La Conferencia Internacional de Planificación Familiar (ICFP 2025), que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones Ágora Bogotá, ha generado una fuerte controversia entre organizaciones provida.
El evento, organizado por Profamilia, la Fundación Valle del Lili, el Gobierno Nacional —a través de los ministerios de Relaciones Exteriores, Salud e Igualdad— y la Alcaldía Mayor de Bogotá, cuenta con el patrocinio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), FP2030 y la Universidad Johns Hopkins. Según los convocantes, reúne a más de cuatro mil promotores globales del aborto químico, quirúrgico y de la anticoncepción hormonal.
David Cote, abogado y activista provida, asegura que esta cumbre representa “una invasión ideológica disfrazada de salud pública”, financiada por entidades que promueven el aborto y la esterilización masiva a nivel global.
“Nos hablan de salud reproductiva, pero lo que traen es una agenda para promover clínicas de género y el aborto como negocio. Incluso crearon una mesa de fe y religión para manipular nuestras creencias. Quieren meterse hasta en nuestras iglesias”, afirmó Cote, quien advirtió que detrás del discurso de equidad “se esconde un proyecto para reducir drásticamente la natalidad en Colombia”.
Las cifras oficiales respaldan —según Cote— parte de esa preocupación. El DANE reportó 455 mil nacimientos en 2024, 60 mil menos que el año anterior, y una tasa de fecundidad de 1,6 hijos por mujer, la más baja registrada en el país. En contraste, se notificaron más de 80 mil abortos legales.
De continuar la tendencia, según explica el abogado, Colombia podría alcanzar una tasa de fecundidad de 1,3 en 2030, un punto crítico que anticiparía una crisis de pensiones y un déficit estimado en 20 billones de pesos anuales.
Los líderes provida exigen la “expulsión” de los promotores extranjeros, el retiro del apoyo estatal y una indemnización a Profamilia y a la IPPF por lo que califican como “seis décadas de esterilización sistemática”. También instan a la Alcaldía de Bogotá y a la Bancada Provida a impulsar políticas que “defiendan la vida, la familia y la soberanía moral del país”.