La presidenta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Patricia Salamanca Gallo, manifestó públicamente su apoyo a los magistrados del Consejo de Estado por los recientes cuestionamientos hechos desde la Presidencia de la República en contra de las decisiones adoptadas.
Por medio de un comunicado, la magistrada Patricia Salamanca Gallo manifestó que “comparte la preocupación” del Consejo de Estado ante las recientes publicaciones hechas por el jefe de Estado, quien cuestionó directamente la decisión de suspender el decreto que ordenaba el traslado de 25 billones de pesos de los fondos privados a Colpensiones.
La magistrada hizo un enérgico llamado a que se respete la división de poderes, que está protegida por la Constitución Política de 1991.
“Esta Corporación comparte la preocupación expresada por el Honorable Consejo de Estado frente a los señalamientos que, desde distintos escenarios públicos, puedan desinformar, descontextualizar o desacreditar las decisiones judiciales de los actos del poder público; constituye una garantía esencial del Estado de derecho y un mecanismo legítimo del equilibrio de poderes”.
A renglón seguido, desde el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se hizo un llamado para respetar las decisiones judiciales.
“Como integrante de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, este Tribunal reafirma que las providencias judiciales representan una expresión esencial del Estado Social de Derecho y constituyen una garantía de la democracia, la institucionalidad y la vigencia efectiva de la Constitución y la ley”, reafirmó la magistrada.
“Por ello, las decisiones de los jueces deben ser respetadas y controvertidas únicamente a través de los mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico, dentro de un marco de respeto por la autonomía judicial”, añadió.
Finalmente, indicó que este tipo de mensajes afecta la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia, sentando un grave precedente.
“Hacemos un respetuoso llamado a todas las autoridades administrativas a ejercer sus expresiones y pronunciamientos con mesura, responsabilidad y respeto por las instituciones democráticas”, indicó la magistrada Salamanca Gallo.
“El lenguaje utilizado desde los espacios de poder tiene la capacidad de construir confianza, fortalecer la convivencia y promover la paz, pero también puede profundizar la polarización y propiciar escenarios de intolerancia”, concluyó el fuerte pronunciamiento.
Respuesta del presidente Petro
En varias publicaciones en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro reiteró que presentará una “demanda penal” por el delito de prevaricato en contra del magistrado del Consejo de Estado, Juan Enrique Bedoya Escobar, quien presentó la ponencia para suspender el traslado a Colpensiones.
“El presidente, como todo funcionario público, de acuerdo a la Constitución nacional, tiene el deber de denunciarlo, y si los banqueros dueños de administradoras de pensiones se niegan a pagar los ahorros de los trabajadores ya pensionados por Colpensiones, cometen el delito de estafa y hurto, al violar la ley vigente que los obliga a pasar el ahorro logrado por los ya pensionados; deben ser procesados penalmente y sancionados por las instancias respectivas. Es mi obligación constitucional hacerlo”, afirmó el primer mandatario.
Desde el Consejo de Estado han calificado este tipo de mensajes como de “tono incendiario”, afectando la credibilidad y el respeto a las decisiones judiciales.