La resolución que mantuvo en alerta a los funcionarios de la Dirección Anticorrupción de la Fiscalía, finalmente se firmó, y así un listado de fiscales fue notificado de reasignación de despachos, expedientes y traslados a diferentes ciudades del país.
Se trata de un revolcón en la entidad, especialmente en el área encargada de los procesos más complejos para la justicia: los relacionados con corrupción. La Fiscalía advirtió que la reorganización de esta dirección hace parte de la estrategia y los pilares de la fiscal Luz Adriana Camargo: llevar a la entidad a las regiones.
Sin embargo, los funcionarios anticipan un caos en las investigaciones que estaban en la Dirección contra la Corrupción. “Pasarán meses antes de que se vuelvan a conocer decisiones”, señalaron los fiscales que hablaron con SEMANA y que advirtieron cómo el cambio de asignación y de despacho, se convertirá en un cuello de botella para la justicia.
La Fiscalía advirtió que los procesos que fueron priorizados por su relevancia, como las chuzadas a Marelbys Meza, los que vinculan a la campaña Petro Presidente 2022 y hasta el escándalo de Papá Pitufo, se mantendrán en poder de los fiscales que los tienen asignados. El resto pasará por una transición bastante difícil.
La resolución 376 del 19 de agosto de 2025 se anticipó en SEMANA cuando los propios funcionarios de la Fiscalía advirtieron que, por cuenta de la reorganización, los procesos, con los investigados y las víctimas, quedarían a merced del vencimiento de términos. “Cambiar el fiscal implica retrasos imposibles de evitar”.
En el documento se estableció que la Dirección contra la Corrupción se reorganizó en cinco regiones, cada una con una zona del país delimitada. Más de 80 despachos de fiscales fueron reubicados, con enfoques específicos de investigación: corrupción en la salud, administración de justicia, electoral, impacto nacional y territorial.
“Para tal fin, deberán evaluar de manera continua y conjunta la distribución de los equipos de trabajo, con el propósito de facilitar la comprensión de las dinámicas delictivas, la criminalidad organizada y las economías ilícitas que la financian, a fin de adoptar decisiones investigativas estratégicas basadas en dicho análisis”, señala la resolución.
Los funcionarios que terminaron trasladados con la resolución se preguntan cuál fue el criterio para mover a los fiscales que, por disposición, estaban en Bogotá donde se concentraron las investigaciones de relevancia nacional. La Fiscalía respondió a SEMANA.
“Esta descentralización tuvo en cuenta criterios de experiencia e idoneidad de los funcionarios, y responde a un diagnóstico juicioso de la carga laboral de la Dirección Especializada contra la Corrupción y de las necesidades detectadas en varias ciudades para enfrentar los delitos asociados”, señaló el ente acusador.
La resolución, que ordenó el traslado de fiscales y la reasignación de procesos, advierte que el propósito es que los funcionarios atiendan los casos desde las regiones, en el lugar de los hechos. Un punto que provocó reparos de los funcionarios pues justamente se trata de una práctica que se desechó hace un par de años por el riesgo que representaba para los fiscales y los expedientes.
“La Dirección se reorganizó para llegar a territorios y atender los fenómenos delictivos que afectan la administración pública y el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana, así como para facilitar y garantizar la denuncia ágil y oportuna de estas conductas en cualquier ciudad”, advirtieron desde la Dirección contra la Corrupción.
Otra preocupación de los funcionarios, tanto de los que permanecen en Bogotá como de los que fueron trasladados, es cómo se hará la nueva asignación de procesos y cuánto tiempo estarán inactivos los despachos incluidos en la reorganización.
Según los fiscales, los procesos en curso se quedarán varados mientras asignan despacho y el funcionario logra ponerse al día, leer miles de hojas, entender cada caso y luego sí, después de meses, tomar alguna decisión. Mientras tanto, los términos corren y los corruptos celebran la reorganización.
La Fiscalía aseguró que los procesos entrarán a un sistema de reparto aleatorio y automático, por lo que, asegura, no habrá “inactividad ni traumatismos… Es impreciso señalar que habrá inactividad. El reparto es aleatorio y automático. Esto no genera alguna suspensión o para de los despachos”.
Los directivos de anticorrupción advierten que en la dirección no existía un sistema de reparto aleatorio, pues la mayoría de “procesos investigativos iniciaban por asignación especial del fiscal general de la Nación de la época” o denuncias en el búnker de la Fiscalía, lo que a su criterio limitaba el “acceso a la justicia en otros lugares del país”.
La unidad que se encargaba de investigar delitos electorales estaba conformada por siete fiscales, con la resolución, según el documento, apenas quedan tres despachos, aunque al consultar a la Fiscalía aseguraron que no era cierto “Pasará de cinco a siete fiscales y, además de Bogotá, tendrá presencia en Villavicencio, Cali, Barranquilla y Medellín”.
Lo dicho por la Fiscalía no coincide con lo expuesto en la misma resolución, en cuanto al número de fiscales a cargo de los delitos electorales y en una coyuntura tan compleja para el país, a vísperas de unas elecciones.