“Debemos acudir a fuentes y las fuentes no mienten”. De esta forma, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, respondió a los señalamientos que ha hecho en los últimos días el presidente Gustavo Petro sobre el caso del magistrado Manuel Gaona Cruz.
En medio de la conmemoración de los 40 años de la toma del Palacio de Justicia, hecho luctuoso donde perdió la vida el entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Petro aseguró que Gaona salió con vida de la edificación junto al también magistrado Carlos Horacio Urán.
“Dicen los testigos que sobrevivieron en la toma y retoma del Palacio de Justicia, que Gaona y Urán salieron mientras el ejército se aprestaba a tomar el baño donde Almarales y sus compañeros habían dejado salir a todos los civiles, la mayoría mujeres, y se aprestaban, sin municiones, a morir; sabían que no serían capturados (…) No quedó ningún combatiente del M-19, en ese baño, vivo. También, con ellos, murieron varios de los civiles que salieron entre soldados, entre ellos Urán y Gaona”, trinó el pasado 31 de octubre.
Sin embargo, la familia del magistrado Gaona señaló que el informe de la Comisión de la Verdad y fallos judiciales han concluido que el togado falleció al interior del Palacio de Justicia.
Frente a este debate, el presidente de la Corte Constitucional pidió que se consulten los fallos judiciales y estudios académicos. “La historia está demostrada en los documentos que justamente indican, efectivamente, qué fue lo que sucedió. Ahí está la historia”.
Esto en referencia al informe final de la Comisión de la Verdad que hizo un capítulo especial sobre los casos de los magistrados Gaona y Urán.
Fue responsabilidad del M-19
En su discurso en el evento ‘Justicia, memoria y reflexión’, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, respondió una de las afirmaciones que ha hecho el presidente Petro frente a estos hechos.
“No se ha contado la verdad histórica y se ha querido deformar la historia de lo ocurrido. La toma del Palacio de Justicia no fue una acción genial, sino una acción demencial. Un acto terrorista, según lo calificaron varias sentencias del Consejo de Estado”, aseveró el magistrado.
En su intervención, señaló que hay más dudas que respuestas sobre lo que ocurrió ese 6 y 7 de noviembre de 1985. “La verdad como derecho, en su dimensión pública, es un bien colectivo; y en su dimensión individual es el espacio en el que las víctimas dejan de ser invisibles”.
Para el magistrado, hay una ausencia total de verdad, justicia y reparación por parte de los perpetradores, es decir, los integrantes del M-19.
“También hay una deuda de justicia que sigue abierta 40 años después, 94 muertos, entre ellos 11 magistrados y 242 afectados física o psicológicamente y un número aún por establecer de desaparecidos”, añadió.
“Cuarenta años de procesos en los que la responsabilidad política se ha diluido mientras el dolor permanece intacto. Y eso revela un elemento doloroso, pero ineludible: la violencia contra la justicia se defiende con justicia, no con silencio”, concluyó el magistrado.