Esta revista conoció en primicia que la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, deberá rendir versión libre este viernes 26 de junio en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, frente a la investigación que avanza en su contra por la intervención que habría tenido durante un allanamiento a la celda del peligroso cabecilla alias Pipe Tulúa.

SEMANA confirmó que el despacho del magistrado Francisco Farfán, ponente de este caso y presidente de dicha Sala, citó a la congresista a las 8:00 a.m. para que se presente a rendir su testimonio frente a esta investigación que cursa en su contra ante el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria en Colombia.

Esta investigación contra Zuleta arrancó en diciembre del año pasado, cuando la Corte Suprema le abrió una indagación preliminar para establecer su posible responsabilidad en hechos que ocurrieron durante un procedimiento en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, relacionado con Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tulua, uno de los criminales más poderosos del suroccidente del país.

Ese hecho se habría presentado a comienzos de julio del año pasado, cuando el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizó un allanamiento a ese centro penitenciario, tras recibir información vinculada a un posible asesinato que se estaba fraguando dentro de ese centro penal.

Las autoridades confirmaron en ese momento que el objetivo del operativo era incautar un arma de fuego de la que conocia el capo Pipe Tulua, y con la que se pretendía usar contra alias Araña, el disidente de las Farc que fue capturado en un hotel en Bogotá, cuando participaba como negociador de paz en representación de los Comandos de Frontera.

En el operativo que participó la congresista, quien acompañó la diligencia, habría terminado siendo testigo del momento en que Andrés Felipe Marín entregó dicha arma, argumentando que tenía conocimiento de su existencia para ser usada en el plan contra el cabecilla de las disidencias.

La investigación de la Corte Suprema trata de establecer si Zuleta solo estuvo presente en el allanamiento o lideró el procedimiento que permitió la incautación del arma de fuego que, al parecer, iba a ser utilizada contra un gestor de paz nombrado por el Gobierno Petro.

La Corte trata de determinar si la presencia y el rol de la congresista durante ese operativo en La Picota, se ajustó a las competencias legales como integrante del Congreso o si habría cruzado límites que corresponden exclusivamente a las autoridades judiciales y penitenciarias.

Ese episodio ocurrió en medio del proceso de extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos, donde era requerido por narcotráfico y concierto para delinquir; de hecho, el presidente Petro denunció que el cabecilla de La Inmaculada intentó frenar su extradición ofreciendo sobornos a funcionarios públicos, pero finalmente fue entregado a una corte federal en ese país.

La senadora Isabel Zuleta también ha sido investigada por la Corte Suprema de Justicia por sus intervenciones en la cárcel de Itagui, donde se adelanta un mesa de paz urbana con los cabecillas criminales de Medellín y el Valle de Aburrá. Esa misma prisión donde ocurrió la polémica parranda vallenata con Nelson Velásquez.

Por su parte, la exministra de Justicia, Ángela Marúa Buitrago, ha advertido que la senadora Zuleta la habría cuestionado en varias ocasiones los operativos que adelantó el Inpec en las cárceles del país. En ese capítulo se habló de un posible constreñimiento sobre las acciones de las autoridades.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también ha denunciado a la senadora del Pacto Histórico por presunto tráfico de influencias y obstrucción a la función pública, tras señalarla como la supuesta responsable de interceder para evitar la captura de un cabecilla criminal.