En el marco de un nuevo capítulo de SEMANA Pacífico, el secretario de Seguridad del Valle del Cauca, Guillermo Londoño, entregó un detallado mapa de los grupos armados que hoy operan en el departamento, desde el Estado Mayor Central y sus columnas en el sur, hasta el clan del Golfo y el ELN en el norte y el Pacífico.
En la conversación, el funcionario habló de los ataques con drones en Jamundí, del enclave cocalero que conecta el sur del Valle con el norte del Cauca, del desmonte de estaciones de combustible usadas para el procesamiento de coca, y lanzó duros cuestionamientos a la política de “paz total” del Gobierno Nacional, a la que responsabiliza del fortalecimiento de estas estructuras. También se refirió a la situación de Buenaventura, al aumento de la extorsión telefónica y del secuestro exprés, así como a las expectativas del departamento frente al gobierno entrante de Abelardo De La Espriella.
SEMANA: ¿Cómo está hoy el Valle en cuanto a ese mapeo que ustedes tienen de los grupos al margen de la ley? ¿Cuántos grupos tenemos? ¿En qué zonas están? ¿Cuáles son las zonas rojas del departamento?
Guillermo Londoño (G. L.): Lo que podemos decir es que en el Valle del Cauca hace presencia el Estado Mayor Central. Esta estructura depende del bandido Iván Mordisco; tenemos presencia en el sur del departamento del Frente Jaime Martínez. Sin duda, este Estado Mayor Central tiene unas subestructuras que son denominadas columnas. El Estado Mayor Central también está en la cordillera central. Recordemos que esta estructura como tal tiene varios frentes, entre ellos la Jaime Martínez, la Dagoberto Ramos, la Yair Bermúdez y el Frente 57, que es la disidencia de la disidencia. Varias de estas estructuras tienen columnas que están en ejercicio de expansión por el territorio, lo que ha pasado en todo el país. Por eso la apuesta del departamento ha sido lograr ubicar bases militares, fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública y al mismo tiempo robustecer la coordinación territorial entre las entidades y nuestra Fuerza Pública.
En el norte del departamento tenemos presencia del Clan del Golfo, y también del ELN, en el Bajo Calima y en Buenaventura, en enfrentamiento permanente con el Clan del Golfo y con la Jaime Martínez por el control de corredores estratégicos, que son prácticamente corredores logísticos del narcotráfico. Más arriba está el Cañón de Los Farallones, que conecta al Chocó con el Valle, históricamente disputado por el ELN y el clan del Golfo.
En el sur del valle tenemos presencia de la Jaime Martínez, que tiene control en la cordillera occidental por Dagua y algunos tentáculos en Buenaventura. En el centro del valle están la Yair Bermúdez y también la Adán Izquierdo. Esa fuerza se ha ido moviendo permanentemente porque entra en conflicto con otros grupos que pretenden entrar en las mismas zonas; por eso la apuesta es tener bases militares que permitan control territorial fijo y mayor capacidad de despliegue.
SEMANA: Hablemos de Jamundí, que es uno de los municipios que más preocupa, no solamente por la cantidad de atentados que ha recibido en los últimos años, sino también por el constreñimiento que hay a la comunidad. Hemos documentado cómo en la zona rural alta tienen carnetizada a la población; hay retenes y toques de queda. ¿Cómo está hoy la situación? ¿Cuántos hombres tiene esa estructura Jaime Martínez? ¿Cuál es la presencia que se tiene de las autoridades en la zona rural alta de Jamundí?
G. L.: En la zona rural alta de Jamundí hay un esfuerzo muy importante por lograr instalar una base militar. Estos dos años y medio el gobierno departamental hizo la primera apuesta, cuando la gobernadora anunció, el primero de enero de 2024, en el Consejo de Seguridad, la retoma militar de la zona rural de Jamundí. Recordemos que en el pasado Jamundí tuvo presencia del Ministerio de Defensa y la estación de Policía en Villa Colombia, y la apuesta no solo era tener control territorial de la zona, sino también robustecer las capacidades de nuestra Fuerza Pública.
