Los magistrados del Consejo de Estado le salieron al paso a las advertencias que hicieron varios ministros del Gobierno Petro, tras la suspensión del decreto que ordenaba el traslado de 25 billones de pesos de los fondos de pensiones privados a Colpensiones.
Los ministerios de Trabajo y Hacienda, junto a Colpensiones, salieron a alertar públicamente que la decisión judicial de frenar el millonario traslado se convertía en un impedimento para pagar las pensiones de los colombianos.
Frente a esos señalamientos, el Consejo de Estado explicó en un comunicado publicado en su página oficial: “Eso no corresponde a la realidad. El 11 de mayo de 2026, el Consejo de Estado suspendió temporalmente el Decreto 415 de 2026 porque el Gobierno se excedió en sus funciones. ¿Por qué? Porque ese decreto cambió el destino del dinero de las pensiones, y eso solo lo puede hacer el Congreso, no el Gobierno”.
Sin embargo, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, publicó en su cuenta de X que dicha medida cautelar ponía en “juego la estabilidad del sistema pensional en Colombia” y hasta advirtió que esa decisión judicial afectaba el derecho a una pensión digna.
Pero el alto tribunal explicó tras su decisión: “El dinero existe, está disponible y sigue generando rendimientos. Lo único que se suspendió temporalmente es a dónde se destina ese dinero, no su existencia ni su seguridad. Por eso las pensiones no están en riesgo”.
El Gobierno Petro ha insistido en diferentes escenarios que en los últimos días radicó un recurso de súplica para levantar la suspensión parcial del decreto que, supuestamente, es una medida “clave” para garantizar que cuando una persona se traslade de régimen, sus recursos también lo hagan.
Fue el mismo Gobierno nacional el que estipuló en su polémica reforma pensional que algunas personas cambiaran de fondos privados a Colpensiones, pero esa misma norma dejó claro que el dinero ahorrado debía permanecer en los fondos privados hasta que la persona cumpliera los requisitos para pensionarse y consolidara su derecho a la pensión.
Por eso el Consejo de Estado destacó de su decisión: “no se pronunció sobre el dinero de las pensiones, solo le dijo al Gobierno que había sobrepasado sus límites al decidir, sin permiso del Congreso, qué hacer con esos recursos”.
Así fue como el alto tribunal terminó desmintiendo al Gobierno Petro en medio de la tensión que se generó después de que el presidente pidió denunciar por prevaricato al magistrado que suspendió provisionalmente dicho decreto.