Los exintegrantes del Secretariado de la guerrilla de las Farc deberán responder ante la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el marco de la investigación del caso 07 que hace referencia a las discriminaciones y violencias en contra de niños y niñas con orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género diversas en el reclutamiento durante el conflicto armado.
La Sala convocó para el 5 de mayo a la senadora Victoria Sandino; Elí Mendoza, alias ‘Martín Sombra’, deberá presentarse el 10 de marzo; y Fabián Ramírez fue citado el 28 de abril. La JEP ya declaró este caso como de lesa humanidad.
Para el 12 y 13 de septiembre fueron convocados los exintegrantes del antiguo secretariado y del Estado Mayor Central de las Farc a una versión colectiva nacional. La Sala escuchará en total 73 versiones voluntarias de exguerrilleros que hicieron parte de todos los antiguos bloques de esa guerrilla y comparecientes en el Caso 07.
“A esta versión están convocados los comparecientes que ya manifestaron que participarían en ella y los demás que el despacho defina posteriormente, conforme al desarrollo de las versiones colectivas de bloques”, precisa el documento de la JEP.
“(...) particularmente los comparecientes y su defensa, trabajen en la preparación y desarrollo de las versiones con un espíritu de cooperación al esclarecimiento de la verdad y de asunción de responsabilidades cuando corresponda. También, con un esfuerzo honesto de respeto y reconocimiento de la dignidad y dolor de las víctimas”, sentenció la magistrada Lily Rueda, relatora del Caso 07, durante la entrega del informe ‘A nadie le deseo lo que viví: informe sobre reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes con orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género diversas en el conflicto armado en Colombia’, presentado por la Corporación Caribe Afirmativo,
Esta decisión se tomó en medio de la apertura de una sub-investigación tras realizarse la caracterización de las 400 víctimas acreditadas a la fecha en el Caso 07. En este se encontró que 68 de ellas, además de haber sido reclutadas siendo niños y niñas, sufrieron diferentes tipos de violencia sexual y violencia de género. La Sala también ha recibido los primeros informes y solicitudes de acreditación de víctimas LGBTI que fueron reclutadas.
La JEP asimismo hizo un llamado a los comparecientes a que cooperen con la verdad (varios han señalado que el fenómeno de reclutamiento de niños y jóvenes no fue sistemático o que los menores llegaban a la guerrilla por voluntad propia).
En este expediente, la JEP ha acreditado 400 víctimas; 216 son personas que fueron reclutadas siendo menores de edad y 184 son familiares de niñas y niños reclutados, quienes en su mayoría están buscando a sus familiares desaparecidos. A la fecha, la Sala de Reconocimiento ha documentado y enviado a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) 98 de estos últimos casos con el fin de contribuir a su búsqueda e identificación.
Así mismo, con el Instituto de Medicina Legal y la UBPD, la Sala avanza en el proceso de identificación de 46 cuerpos recuperados en el cementerio de La Unión Peneya, en el departamento del Caquetá, “que podrían corresponder a niñas, niños y jóvenes que habrían sido reclutados”.
De las 400 víctimas acreditadas se ha obtenido información sobre 332 niños y niñas que fueron reclutados, de ellos el 52% eran niños y el 48% niñas. La Sala también identificó que el 70% de estos niños y niñas fueron reclutados teniendo 14 años o menos.
Igualmente, 68 víctimas acreditadas han puesto en conocimiento de la Sala hechos de violencia sexual y de género, con prevalencia de hechos de aborto forzado (42.6% de los casos), anticoncepción forzada (35%) y acceso carnal violento o abusivo (53%). La Sala también cuenta con 98 hechos documentados de desaparición forzada de niños y niñas reclutados y se encontraron 87 registros de hechos que podrían configurar homicidios, torturas y otros tratos crueles asociados a las condiciones de vida al interior de las filas de las Farc-EP, a las sanciones disciplinarias a las que fueron expuestos y a la retaliación en contra de las familias o comunidades.