En abril de 2024, el país conoció un ataque de drones cargados con explosivos. Ese mismo año la amenaza evolucionó hacia esta nueva tecnología, un desafío que también nos estaba imponiendo la guerra entre Ucrania y Rusia. El último dato es que casi más de 98 granadas han sido lanzadas desde drones a la subestación de Potrerito, a la subestación de Robles y a unidades militares de la Tercera Brigada que están en la apuesta de retomar esa zona, que además es un corredor estratégico del narcotráfico.
Hay aproximadamente más de 6.000 hectáreas de coca entre el sur del Valle del Cauca y el norte del departamento del Cauca. Es decir, hay un enclave cocalero que conecta prácticamente Jamundí con Buenos Aires y otros municipios del norte del Cauca. Por eso la apuesta de golpear la estructura.
El año pasado insistimos mucho y se logró el desmonte de estaciones de combustible que habían sido instaladas en zona rural y que funcionaban a partir de empresas legalmente constituidas. La apuesta de la Gobernación del Valle frente a las entidades nacionales era desmontar esas estaciones para quitarle capacidad a la cadena logística del narcotráfico, porque eso es lo que le permite a la estructura Jaime Martínez utilizar drones para atacar las tropas y adquirir otro tipo de logística para causar daño.
Incluso construyeron una carretera en la subregión del Naya, que la gobernadora ha llevado año y medio denunciando, porque muestra la capacidad que tienen estos grupos. Tenemos que contar algo muy importante: el Estado Mayor Central ya no solamente se dedica al narcotráfico, sino también a la minería ilegal, a la extorsión, al secuestro y al contrabando. Es decir, estos grupos hoy tienen una diversificación de su portafolio que les permite tener varias rentas ilícitas y con eso, capacidad de daño.
Hoy lanzan ataques “en enjambre”: utilizan cinco, seis, ocho drones al mismo tiempo para atacar nuestras unidades policiales y militares. El esfuerzo valiente de nuestros soldados y policías ha sido resistir y seguir “corriendo la cerca” de estos delincuentes que quieren expandirse. Como resultado del fracaso de la paz total, estos cuatro años estos grupos se han fortalecido. Algunos centros de estudio especializado, junto con el Ministerio de Defensa, hablan de más de 27 mil hombres en armas en todo el país, el doble de zonas de conflicto que había hace cuatro años.
SEMANA: Usted, como experto en seguridad, si tuviera que hacer una radiografía de por qué llegamos a este escenario tan preocupante para la seguridad nacional, ¿qué nos podría decir?
G. L.: Yo creo que son varios errores. El primero es diseñar una estrategia como la paz total, que en resumidas cuentas fue un esquema de concesiones en donde el Estado decidió suspender órdenes de captura, suspender extradiciones, hacer ceses al fuego bilaterales y, lo más complejo, jugar a los “congelados” con los grupos armados. Es decir, desarmar al Estado, desmontar las capacidades que nos tomaron 20, 30, 40 años consolidar, para permitir que finalmente los grupos se expandieran, diversificaran su portafolio de ingresos y se consolidaran no como grupos insurgentes, sino como empresas criminales que lavan grandes capitales a través de empresas legales.
Y yo te diría que lo otro que fue muy grave es que no hubo una estrategia de seguridad coordinada con la estrategia de paz. Un Estado que pretende negociar con grupos alzados en armas desde una posición de debilidad jamás va a lograr consolidar un objetivo.
SEMANA: ¿Eso quiere decir que, mientras las autoridades locales y regionales iban por un lado a mantener el orden, el Gobierno Nacional iba por otro, el de una negociación fallida con estos grupos al margen de la ley?
G. L.: Es decir, íbamos por una doble vía y eso permitió que estos grupos tomaran control en muchos sectores. Y lo más grave es que tuvo costos: costó vidas de soldados y de policías, y también costó la carrera de muchos oficiales. Mire cómo sacaron al general que detuvo la caravana en Antioquia, y luego al general que en una rueda de prensa confirmó que los informes de inteligencia verificaban que había una carnetización para obligar a ciudadanos de la zona rural a votar por determinada campaña.
