La emergencia del Covid - 19 fue el argumento para la firma de millonarios contratos en diferentes partes del país, que en el caso de Arauca, terminó en la millonaria defraudación al Estado. La Fiscalía investigó las denuncias que salieron del departamento para advertir que el entonces gobernador Facundo Castillo firmó los contratos para beneficiar a una sola empresa.
De acuerdo con el material probatorio que recaudó la Fiscalía y que ahora se condensa en una acusación formal ante la Corte Suprema de Justicia, el exgobernador Castillo participó en una celebración indebida de contratos que, en teoría, tenían el objetivo de atender la emergencia del Covid 19, pero terminó en un entramado de corrupción.
“La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exgobernador de Arauca José Facundo Castillo Cisneros, como presunto responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en grado de tentativa”, explicó la Fiscalía al información sobre la acusación.
Otro capítulo que investigó la Fiscalía y que hace parte de las indagaciones que cursan en contra del exgobernador Castillo, tienen que ver con sus presuntos vínculos con el Ejército de Liberación Nacional en esa zona del país y cómo muchos de los contratos que fueron entregados a dedo a empresas fachadas terminaban en los bolsillos de esa organización criminal.
“Según la investigación, el exmandatario habría realizado actos tendientes a favorecer a una sola empresa con un contrato por 4.463 millones de pesos, cuyo objetivo era realizar la logística, el suministro y la entrega de kits de ayuda alimentaria a la población afectada por la emergencia sanitaria del Covid - 19″, señaló la Fiscalía.
De acuerdo con el ente acusador el exgobernador fue el encargado de utilizar su poder para desviar los procesos de contratación en el departamento y así afectar el ordenamiento jurídico que reza para ese tipo de contratos y en una situación particular como era la emergencia del Covid- 19.
“El material probatorio recaudado por la Fiscalía evidenció que el procesado habría incurrido en un desvío de poder al convocar un proceso de selección; desconociendo los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad y publicidad establecidos en la ley”, explicó la Fiscalía.