El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, calificó como “descarada e inaceptable” la reciente decisión del Consejo de Estado que suspendió el decreto que ordenaba el traslado de $ 25 billones de las AFP a Colpensiones.
Durante su pronunciamiento, el jefe de la cartera laboral aseguró que la corporación judicial cambió de postura de manera sorpresiva frente a una determinación que, según indicó, ya había sido tomada hace apenas dos semanas.
#Colombia | 🔴 "El Consejo de Estado tomó una decisión descarada e inaceptable": el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reaccionó tras el freno al traslado de recursos de fondos privados a Colpensiones.
— La FM (@lafm) May 12, 2026
Aseguró que están en juego $5 billones y las mesadas de 25 mil… pic.twitter.com/GNmCLzLrgP
“Es un pronunciamiento absolutamente descarado e igualmente inaceptable. Ellos saben que la plata, los 5 billones de pesos, están en los fondos privados y que esos recursos garantizan la sostenibilidad de las mesadas pensionales de 25 mil trabajadores”, afirmó Sanguino.
El ministro cuestionó además que el Consejo de Estado intervenga en asuntos que, a su juicio, corresponden exclusivamente a la Corte Constitucional, especialmente en lo relacionado con el artículo 76 de la Ley 2381, norma que contempla la doble asesoría y la posibilidad de traslado entre regímenes pensionales hasta el próximo 16 de julio.
Sanguino señaló que la Corte Constitucional aún estudia las demandas presentadas contra la reforma pensional, aprobada en dos ocasiones por el Congreso de la República. Según dijo, la demora del alto tribunal ha generado incertidumbre alrededor de la implementación de la ley.
“El Consejo de Estado está violando el principio de equilibrio de poderes públicos, porque se está inmiscuyendo en decisiones que corresponden a la Corte Constitucional”, sostuvo.
El funcionario también hizo un llamado a los ciudadanos para trasladarse desde los fondos privados hacia Colpensiones y anunció que el Gobierno adelantará acciones para evitar que, según expresó, los fondos privados “se repongan en los recursos de los trabajadores de Colombia”.
La controversia se produce en medio del debate nacional por la implementación de la reforma pensional y las decisiones judiciales que podrían modificar algunos de sus alcances.