Tras la reciente deportación de 200 colombianos por parte de las autoridades de los Estados Unidos, la Procuraduría General le hizo un fuerte llamado de atención al Gobierno para que active los mecanismos necesarios de protección de los derechos de estas personas.
La procuradora general Margarita Cabello Blanco dispuso a una comisión especial para que haga presencia en los lugares dispuestos por la Alcaldía Mayor de Bogotá para brindar refugio y acompañar el difícil momento por el que atraviesan estas familias.
El Ministerio Público les hizo un llamado a las autoridades para que, de manera urgente y efectiva, se avance en los procesos tendientes al restablecimiento de derechos de estas personas, a quienes se les debe garantizar un retorno seguro a sus lugares de origen, así como la atención especializada en servicios básicos como el acceso a salud, terapias psicosociales y ofertas educativas, entre otros.
Igualmente, adelantará una labor de acompañamiento de las familias de connacionales retornados en garantía de sus derechos fundamentales y vigilará los planes de contingencia y actuaciones adoptadas por las entidades del nivel nacional y territorial frente a la emergencia, así como de las decisiones que a través de instancias como la Comisión Intersectorial para el Retorno puedan emitirse, según lo dispuesto en el artículo 3.° del Decreto 1000 de 2013.
En la mañana del 11 de mayo aterrizó en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá el segundo vuelo con 41 familias repatriadas. El primer vuelo llegó este miércoles 10 de mayo con 209 colombianos, de las cuales 107 eran adultos y 102 niños y adolescentes.
Las jornadas de repatriación han contado con el apoyo y participaron de Migración Colombia, la Cancillería, la Unidad para las Víctimas, la Alcaldía de Bogotá, la Personería Distrital y la Procuraduría General de la Nación.
La Defensoría del Pueblo, a través de un equipo de profesionales de la Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana, la Regional Bogotá y la Oficina de Asuntos Internacionales, tuvo la misión de recoger las quejas de los retornados relacionadas con posibles vulneraciones a sus derechos.
Se espera que en el curso de los próximos meses ingresen al país cerca de 14.000 colombianos más retornados de EE. UU.
Polémica por el retorno de colombianos
Toda la polémica se generó luego de que las autoridades migratorias de Colombia rechazaran, el pasado 5 de mayo, un vuelo con connacionales deportados provenientes desde Estados Unidos.
De acuerdo con el director de Migración Colombia, Carlos Fernando García, se había tomado la decisión a modo de protesta por las condiciones en las que Estados Unidos tiene a los migrantes, ya que los colombianos estarían siendo objeto de medidas que atentan contra el derecho a la dignidad humana, así como las difíciles condiciones que enfrentan durante su paso por los centros de retención en la frontera sur estadounidense.
Esta situación había llevado a suspender temporalmente el plan piloto entre Colombia y EE. UU. que tiene como objetivo recibir a los colombianos retornados, especialmente niños, adolescentes y mujeres, en vuelos acordados entre el Departamento de Seguridad de Estados Unidos y Migración Colombia.
El programa en cuestión es el denominado ‘Reunificación Familiar de Estados Unidos: Family Reunification Parole Process’, el cual permitirá una vía acelerada para que decenas de miles de familias colombianas se reúnan rápidamente.
Ante esto, la Procuraduría General de la Nación le puso la lupa al tema y abrió una indagación previa para determinar si se cometieron irregularidades en la negación de ingreso del vuelo con colombianos.
El Ministerio Público busca identificar e individualizar a los presuntos responsables de la comisión de los hechos denunciados como irregulares, para determinar si están involucrados servidores públicos. Por eso, este 10 de mayo adelantó una inspección disciplinaria en las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia para recopilar documentación de soporte que permita esclarecer el caso.
Frente a esta situación, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, por su parte, había instado al Gobierno nacional a buscar los mecanismos necesarios para garantizar y proteger los derechos humanos de los ciudadanos colombianos.
“El Gobierno nacional debe salvaguardar los derechos de los connacionales, sin importar las circunstancias en las que se encuentren. Nos preocupa, como Defensoría del Pueblo, el hecho de que, según las quejas recientes conocidas, estén siendo maltratados por las autoridades migratorias estadounidenses en el marco del acuerdo binacional para su retorno a Bogotá”, expresó Carlos Camargo Assis.
Por eso, la Defensoría se apersonó del tema y acompañó el retorno de los 209 connacionales. De igual forma, anunció la entidad, seguirán al frente del proceso de repatriación.
“Es urgente establecer un diálogo franco con las autoridades estadounidenses a través de los canales diplomáticos correspondientes, donde prime el respeto, la comprensión y, sobre todo, el compromiso de garantizar la protección de los derechos humanos de aquellos que están en proceso de retorno a Colombia. Necesitamos asegurar su integridad”, había dicho el defensor Camargo.