empresas que hacen cobros excesivos.