La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra tres funcionarios del municipio de Jamundí por presuntas irregularidades en un proceso administrativo relacionado con una obra en un condominio donde reside la alcaldesa Paola Castillo. El ente de control indaga una posible vulneración al debido proceso, tras múltiples quejas documentadas por una de las partes involucradas. Esta decisión se toma tras la revelación hecha por SEMANA en días pasados.
Las funcionarias que están siendo investigadas son Yexica Karime Obando Martínez, secretaria de Planeación y Coordinación Municipal; Fernelly Quijano Cerquera, inspector tercero de Policía; y Alejandra Janeth Jaramillo Quintero, que fue inspectora segunda de Policía hasta el 29 de abril.
Según la información disponible, el caso comenzó por una serie de acciones realizadas en un proceso policial que, según el denunciante, tuvo problemas serios en su procedimiento. Entre los últimos hechos, se encuentra la audiencia realizada el 29 de abril de 2026 ante la Inspección Segunda de Policía, en la que se solicitó la nulidad de todo lo actuado por presunta vulneración del debido proceso.
En esa diligencia, la parte afectada advirtió que no fue notificada de decisiones clave adoptadas previamente, como el acta correspondiente a la audiencia del 13 de abril. Además, aseguró que no se resolvieron recursos interpuestos ni solicitudes formales, pese a haber sido radicadas en varias ocasiones. “No se resolvió el recurso de reposición en subsidio de apelación presentado en debida forma, ni la solicitud de aplazamiento de la audiencia”, señala el documento aportado al proceso.
Otro de los puntos críticos es la falta de traslado del expediente. Según la queja, este fue solicitado en al menos cinco ocasiones sin obtener respuesta. Incluso, al momento de su revisión en el despacho, se evidenció que varios documentos no reposaban en el expediente. “Se constató que no reposaban las solicitudes presentadas por la apoderada del denunciante”, indica el reporte.
La situación se agrava con la desaparición del expediente. El 30 de abril, al acudir nuevamente a la inspección, se estableció que la funcionaria encargada ya no estaba en el cargo y no dejó acta de la audiencia realizada el día anterior. Además, el expediente no se encontraba en el despacho. “A la fecha se desconoce el paradero del expediente, lo que implica una grave afectación a la cadena de custodia documental”, advierte la denuncia.
El caso también muestra supuestas inconsistencias en cómo la Secretaría de Planeación maneja las visitas técnicas. Según la persona que hizo la denuncia, la programación de inspecciones solo abarcó 18 propiedades, aunque la solicitud incluía todo el conjunto residencial. “Resulta particularmente extraño, considerando que en programaciones anteriores las visitas se organizaban de manera secuencial, abarcando rangos completos de predios”, se lee en el documento.
Adicionalmente, se señalan posibles tratos desiguales por parte de la administración del condominio en cabeza de Diana Alexandra Martínez. Un ejemplo citado por el denunciante es el del predio 272, donde se habrían realizado construcciones sin licencias, incluyendo piscina, jacuzzi y un quiosco tipo BBQ, así como incumplimientos en los aislamientos reglamentarios, sin que se evidencien acciones correctivas. Según la denuncia, esta situación podría estar relacionada con un conflicto de interés, dado que uno de los propietarios hace parte del comité de infraestructura del conjunto.
En paralelo, el denunciante interpuso una acción de tutela contra la administración del condominio por vulneración de derechos fundamentales. El recurso fue fallado a su favor en dos instancias, reconociendo afectaciones al derecho de petición y a la igualdad. Actualmente, cursa un incidente de desacato por el presunto incumplimiento de las órdenes judiciales.
Con base en este conjunto de hechos y el material probatorio allegado, la Procuraduría decidió abrir investigación disciplinaria para establecer si hubo incumplimiento de deberes, extralimitación de funciones o violación de normas legales por parte de las funcionarias implicadas.
El proceso disciplinario se encuentra en etapa de indagación, mientras el ente de control recopila pruebas y define eventuales responsabilidades. Sobre este caso, también cursan denuncias penales.
SEMANA también conoció que la defensa del denunciante habría recibido amenazas, a través de llamadas telefónicas a su número personal.
El caso
La denuncia fue interpuesta por un residente, quien alega que, luego de iniciar una construcción en su predio, con previos permisos legales de la Secretaría de Planeación, le detuvieron la obra con argumentos que, jurídicamente, no tienen ningún sustento.
Todo parece indicar, según los documentos aportados a SEMANA, que la inspectora de Policía y funcionarios de la Alcaldía se extralimitaron en sus funciones para, presuntamente, favorecer a terceros que no quieren que se realice la obra.
Detrás del caso hay un expediente robusto, con actuaciones administrativas, quejas, inspecciones, denuncias penales y recursos ante órganos de control que hoy ponen en entredicho la actuación de varias dependencias del municipio.
De acuerdo con la documentación, el denunciante adquirió el lote 287 en un condominio campestre desde 2016 y en 2025 inició una ampliación con licencia de construcción expedida mediante Resolución 592 del 28 de octubre de ese año por la Secretaría de Planeación. Con ese respaldo, comenzó trabajos de remoción de tierra y cerramiento del área.
Sin embargo, la obra se convirtió rápidamente en el centro de disputas internas. Según el denunciante, la administración del condominio, encabezada por su representante legal, Diana Alexandra Martínez, habría incurrido en actuaciones que vulneran derechos fundamentales como la propiedad privada, la igualdad y el derecho de petición. Incluso, uno de los episodios está bajo investigación de la Fiscalía por el presunto delito de violación de habitación ajena.
El conflicto escaló cuando la administración del conjunto presentó una queja ante la Secretaría de Planeación el 1.º de diciembre de 2025, solicitando la revocatoria de la licencia de construcción. Paralelamente, el denunciante también radicó solicitudes y quejas pidiendo inspecciones a otros predios del condominio por posibles infracciones urbanísticas.
Los documentos muestran un patrón que hoy es cuestionado: mientras la obra del denunciante fue objeto de visitas y actuaciones rápidas, otras construcciones señaladas por presuntas irregularidades no habrían recibido el mismo tratamiento.
De hecho, una inspección realizada el 6 de marzo de 2026 al predio 287 concluyó que la edificación “corresponde al proyecto de ampliación aprobado” y que “se desarrolla conforme a las especificaciones técnicas y constructivas autorizadas”. No obstante, el informe advirtió variaciones en los aislamientos laterales y posteriores.