Es decir, esto evidenció que la postura del Gobierno era una negociación a costa de nada, y lejos de ser una estrategia de paz total para desarmar a los violentos, terminó siendo una estrategia para desarmar al Estado. Y peor aún, según lo han publicado los medios nacionales, el comisionado de paz habla de que jugaban a los congelados con estos actores criminales, y eso neutralizaba las operaciones que la Fuerza Pública quería desarrollar.
SEMANA: ¿Qué esperan ustedes del próximo presidente de la República?
G. L.: Nosotros estamos listos para trabajar con el nuevo presidente, para ser equipo con él. El Valle del Cauca es pionero en la gestión territorial de la seguridad, en las fuentes de financiamiento y en la coordinación territorial. Demostramos estos cuatro años que el Gobierno nos dejó solos, que el Valle del Cauca resistió y enfrentó el fenómeno de los grupos alzados en armas, y por eso el Valle del Cauca tiene la autoridad de decir cómo hay que enfrentarlos, pero también de recibir el apoyo del Gobierno Nacional que no tuvimos en el pasado, y que creemos que con el presidente electo vamos a poder hacer equipo para enfrentar estos grupos. Correr la cerca quiere decir no permitir que ellos sigan creciendo, sino lograr el control territorial de facto que es la obligación constitucional del Estado.
SEMANA: “El Estado nos dejó solos”, dice usted, en estos cuatro años. Es una afirmación bastante fuerte y quizá polémica. ¿Por qué dice eso?
G. L.: Los presupuestos de las entidades territoriales son muy cortos, y ninguna entidad territorial, ni del tamaño de una alcaldía capital o de una gobernación, puede asumir la responsabilidad del Ministerio de Defensa. No hay forma de equiparar los presupuestos, pero aun así el Valle del Cauca no falló, no quedó atrás.
Cuando tuvimos las primeras amenazas del uso de drones cargados con explosivos, salimos adelante: adquirimos los primeros sistemas, compramos radios de última tecnología como los Harris —la misma tecnología que usan los soldados americanos—, se los dimos a la Tercera Brigada del Ejército, les dimos sistemas antidrones semifijos, y hoy le estamos modernizando toda la red de comunicaciones a la Policía, con una inversión de 49.000 millones de pesos que pagan los vallecaucanos a través de la tasa de seguridad.
Al mismo tiempo, estamos ampliando el sistema de vigilancia del departamento para cubrir los 42 municipios, con una capacidad instalada como el Centro de Emergencia y Seguridad, que tiene capacidades tecnológicas muy robustas. Avanzamos en la coordinación institucional con la Fuerza Pública y las alcaldías, y demostramos que pudimos prepararnos para las elecciones legislativas, la primera y la segunda vuelta.
Sobre el apoyo del Gobierno Nacional: siempre pedimos la presencia del presidente, y las pocas veces que vino a atender la seguridad, recuerdo una en particular en la que nos tuvo cuatro horas esperando; llegó, nos escuchó, dijo tres cosas y se fue a un mitin político. Esa fue la respuesta del jefe de Estado.
En la grave crisis por el atentado contra la Escuela Marco Fidel Suárez, vino a decirnos que había que buscar cómo sacar la Base Aérea de Cali. Esas fueron las respuestas del jefe de Estado. Reconocemos que el ministro de Defensa, cuando lo llamábamos, nos atendía, pero el Valle del Cauca no tuvo un jefe de Estado que atendiera los problemas de orden público, y por eso me atrevo a decir que nos dejó solos estos cuatro años. Estamos seguros de que con el presidente Abelardo De La Espriella vamos a poder trabajar y continuar la tarea.
SEMANA: Hay un tema que preocupa mucho a las personas del Valle del Cauca, sobre todo en el sur del departamento: el crecimiento del secuestro exprés. Muchos de esos secuestros no se denuncian porque se arreglan económicamente con los captores, y en este caso muchos terminan en manos de las disidencias de las Farc en las montañas de Jamundí. ¿Qué saben ustedes sobre esta modalidad?
