El exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, deberá pagar la condena de 21 años y 7 meses de cárcel que ordenó la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, por hechos de corrupción sobre un convenio que pretendía dotar las bibliotecas del departamento.
Esta decisión fue ratificada por los magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia como respuesta a la apelación que presentó Abadía contra la sentencia que lo dejó como responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
Los hechos por los que Abadía terminó condenado en segunda instancia tienen relación con las irregularidades que se presentaron en la firma de un convenio de cooperación, suscrito el 29 de enero de 2010 por el entonces gobernador del Valle y su secretario de Educación, Eiber Navarro, y con la representante legal de la fundación Calimío, Luz Martínez, para dotar de material bibliográfico a 40 bibliotecas escolares en 10 municipios del departamento.
Sin embargo, las investigaciones sobre ese convenio dejó demostrado que se incumplieron con los requisitos en el trámite y en la celebración de esa contratación que superó los 1.000 millones de pesos, ya que se realizó sin verificar las condiciones legales para su perfeccionamiento.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia también encontraron que para esta iniciativa se acudió a un convenio de interés público para no hacer una licitación y favorecer a terceros, pues lo contratado implicaba una contraprestación.
La justicia también reveló que en la entonces gobernación de Juan Carlos Abadía tampoco se elaboraron estudios previos serios y completos para identificar las necesidades reales de las instituciones educativas que pretendía beneficiar con este proyecto.
La Corte Suprema de Justicia fue clara en determinar que el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, sabía de la vulneración que se le estaba haciendo a la norma con la suscripción del contrato, pues conocía los límites de cuantía y tenía claro que debía hacerse mediante licitación.
El proceso también dejó en evidencia que la fundación contrató a otras dos empresas para que se encargaran de la adquisición de los libros, pero en esas negociaciones hubo “sobrecostos” que les permitieron a los representantes legales de la entidad y de las dos compañías apropiarse de recursos públicos.