Es inminente el riesgo que enfrenta la población residente y en tránsito de la zona rural de Buga, San Pedro, Ginebra, Guacarí, El Cerrito y Palmira, en el departamento del Valle del Cauca, por cuenta de las disputas entre frentes de las disidencias de las Farc.
Ante la preocupante situación, la Defensoría del Pueblo lanzó la Alerta Temprana 010-2024 para advertir sobre lo que está pasando. Esta alerta se debe al recrudecimiento del conflicto armado y la violencia, causados por las acciones del naciente ‘Frente 57 Yair Bermúdez’, disidente de las Farc, que busca expandirse y disputar territorios controlados por el Bloque Occidental ‘Comandante Jacobo Arenas’.
Estos seis municipios, al estar en la cordillera Central, son corredores históricos para las estructuras armadas ilegales que buscan comunicarse entre los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Tolima, a través del páramo de Las Hermosas. La Defensoría del Pueblo ha exhortado a los entes gubernamentales y cuerpos de seguridad a proteger a los habitantes no solo de estos municipios, sino de todo el Valle del Cauca, debido al incremento de violaciones a los derechos humanos.
“Los conflictos internos entre frentes de las disidencias de las Farc han conllevado un incremento en las violaciones a los derechos humanos por la consumación de homicidios selectivos, masacres, amenazas, restricciones a la movilidad, imposición de horarios, retenes ilegales, entre otros”, de acuerdo con el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Se han registrado hechos relacionados con hurtos, extorsiones y reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, entre otras conductas que afectan la vida social, económica y comunitaria de los habitantes. La Defensoría del Pueblo ha enviado recomendaciones a las autoridades para evitar desapariciones forzadas, desplazamientos, confinamientos, restricciones al libre tránsito, enfrentamientos con interposición de la población civil, amenazas y ataques indiscriminados con artefactos explosivos improvisados.
Precisamente, en marzo pasado, la entidad había revelado que, durante 2023, a través del ‘Botón de registro de casos’, se registraron 184 casos de reclutamiento en varios departamentos del país. Estos números alarmantes incluyen a 110 niños y adolescentes y 74 niñas y adolescentes. Las edades de las víctimas van desde los 9 hasta los 18 años, con la mayoría de los casos concentrados en edades entre los 13 y 16 años. Es preocupante que el 68,4 % de las víctimas pertenezcan a comunidades indígenas, lo que resalta la vulnerabilidad de este grupo poblacional frente a este delito.
Frente a la actual situación en el Valle del Cauca, Camargo Assis enfatizó la importancia de implementar medidas urgentes para proteger a las comunidades y evitar graves afectaciones contra su vida e integridad.
“Las instituciones del Estado deben implementar medidas excepcionales y prioritarias para salvaguardar a las comunidades, y así evitar graves afectaciones contra su vida e integridad y bienes y medios de subsistencia”, enfatizó el defensor del Pueblo.
Este panorama, según la entidad, refleja la urgente necesidad de acciones concretas para proteger los derechos de la infancia y la adolescencia, así como de los adultos, aún más en una zona históricamente asediada por el narcotráfico y la guerra entre guerrillas.