El bazuco es la droga que más se comercializa en el Bronx de Medellín, una calle del centro de la ciudad donde están atrapadas 600 personas de diferentes nacionalidades. La sustancia tiene los desechos de la cocaína y múltiples materiales tóxicos que aumentan su volumen, haciéndola atractiva para los consumidores. Los efectos son devastadores.
Un sobre cuesta menos de $ 3.000 y el dinero lo consiguen con las ganancias que les deja el reciclaje y los robos. Ellos instalan el polvo blanco sobre una pipa, acercan una llama de candela, aspiran el elemento y luego se pierden en un viaje imaginario que, supuestamente, los libraría de preocupaciones, mientras están tendidos en la calle al margen de los riesgos.
Los peligros frecuentes son los biológicos: hay varias enfermedades y bacterias que trata de mitigar la Secretaría de Salud. En el mismo renglón están las fuertes confrontaciones entre habitantes en condición de calle por la droga: “Se me atacan o matan por el bazuco, casi siempre, con armas cortopunzantes”, dijo el coronel Eder Sánchez Mejía.
Una banda delincuencial es la encargada de controlar el tráfico de la sustancia. Durante el día, los compradores salen a rebuscar el dinero y retornan en la noche a sus cambuches de plástico para sacarle jugo a las monedas y billetes. En un par de horas, pueden gastarse hasta veinte dosis y se manifiesta en un deterioro neurológico, entre otros daños.
Las personas que tienen más recursos alquilan habitaciones en los edificios del Bronx. Los demás pasan la noche bajo carpas o, simplemente, se cubren del frío a cielo abierto. Bajo estas condiciones, la administración distrital ha caracterizado a 637 habitantes de y en calle que se han beneficiado de 16 jornadas en salud y otros servicios fundamentales.
Mientras que la Personería ha documentado a 40 extranjeros provenientes de Argentina (11 casos), Ecuador (9 casos), Estados Unidos (3 casos), Chole (3 casos), Brasil (2 casos), Costa Rica (1 caso), Canadá (un caso), Albania (1 caso), Noruega (1 caso), Bolivia (1 caso), Cuba (1 caso) y otras nacionalidades no identificadas en 9 casos.
Las quejas
Antes del 2018, este sector era un importante pasaje comercial que dejaba millones en ventas. No obstante, los ingresos se desplomaron con la expansión del bazuco. Se quebraron los arrendatarios y los propietarios de restaurantes, parqueaderos y tiendas.
También se esfumó la tranquilidad de los vecinos. Bajo reserva, detallaron que en el día no hay paz porque el sol despierta los malos olores, mientras que la noche no hay quién frene la algarabía de la gente: “Siempre hay escándalo, no dejan dormir, es un infierno tremendo”.
El Tribunal Administrativo de Antioquia acogió una acción popular que advertía de la vulneración de los derechos al goce de un ambiente sano, la salubridad y la seguridad. En efecto, llamó a varias instituciones a recuperar el orden y atender a los protagonistas.
Hace quince meses, se pidió poner en marcha un ‘plan integral focalizado’. Se pidió censar a los habitantes en condición de calle y buscar “estrategias que se puedan adoptar para invitarlos a que se acojan a la oferta pública existente para atender sus necesidades”.
A esa tarea fueron llamados la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las Empresas Varias de Medellín y la Fiscalía General de la Nación, quienes recibieron el ultimátum de cuatro meses para atender la orden del Tribunal.
Superado el tiempo, los magistrados concluyeron que las entidades no cumplieron con el fallo y multó con el pago de tres salarios mínimos mensuales vigentes a Daniel Quintero; a Isabel Cadavid, secretaria de Inclusión social; y a Martha Ciro, coordinadora del ICBF.
La administración distrital contrarió esta medida y aseguró que, junto a los demás convocados, ha caracterizado a los ciudadanos, tiene una persecución contra el microtráfico y ha establecido medidas para recuperar el espacio público.