El concejal de Bogotá, Angelo Schiavenato, denuncia en SEMANA una serie de presuntas irregularidades de la alcaldesa local de Usme, en las que cuestiona desde su posicionamiento hasta las contrataciones de su alcaldía; además, alerta sobre costos en diferentes compras de su administración.
Schiavenato cuestionó el nombramiento de la alcaldesa local Leidi Marcela Pinilla, quien se posesionó en el cargo pese a los señalamientos sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos. Las dudas se centran en el criterio de arraigo territorial, una presunta irregularidad que, según el concejal, afecta la legitimidad de la institución de las alcaldías locales.
Leidi Marcela Pinilla presentó los documentos correspondientes para acreditar dicho requisito; sin embargo, Schiavenato apunta que en ellos hay inconsistencias, ya que la información presentada bajo la gravedad de juramento es contradictoria con la que presentó a la JAL.
“La señora Pinilla declaró (…) en la hoja de vida que presentó al Ministerio del Trabajo que no tuvo ningún contrato con empresas privadas en los años 2023 y 2024 y, sin embargo, en la hoja de vida que presentó a la JAL le apareció una certificación de que había trabajado por 10 años con el contratista Iván Pardo y desde 2020 con la Corporación Solidaridad y Trabajo”, señaló el representante a SEMANA.
Por su parte, la Secretaría de Gobierno de Bogotá comprobó que en estos contratos presentados, Pinilla no aportó a seguridad social ni facturó sus ingresos con IVA como lo obliga la ley, por lo que Schiavenato asegura que “como mínimo evadió aportes y se apropió de impuestos que son recursos del Estado”.
Irregularidades en contratación
El concejal cita una serie de contrataciones como la FDLU-LP-033-2025, en la que alerta un presunto amaño en un contrato que tendría un presupuesto de casi 6 mil millones de pesos ($5.889.402.781, exactamente).
Esta contratación, que terminó ganando FUNDESCO, tenía como objeto contractual el fortalecimiento de organizaciones deportivas y culturales. La denuncia alega que en el pliego de condiciones se estableció que los proponentes deberían demostrar liquidez mayor a 5 (más alta de lo normal).
Además, se eliminó el método de ponderación de menor valor para la evaluación de la oferta, y se exigieron servicios de cronometraje y profesionales con formación bastante particular (estudios específicos que solo se ofertan en la Universidad del Rosario).
Schiavenato anexa en su denuncia siete procesos de contratación más en los que se encuentran irregularidades, los cuales suman más de $18 mil millones del presupuesto público.
Además, las denuncias del concejal alertan sobre posibles sobrecostos. Según los documentos que recopiló Schiavenato, botellas de agua de 500 ml llegaron a pagarse hasta por $13.800 cada una.
Las presuntas irregularidades no solamente son con empresas proponentes; también incluyen a profesionales a los que se les exigió experiencia en componentes muy específicos del proyecto.
Lo llamativo en uno de los procesos denunciados por el concejal es que las exigencias no se realizaron sobre todos los componentes de la iniciativa, por lo que Schiavenato señala que “casualmente, los que se exigieron son con los que el proponente habilitado contaba”.
El representante bogotano pone las alertas sobre la mesa y le pide a las autoridades competentes actuar y garantizar el cumplimiento de la ley. SEMANA se contactó con el equipo de prensa de la alcaldesa Pinilla; sin embargo, no hubo respuesta a las acusaciones del concejal.