En el Centro de Migraciones de Cúcuta, a donde han llegado en promedio unos 500 colombianos deportados de Venezuela desde el pasado sábado, el panorama es desolador. Mientras muchos hacen fila para el almuerzo que se les brinda en este lugar, Sandra Patricia Carrillo Silva no despega sus ojos del televisor, a la espera de una noticia: que se abra la frontera entre Colombia y Venezuela. Ella es una tolimense que hace 8 años fue desplazada por los paramilitares en zona rural de Venadillo, por lo que buscó asilo en Venezuela, donde se instaló con su esposo y sus dos hijas. Estando en San Antonio del Táchira, consiguió trabajo haciendo aseo en viviendas, y como todos los días llegaba a trabajar a las 8:30 de la mañana. “Pero el sábado los de la Guardia me agarraron la cédula y solo me dijeron que le iban a radiar para ver si yo tenía antecedentes. Todo fue a punta de mentiras porque me llevaron a una escuela de San Antonio, luego al Comando para reseñarme y luego me metieron en un patio con todos los deportados.” A media noche de ese sábado, ella y un promedio de 150 personas fueron encaramadas en un bus y trasladadas hacia la frontera con Colombia, para iniciar el proceso de deportación, el mismo que hoy tiene a los gobiernos de Colombia y Venezuela enfrascados en una crisis diplomática por cuenta del trato que han denunciado los inmigrantes. Lo que agrava la situación de Sandra Patricia es que su esposo, quien se dedica a la confección de los uniformes de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, ayer se quemó con gasolina parte de su cuerpo, lo que ha impedido que este se haga cargo de sus hijas, de 11 y 15 años de edad. “Yo llamé a las niñas a ver cómo estaban y no me querían contar lo que le había pasado al papá. Por fin pude comunicarme con él y me dijo que se le había prendido una gasolina que tenía para la moto. Lo único que sé es que fue trasladado a San Cristóbal (Venezuela), pero mis hijas están solitas, creo que ya se encontraron con mi patrona, a la que le hago el aseo”, expresó la mujer en medio del llanto. De este tamaño son las historias que se encuentren en este y otros tres albergues dispuestos en Cúcuta y el municipio de Villa del Rosario, hasta donde han llegado 785 deportados de Venezuela, según cifras de Migración Colombia y la Gobernación de Norte de Santander, quienes están conformando un puesto de mando unificado para atender las primeras necesidades de estos colombianos. En cabeza del proceso ha estado el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, quien insistió en que la prioridad en este momento para el Gobierno Nacional es que se respeten los derechos de los connacionales y exigió el buen trato para las personas que están regresando al país. Pero se enfocó en casos específicos, por ejemplo en el de la unión familia, pues fue enterado de diversos casos en los que los padres han tenido que separarse sus hijos, lo que podría atentar directamente contra los derechos de los niños. “El Gobierno se ha centrado en la reunificación familiar, estamos trabajando con las autoridades venezolanas, y esperamos que antes de que termine el día sean entregados a sus padres los primeros tres niños que se quedaron en Venezuela”, expresó el ministro del Interior. A los menores que referencia el ministro, se le suman otros 34 casos de niños que están en la misma situación, por lo que se espera que el gobierno venezolano autorice la salida de los niños de ese país o el ingreso de los padres para recogerlos y volver a salir –aún en calidad de deportados- “Esta es una situación humanitaria muy grave”, expresó Juan Fernando Cristo, al expresar que el gobierno de Nicolás Maduro también debe garantizar que se respeten los bienes muebles que tienen los colombianos que por años han vivido en Venezuela, pues una de las determinaciones del sucesor de Hugo Chávez, ha sido la demolición de las casas de madera de las invasiones ubicadas en San Antonio del Táchira. Una de las primeras acciones la está desarrollando la Registraduría Nacional del Estado Civil, al preparar lo necesario en la Registraduría Especial de Cúcuta y en otras fronterizas para documentar a quienes lo requieran. En delegado de la Registraduría Nacional en Norte de Santander, Roque Alirio Martínez, explicó que se van a atender categorías especiales que han sido identificadas en este éxodo de personas deportadas. “Se van a atender a los colombianos que hayan estado en Venezuela y que hayan extraviado su cédula, o a los que se las hayan decomisado por diversas razones. A ellos se les va a dar un duplicado. También vamos a atender a los colombianos que lleven 30 o 40 años en ese país y no tengan ningún documento; a ellos se les va a expedir por primera vez la cédula. Y a los hijos de colombianos que vivan en Venezuela también se les va a entregar su documento, para que puedan tener la doble nacionalidad”. El proceso de cedulación para estos deportados empezará una vez Migración Colombia le comparta a la Registraduría el listado de las personas que requieren de este servicio, pues según comentó Roque Alirio Martínez, estas personas ya no pueden regresar a Venezuela, por lo que el documento colombiano será de gran apoyo para iniciar trámites de cualquier especie en el país. La Canciller María Ángela Holguín expresó a la salida de una reunión con el gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz Contreras y con el ministro del Interior que hasta el 26 de agosto podrá reunirse con su homólogo de Venezuela, lo que preocupa a los cientos de deportados que permanecen en los albergues. “Mi labor es avanzar en el diálogo, y mi misión es resolver por las vías diplomáticas”, agregó la ministra. Por su parte el ministro Cristo no descarta que haya una conversación telefónica entre el presidente Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro para tratar directamente el tema que sigue ahondando la crisis en zona de frontera. Fotos SCHNEYDER MENDOZA