El Gobierno nacional expresó su preocupación por la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el Decreto 415 del 20 de abril de 2026, al considerar que la medida pone en riesgo el pago de obligaciones pensionales de miles de afiliados trasladados a Colpensiones.
A través de un comunicado conjunto, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo y Colpensiones señalaron que la decisión judicial afecta la estabilidad financiera y la operación del Sistema General de Pensiones, debido a que impide el traslado de recursos correspondientes a ciudadanos que decidieron acogerse a la oportunidad excepcional de traslado contemplada en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024.
Según las entidades, la suspensión del decreto bloquea el traslado de recursos desde los fondos privados hacia Colpensiones, pese a que los afiliados ya habrían manifestado su voluntad de pensionarse en el régimen de Prima Media.
“El sistema queda bloqueado”, advirtió el Gobierno, al explicar que la suspensión total del decreto se fundamenta en que la reforma pensional de 2024 actualmente no se encuentra vigente, debido a que permanece suspendida por decisión de la Corte Constitucional.
Comunicado a la opinión pública a propósito de la suspensión del Decreto 0415, del 20 de abril de 2026. #Decreto0415 #afiliadoscolpensiones #futuro pic.twitter.com/vm2fQx5V44
— Colpensiones (@Colpensiones) May 12, 2026
En el comunicado, las entidades recordaron que, mientras la reforma continúa suspendida, el marco jurídico aplicable sigue siendo la Ley 100 de 1993, la cual prohíbe que una persona pertenezca simultáneamente a dos regímenes pensionales.
Asimismo, Colpensiones sostuvo que no es financieramente viable asumir el pago de pensiones de afiliados cuyos recursos permanezcan en administradoras privadas.
“No resulta financieramente sostenible ni jurídicamente exigible a Colpensiones el pago de las obligaciones pensionales de una persona que se traslade a esa administradora, pero que los recursos destinados a financiar su prestación permanezcan atrapados en una administradora privada”, indica el documento.
Las entidades también insistieron en que los recursos objeto de controversia continúan teniendo destinación exclusiva a la seguridad social y al pago de pensiones.
Finalmente, el Gobierno aseguró que la suspensión del Decreto 415 representa un riesgo mayor para los afiliados, ya que dificulta garantizar la financiación de futuras mesadas pensionales y afecta el principio de sostenibilidad financiera establecido en el artículo 48 de la Constitución.