En medio de la crisis de energía que hoy vive el Caribe colombiano, la Contraloría General de la República lanzó una dura advertencia a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), y al Fondo Empresarial de esa entidad sobre la intervención del gobierno de Gustavo Petro en la empresa Air-e.
En el documento conocido por SEMANA, el órgano de control habla de unos riesgos financieros, operativos y patrimoniales que podrían afectar la continuidad del servicio de energía eléctrica en la región Caribe y comprometer recursos públicos.
Y es que estas alertas se dan en medio del ejercicio de vigilancia fiscal preventiva que realizan desde el ámbito financiero, administrativo y operativo, que podrían estar afectando la adecuada gestión de los recursos públicos.
Según la Contraloría General, uno de los aspectos más preocupantes tiene que ver con el crecimiento de la cartera de la empresa Air-e, pues hay un informe técnico que revela que esta compañía tiene una cartera superior a los $6 billones.
Asimismo, precisaron que existe un deterioro progresivo concentrado en los estratos 1 y 2 y en zonas subnormales.
“El crecimiento sostenido de la cartera de AIR-E, que supera los $6,062,046 millones de pesos y presenta un deterioro progresivo concentrado en estratos 1, 2 y subnormales, donde más del 73 % corresponde a obligaciones con más de un año de antigüedad, constituye un riesgo crítico para la sostenibilidad financiera de la empresa”, señala el documento.
De igual forma, la Contraloría dijo que existe un riesgo de una posible insolvencia y pérdida en la capacidad de pago. Solo entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, los pasivos totales de la compañía crecieron más del 50 %.
“El incremento de los pasivos totales del 53,6 % entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, junto con la concentración del 86 % en pasivos corrientes, evidencia una severa presión de liquidez. Esta estructura genera un riesgo inminente de incumplimiento de obligaciones con proveedores y agentes del mercado mayorista”, advirtió la entidad.
Los recursos públicos que hoy tiene la compañía para garantizar la prestación del servicio son otra de las preocupaciones de la entidad, pues a Air-e le han inyectado recursos provenientes del Fondo Empresarial de la Superintendencia, situación que reflejaría dificultades estructurales para su sostenibilidad.
“La necesidad recurrente de apalancamiento mediante los contratos de mutuo 230 y 231, por un valor conjunto de $147.885 millones, financiados con recursos del Fondo Empresarial de la SSPD, demuestra que AIR-E no cuenta con capacidad de autosostenimiento”, se lee en el informe.
De igual manera, la compañía ha tenido un deterioro patrimonial, de acuerdo con la Contraloría General, que fue sustentado con un informe que señala que habría pasado de 2,2 billones de pesos a cerca de 131.500 millones de pesos en un solo periodo, una reducción cercana al 80 %.
“La disminución del patrimonio de $2,218,357 millones de pesos a $131,500 millones de pesos, en un solo periodo, refleja una pérdida significativa del valor patrimonial de la empresa, con un efecto directo en su solvencia y capacidad de inversión”, advirtió la Contraloría.
Para el órgano de control, Air-e tiene un grave riesgo estructural para el mercado eléctrico de Colombia, lo que se podría ver reflejado sobre la calidad del servicio que prestan en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
“Esta situación representa un riesgo sistémico, al generar presiones para el traslado de mayores costos a los usuarios finales mediante aumentos tarifarios, así como impactos financieros adicionales sobre las empresas generadoras”, indica el documento.
Aunque la intervención de la compañía por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro fue con bombos y platillos para una supuesta solución de raíz, la Contraloría dijo que esta no ha sido efectiva.
“Del análisis de las actas de gestión correspondientes a la entidad intervenida, no se evidencia la implementación de un plan de choque integral y estructural que permita a la SSPD subsanar de manera efectiva la problemática financiera y operativa de la empresa AIR-E S.A.S. E.S.P. intervenida”, señala la advertencia.
Mayores costos y menos inversiones es lo que detectó la Contraloría en su auditoría, lo que ha hecho que desmejore el servicio en el Caribe colombiano y sigan subiendo las tarifas.
“La intervención a la empresa AIR-E S.A.S. E.S.P. por parte de la SSPD se ha caracterizado por mayores costos y menores inversiones que conllevan disminución de la calidad del servicio, una creciente alza en las tarifas de energía en la zona de influencia y efectos socioeconómicos por el aumento de la pobreza monetaria en los hogares”, concluyó el organismo de control.
La Contraloría General de la República fue clara en pedirle a la Superintendencia, al Fondo Empresarial y a Air-e adoptar mecanismos administrativos, técnicos y financieros que permitan corregir las debilidades identificadas, mejorar los indicadores de recaudo y optimizar la calidad y continuidad del servicio eléctrico en la Costa Caribe.