Una nueva controversia se desató en Colombia. En esta oportunidad, la gerencia del Hospital Universitario del Valle respondió a una acusación del presidente Gustavo Petro, quien señaló que en esa institución habría un “centro de esclavitud”.
Irne Torres, gerente del centro asistencial, afirmó en diálogo con Blu Radio que lo ocurrido tiene tintes políticos y que todas sus actuaciones se han realizado conforme a lo que establece la norma.
“Hombre, qué tristeza que la primera autoridad del país haga un anuncio o un comentario tan desafortunado a un talento humano o a unas personas que vienen hoy salvaguardando la salud de los vallecaucanos y de muchas personas que vienen al Hospital Universitario del Valle del Suroccidente colombiano. Pienso que es prematuro, pudiera decir incluso hasta discriminatorio hacer esa apreciación”, dijo Torres.
Asimismo, indicó que el hospital, en medio de la crisis de salud que atraviesa el país, ha mantenido la prestación de servicios a comunidades que entidades privadas han dejado de atender en Cali debido a millonarias deudas.
“No se puede condenar a una institución ni ir en detrimento de ella simplemente por una intención o un beneficio político que se pueda estar generando en este momento”, agregó.
Frente a la forma en la que están contratando al personal que labora en la institución, el gerente precisó que cumplen con todo lo que exigen las normas.
“La figura que estamos utilizando existe en el hospital; es un contrato a través de unas agremiaciones que están validadas por el Ministerio de Trabajo. Ellas están autorizadas para contratar con los hospitales. Nosotros hacemos una licitación, contratamos unos procesos, esas instituciones se los han ganado y nos prestan unos servicios, y nosotros pagamos por esos servicios”, indicó en diálogo con Blu Radio.
Según explicó, el hospital tiene 3.078 personas vinculadas por agremiación, 475 en planta y el resto mediante empresas de aseo y vigilancia, lo que suma cerca de 4.000 personas en diferentes modalidades contractuales.
“Ahí hay un dato impreciso, no son 4.000 por agremiación. Nosotros estamos en la Ley 550 y eso restringe crear plantas o hacer procesos de vinculación vía concursos”, sostuvo.
De igual manera, señaló que “satanizar un proceso cuando el mismo Ministerio lo conoce y lo ha validado me parece un acto no muy profesional, un acto más bien populista y político que va desconfigurando el buen nombre del hospital”.