G. L.: Con el secuestro y la extorsión han pasado varias situaciones. La primera es el crecimiento de la extorsión vía telefónica, que en más del 85 % de los casos termina siendo desde una cárcel: es prácticamente una estafa donde le hacen creer a la persona que un familiar está retenido y le piden una transferencia.
Y la otra, que también hemos documentado, hace parte de ajustes de cuentas entre estructuras: detienen personas, se paga una gran cantidad de dinero, pero cuando la autoridad busca a las víctimas, deciden no denunciar porque hay otra situación detrás.
Por eso es muy importante que el ciudadano denuncie, para que la institucionalidad pueda actuar y el ente investigador pueda identificar a los actores.
También tenemos la otra circunstancia: muchos grupos de delincuencia común se hacen pasar por grandes estructuras —la Jaime Martínez, el ELN o el clan del Golfo— para atemorizar a la comunidad y sacarle provecho.
Voy a citar dos casos concretos: cuando tuvimos combates en la zona rural de Río Bravo, parte alta de La Colonia, identificamos cómo querían extorsionar a los comerciantes haciéndose pasar por la Jaime Martínez, pero realmente era delincuencia común.
E incluso en el centro del Valle, cuando se extraditó al bandido “Pipe Tuluá”, a algunos comerciantes les llegaban mensajes diciendo “Hola, soy Pipe, estamos recogiendo dineros para pagar abogados”, y realmente era delincuencia común.
Por eso es muy importante caracterizar el fenómeno, para poder tener una respuesta de fuerza que permita judicializar y desarticular estructuras de delincuencia común y cesar esa afectación.
SEMANA: Ya hablamos de Jamundí, pero el Valle tiene otras zonas que se podrían denominar zonas rojas o de especial cuidado: Buenaventura, Dagua, Tuluá y lo que está ocurriendo en Sevilla, donde en los últimos días fue asesinado un representante de la comunidad. De todas esas zonas, ¿cuál es la que más le preocupa hoy en el Valle del Cauca?
G. L.: Nos preocupa mucho que, con el crecimiento que han tenido los grupos armados organizados, los GAOR (Grupos Armados Organizados Residuales) y las bandas locales, empiecen a consolidar gobernanzas, y la apuesta del Estado es impedir eso: que las estructuras grandes como el Estado Mayor Central con la Jaime Martínez y el resto de sus estructuras, o el mismo clan del Golfo o el ELN, terminen subcontratando microbandas en los municipios para consolidar gobernanzas en términos de microtráfico y extorsión.
Así, quienes están en la zona rural ya no tendrían que bajar al casco urbano si subcontratan una banda local. Ese esfuerzo institucional no puede ser de una sola entidad, sino que demanda toda la capacidad del Estado para contener esa consolidación que se pretende hacer.
Mientras podamos tener la ayuda de los ciudadanos, la denuncia y las instituciones en bloque, vamos a poder enfrentarlos. Por eso la expectativa de trabajar con el presidente electo Abelardo De La Espriella, para consolidar las capacidades y el esfuerzo institucional que el departamento requiere.
SEMANA: Ya habló el presidente electo Abelardo De La Espriella de una estrategia que denominó “bloques urbanos de seguridad”. ¿Cómo ven eso? ¿Es aplicable al Valle del Cauca? Sacando a Cali, que ya sobrepasa los 500 homicidios, ¿en qué otro municipio se podría aplicar esta estrategia?
G. L.: De los 36 municipios que comprenden la jurisdicción del Departamento de Policía del Valle, tenemos municipios priorizados en donde la acción del Estado debe entrar con mayor fuerza: Tuluá, Buenaventura, Cartago y Sevilla son municipios en donde esa acción debe robustecerse.
Las acciones que emprenda el Estado-Nación, siempre en coordinación con las entidades territoriales, son bienvenidas. Las unidades estáticas que se han creado históricamente siempre han dado buenos resultados. Esperamos tener mayor ilustración sobre la propuesta, sobre los instrumentos que vamos a tener para coordinarla y cómo podemos ponerla en marcha rápidamente.
