La historia de Daniela Mucutuy, una niña de 14 años asesinada en medio de combates entre las disidencias de Calarcá e Iván Mordisco, es profundamente dolorosa. Sin embargo, no se trata de un hecho aislado. Es el reflejo de una tragedia que Colombia ha padecido durante décadas. Bajo este Gobierno, el reclutamiento de niños ha aumentado de forma alarmante. Con la denominada política de ‘paz total’, se les dio poder a los grupos criminales para que siguieran reclutando menores como escudos humanos. Gustavo Petro pasará a la historia como el presidente que no protegió a la niñez colombiana de este crimen atroz.

Somos la historia de 18.677 menores reconocidos oficialmente por la JEP. Pero, para muchos de nosotros, la palabra “reclutamiento” no logra describir lo vivido: fuimos secuestrados, arrancados de nuestros hogares y obligados a vivir una guerra que nunca elegimos. Durante el proceso de paz se nos prometió que las víctimas seríamos el centro de los acuerdos; hoy, esa promesa se siente lejana, casi inexistente. Seguimos esperando verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Yo fui una de esas niñas. Tenía apenas 11 años cuando fui separada de mi madre. Como miles de menores en este país, viví el miedo, la violencia y los vejámenes más horribles y crueles. Quedaron heridas que aún no sanan. Aunque la JEP reconoce 18.677 víctimas, se estima que la cifra real podría superar los 60.000 menores reclutados.

Lo más grave es que este crimen no pertenece únicamente al pasado. El reclutamiento de menores continúa ocurriendo en Colombia y, mientras esto sucede, las víctimas seguimos esperando respuestas que no llegan.

Decidí contar mi verdad, aun sabiendo el costo emocional que implicaba. Durante ocho horas relaté ante la JEP los abusos, las torturas y la violencia que sufrí siendo una niña. Revivir cada momento fue profundamente doloroso. Hoy me pregunto si valió la pena abrir nuevamente esas heridas cuando, en la práctica, todo parece seguir igual.

Lo que más duele no es solo el recuerdo; es el contraste entre la realidad de las víctimas y la de los victimarios. Mientras miles de nosotros enfrentamos secuelas psicológicas, dificultades económicas, amenazas y abandono institucional, los responsables ocupan espacios de poder, gozan de visibilidad política y disfrutan de privilegios.

Esta situación genera una profunda sensación de injusticia, tristeza y rabia. No buscamos venganza, pero resulta difícil hablar de reconciliación cuando no se ha dicho toda la verdad ni se ha hecho justicia frente a los crímenes cometidos y sus consecuencias.

Soy víctima directa acreditada y denuncié a la senadora Sandra Ramírez como una de las máximas responsables de los abusos que sufrí, por órdenes de esa mujer que perteneció durante 35 años a esa organización terrorista: las Farc. Como yo, otras víctimas también han presentado denuncias en su contra. Fevcol ha solicitado en reiteradas ocasiones su vinculación al Macrocaso 07, pero hasta hoy ni siquiera ha sido llamada a rendir declaración libre y voluntaria.

Como víctima, hay una pregunta legítima que no puedo dejar de hacer: ¿por qué, después de un año, estas denuncias no parecen avanzar? La inquietud crece al conocer que Blanca del Pilar Rueda Jiménez, esposa del candidato presidencial Iván Cepeda Castro, se desempeña desde 2018 como asesora y coordinadora en la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. A esto se suma la participación activa de Sandra Ramírez en la campaña política de Iván Cepeda.

No afirmo que exista irregularidad alguna. Expreso, sí, una preocupación legítima como víctima que espera respuestas claras. ¿Tenemos las víctimas todas las garantías de imparcialidad que merecemos?

Hago un llamado al próximo gobierno de Colombia para que la protección de la niñez sea una prioridad nacional. Es urgente una política pública firme contra el reclutamiento forzado, con medidas efectivas de prevención, protección, atención integral a las víctimas y sanciones reales para los responsables.

Que nunca más se le arrebate la infancia a un niño colombiano. Que nunca más una niña tenga que crecer entre el miedo y la violencia. Las víctimas no queremos privilegios; exigimos verdad, justicia, reparación digna y garantías de no repetición.

Porque, mientras los victimarios acumulen poder y las víctimas continúen en el abandono, Colombia seguirá teniendo una deuda con las 18.677 víctimas inocentes que hoy claman por justicia.

La paz no consiste únicamente en firmar acuerdos. La paz se construye cuando la verdad sale a la luz, cuando la justicia actúa y cuando ningún niño vuelve a ser utilizado como botín de guerra.