La decisión de reforzar los controles migratorios genera inquietud en Bucaramanga, donde viven cerca de 65.000 venezolanos.
Las autoridades locales aclaran que las medidas deben dirigirse a quienes estén involucrados en delitos o tengan irregularidades migratorias, no contra toda la población venezolana.
El anuncio del Gobierno sobre inmigración
El presidente Abelardo de la Espriella anunció esta semana el inicio de operativos coordinados entre las autoridades migratorias y la Policía.
El mandatario señaló que primero se buscaría identificar a migrantes que estén cometiendo delitos y posteriormente a quienes permanezcan en el país sin tener regularizada su situación migratoria.
La medida representa un cambio importante frente a la política migratoria que Colombia había mantenido durante los últimos años.
Sin embargo, esto no significa que los 65.000 migrantes que viven en Bucaramanga vayan a ser deportados.
La condición de migrante no constituye, por sí misma, una razón para expulsar a una persona del país.
Las actuaciones migratorias deben adelantarse mediante los procedimientos establecidos y respetando las garantías legales.
La Alcaldía señaló que la ciudad continuará atendiendo a la población migrante y que cuenta con la Oficina Intégrate, desde donde se activan rutas institucionales y se brinda acompañamiento de acuerdo con las necesidades de cada persona.
La administración municipal sostiene que la etapa de atención humanitaria inicial ya dio paso a una estrategia centrada en integración social y económica.
El mensaje de la Administración Distrital es que los controles de seguridad deben dirigirse contra personas concretas involucradas en hechos delictivos.
La deportación no es automática
Bucaramanga no parte de cero frente a los controles migratorios.
Durante 2026, las autoridades ya han realizado más de 470 operativos en Santander, con verificaciones a ciudadanos extranjeros y procedimientos de expulsión y deportación.
Según Migración Colombia, solo en el primer semestre fueron verificados 1.892 extranjeros y se impusieron 85 medidas de deportación o expulsión.
Estos datos permiten dimensionar que las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno.
Además, una orden política de aumentar los operativos no elimina los procedimientos administrativos que deben cumplir las autoridades migratorias.
Así, una persona no puede ser deportada simplemente por ser venezolana.
Si existe una actuación migratoria en su contra, las autoridades deben determinar su situación y garantizar las reglas correspondientes antes de adoptar una decisión definitiva.
El debate que comienza ahora en Bucaramanga será, precisamente, cómo aplicar las nuevas medidas de seguridad sin convertirlas en una generalización contra toda la población venezolana que reside en la ciudad.