Una funcionaria de la Fiscalía en Medellín está buscando a toda costa que un juez de control de garantías emita una orden de captura que le permita poner tras las rejas a 22 personas señaladas de una estafa masiva que tiene entre sus víctimas a abuelos y hasta a jueces de la República ya pensionados.
Según las investigaciones, la banda usó como fachada empresas legalmente constituidas para ofrecer préstamos atractivos para las víctimas y beneficios jugosos en la estrategia comercial de acumulación de puntos en sus compras en tiendas de grandes superficies, para saquearles las tarjetas de crédito, y tiquetes aéreos a diferentes destinos a costos increíbles.
La concejal de Medellín Claudia Carrasquilla denunció en julio de 2025 que la banda usaba en las afueras de un reconocido centro comercial “arrastradores”, es decir, personas para llevar a los abuelitos a sus oficinas, para ofrecerles mejorarles su rendimiento en los puntos entregados por grandes almacenes por sus compras, acceder a sus tarjetas de crédito y sacarles altas sumas de dinero.
“Las cooptan, les preguntan si tienen puntos, cuando las víctimas responden, las ingresan al local, allí son robadas”, dijo la concejal.
“Por favor, ayúdennos a compartir esta denuncia entre abuelos, adultos mayores y nuestros papás para que no caigan”, manifestó el concejal Sebastián López Valencia.
La modalidad se extendió a varias ciudades, entre ellas Manizales. En la Fiscalía conocieron varias denuncias, adelantaron un certero operativo y lograron los primeros resultados: capturaron a 22 personas, entre ellas, el ciudadano peruano Samuel Cuesta, señalado de liderar la organización delincuencial.
El ente acusador las puso a disposición de la justicia el 27 de marzo para que un juez de control de garantías legalizara sus capturas para imputarles cargos por los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada, acceso abusivo a un sistema informático y violación de datos de uso personal agravados. Además, para pedir que se les enviara a prisión.
Sin embargo, la primera petición, la de legalizar las capturas de los 22 detenidos, se cayó. En consideración del juez 50 penal con función de control de garantías de Medellín, la fiscal del caso tardó en dejar a los detenidos a su disposición, pasaron las 36 horas que reglamenta la Ley 906 para ese fin y tuvo que dejarlos en libertad.
El caso fue comidilla de pasillo de funcionarios judiciales, expertos penalistas y hasta en otros despachos judiciales porque la fiscal apeló la decisión y después se retractó.
SEMANA conoció el oficio que la funcionaria emitió para pedirle al juez que omitiera su apelación.
“Comunico mi retractación de manera libre, voluntaria y sin presión alguna, en aras de la correcta administración de justicia y la economía procesal del RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en contra de su decisión, la cual fue adoptada en audiencia preliminar de fecha del 28 de marzo de 2026, mediante la cual se declaró la ilegalidad de la captura de los ciudadanos dejados a disposición el día 27 de marzo de 2026, con fundamento en el vencimiento del término constitucional de las 36 horas”, manifestó.
Ahora, trata a toda costa que otro juez de control de garantías le permita elevar órdenes de captura contra los implicados, entre ellos el peruano, de quien las autoridades saben que vive en una portentosa mansión en Llanogrande, propiedad que está en la mira para determinar si puede ser objeto de extinción de dominio para reparar a las víctimas.
Mientras eso sucede, los afectados, entre los que están reconocidos jueces ya pensionados de Medellín, analizan el futuro de la investigación y de una posible segunda fase del operativo que tendría alcance en ciudades como Cali y Bogotá, donde creen también hay personas afectadas por esa banda.
Algunos señalaron a sus seres queridos y las autoridades que fueron drogados para caer en las estafas, entre las que están ofertas de tiquetes aéreos a precios irrisorios.