SEMANA: ¿Pero usted sí cree que es una buena idea?
G. L.: Sí. Lo que pasa es que, frente a la controversia que se ha presentado, yo creo que se apresuran a cuestionar una propuesta del presidente electo sin recibir mayor información de cómo funcionaría, qué unidades especiales la conformarían y cómo entrarían a operar. Lo que más necesitamos es la disposición de las entidades territoriales para consolidar esas acciones.
SEMANA: ¿Hoy el Valle del Cauca tiene una fuerza pública robusta, o nos falta mucho para llegar a ese equilibrio de una fuerza pública que responda?
G. L.: Siempre vamos a necesitar mayor capacidad y mucha más presencia, pero también la apuesta es que el componente tecnológico pueda estar presente, porque los hombres son muy costosos.
El proyecto que le mencionaba, la actualización de la red troncal, son 49.000 millones de pesos; la ampliación de todo el sistema de vigilancia para que una cámara en Alcalá, en Ulloa o en el municipio más lejano de la geografía departamental pueda conectarse con Buga, nuestro centro de gestión de emergencia y seguridad, y pueda tener un software de reconocimiento facial o de reconocimiento de placas.
También necesitamos los sistemas antidrones de la Policía Nacional y el Ejército, y el uso de drones de última tecnología; este año estamos en el proceso de adquirir nuevas tecnologías para nuestra Fuerza Pública.
Yo creo que el Valle del Cauca necesita un plan maestro de inversión de la Nación que permita robustecer esas capacidades, que no solo demandan la Policía y el Ejército, sino también nuestra Fuerza Aeroespacial, el Comando Aéreo de Combate número 7 y la Brigada de Infantería de Marina en Buenaventura. Esas necesidades están vigentes; hacemos esfuerzos con la tasa de seguridad para dar mejores herramientas, pero en una situación como la que vive el país, no es suficiente.
SEMANA: ¿Cómo está hoy la situación de Buenaventura? Con el fin de ese espacio sociojurídico entre ‘Los Shottas’ y ‘Los Espartanos’, ¿creen que se va a volver a disparar la violencia en Buenaventura? ¿Cómo está la ciudad puerto?
G. L.: Frente al proceso sociojurídico que adelanta el Gobierno, hay una tensa calma. Creemos que Buenaventura requiere que el nuevo Gobierno Nacional ponga su mirada allí, pero también tenemos que decir que en estos cuatro años a Buenaventura no le cumplieron: no le dieron acueducto, no le resolvieron el problema del dragado, ni el de la vía Mulaló-Loboguerrero.
Buenaventura no solo necesita que enfrentemos las bandas, también necesita inversión. Con la tasa de seguridad le hemos dado 200 cámaras con un sistema moderno de vigilancia, y con el concurso del entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se logró que Fonsecón también ayudara con alarmas satelitales y sistemas antidrones, y se ha robustecido la logística de nuestra Armada.
Es decir, Buenaventura no solo necesita la fuerza del Estado para enfrentar las bandas, sino también la inversión que demanda desde hace muchos años, como el acueducto.
SEMANA: En ese tema hay varios congresistas de la bancada de Gobierno que han sacado pecho de la gestión nacional en Buenaventura, y muchos de ellos critican fuertemente la gestión de la Gobernación del Valle y su gestión como secretario de Seguridad. ¿Qué les responde?
G. L.: Depende de quién nos critica. Si nos critican los autores de la paz total, me doy por bien servido.
Que critiquen a la gobernadora Dilian Francisca Toro como si ella hubiera sido presidenta y hubiera gobernado el país estos cuatro años… Uno de esos congresistas fue director del Departamento de Planeación Nacional: ¿qué le resolvieron a Buenaventura?
Nosotros sí hemos estado en las crisis de Buenaventura enfrentando la delincuencia con decisión. Recuerde el año pasado, cuando tuvimos la ola de violencia: la gobernadora trasladó todo el gobierno departamental, pusimos en marcha planes de choque, llevamos capacidades para enfrentar la situación.
No es suficiente, debemos hacer mayores esfuerzos, pero la pregunta es: ¿qué le dio el petrismo a Buenaventura?
No tengo problema con que cuestionen mi gestión; quienes estamos en el servicio público somos susceptibles a eso. Pero si quienes nos cuestionan son autores del desastre de orden público que hoy tenemos, me doy por bien servido.
SEMANA: Le cambio la pregunta: ¿Qué le dio el petrismo al Valle del Cauca en estos cuatro años?
G. L.: Le respondería como responden los expresidentes: “Siguiente pregunta”, amigo periodista.
SEMANA: Quisiera conocer un poco esos delitos que más se están reportando en el Valle del Cauca, en temas de seguridad urbana y rural. Ya hablamos de extorsión y de secuestro, pero hay un tema también de robos; vimos una escena muy crítica en zona rural de Buenaventura, donde secuestraron y luego aparecieron muertos dos familiares que estaban haciendo turismo allá. ¿Cuáles son los principales focos en los que están trabajando y que les preocupan?
G. L.: El delito es un fenómeno que muta permanentemente y evoluciona; el uso de drones cargados con explosivos es el mejor ejemplo; mire cómo rápidamente se convirtió en el principal instrumento de ataque a la Fuerza Pública.
Pero así como tenemos que enfrentar ese fenómeno, también tenemos que atacar el hurto en todas sus modalidades e ir a la raíz del problema, porque todo lo que se roba, alguien lo vende y alguien lo compra.
En todas nuestras ciudades donde hay una víctima de hurto, lo robado llega a un lugar donde se comercializa, y tenemos que hacer enormes esfuerzos, entre toda la institucionalidad, para intervenir esos lugares.
El hurto de celulares es prácticamente un delito transnacional, porque esos celulares terminan comercializándose en otros países, y viceversa; eso requiere mayores niveles de coordinación del Estado.
Es un poco el mismo ejercicio que intentamos con el tema de las estaciones de combustible, porque una estación de combustible no aparece de la nada: una alcaldía tiene que dar el permiso de construcción y un funcionario del Ministerio de Minas da un código SICOM para que pueda suministrar combustible.
Y aparecen en medio de las montañas, en corregimientos que no tienen ni 5.000 habitantes, vendiendo la mitad del combustible que vende Cali.
Eso es lo que debemos atender en conjunto como institucionalidad: ubicar la cadena logística donde se comercializa todo lo que afecta al ciudadano en el día a día —el hurto de su vehículo, de su moto, de su celular, el hurto a residencias— y que genera intranquilidad y percepción de inseguridad en nuestros municipios.
SEMANA: En ese tema de las estaciones de gasolina que denunciamos en SEMANA, ¿de quién fue el permiso? ¿De esta administración de Jamundí o de la pasada?
G. L.: Fue de la administración pasada de Jamundí. Hay una investigación en la Fiscalía que nosotros le pedimos a la Decoc, la Dirección Contra el Crimen Organizado, con quienes adelantamos mesas de coordinación e hicimos trabajos de campo muy importantes junto con la Fuerza Pública.
Identificamos el fenómeno en todo el departamento; no se puede dar mucho detalle, pero se entendió cuál era el objetivo de tener semejante infraestructura en lugares como estos.
En la operación que se hizo pública, y que ustedes vieron a través de los medios sobre la desarticulación de esta estructura criminal, se logró identificar que se trataba del suministro de combustible para el procesamiento de coca, a través de negocios legalmente constituidos.
SEMANA: Por último, secretario: el batallón de alta montaña de Jamundí, ¿para cuándo lo vamos a tener? ¿Cómo va ese proceso?
G. L.: El año pasado ya logramos adquirir el predio que cumple las condiciones. Pero recordemos a los vallecaucanos que ya teníamos un predio anterior, cedido por la Fiscalía General de la Nación, que luego, al hacer el estudio, el comando de ingenieros identificó que representaba una desventaja militar por su ubicación, dado el terreno montañoso.