Retorno, por su enorme gravedad, a los ataques homicidas que ya de modo rutinario se realizan en frente de nuestras costas por los Estados Unidos. Igualmente, lo hago porque ellos son el preludio de la política “Lanza del Sur”, que según el “Secretario de Guerra” (antes llamado de “Defensa”), busca eliminar “a los narcoterroristas de nuestro hemisferio” y proteger “a nuestra patria de las drogas que matan a la gente”. No conocemos aún sus alcances, pero su solo nombre ya suscita preocupación: la operación “Lanza de Neptuno”, realizada en Pakistán a espaldas de su gobierno en 2011, que tuvo por objeto dar de baja a Osama Bin Laden. Con base en este precedente al parecer los Yanquis podrían venir por Maduro. Y no solo por él. ¿Me explico?

Desde el punto de vista jurídico, la crítica a las actuaciones en curso, y las que se vislumbran, tienen varias dimensiones que es preciso examinar separadamente.

Una primera objeción se plantea desde la óptica de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Allí se establece, con meridiana claridad, que no es permitido dar de baja a nadie porque el derecho a la vida y al debido proceso son el núcleo de los derechos humanos. Y de ellos también gozan -óigase bien- los delincuentes, reales o presuntos.

Todas las legislaciones del mundo, incluida la de Estados Unidos, son coherentes con esa declaración, que es universal, pero no absoluta: se puede matar en defensa de la vida, o en el desarrollo de conflictos armados, pero respetando, en este caso, las restricciones establecidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH). En este plano de la discusión, la postura estadounidense ha recibido un rechazo generalizado de Naciones Unidas, la Unión Europea, Gran Bretaña, Brasil y México. Estados Unidos, consciente de lo que hace, se va quedando sin aliados. Los dirigentes chinos deben estar observando los acontecimientos con una discreta sonrisa.

Refutado este aspecto de la postura norteamericana, que es la más débil, es necesario considerar otros aspectos:

1) Que los actos terroristas activan el derecho de defensa contenido en la Carta de Naciones Unidas y justifican la guerra del país amenazado contra el agresor.

Aunque no existe en el Derecho internacional una definición normativa del concepto de “terrorismo”, en general se entiende que se trata de: (i) actos delictivos, (ii) realizados con la intención de sembrar miedo en la población civil o de coaccionar a las autoridades de un país, (iii) realizados por un gobierno extranjero o facilitados por su impotencia.

En 2001, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas calificó como actos terroristas los ataques contra las Torres Gemelas y el Pentágono, y dio a entender que las acciones militares de los Estados Unidos en contra de Afganistán -albergue de Al Qaeda, autor de esos atentados- estaban justificadas en ejercicio del derecho de defensa previsto en la Carta de Naciones Unidas.

Fue esa una posición acertada. La naturaleza de los hechos encaja con la definición propuesta, que es la que acogen las legislaciones de Estados Unidos y Colombia. En consecuencia, es correcto afirmar que la ocurrencia de actos terroristas de carácter internacional justifica una guerra defensiva.

2) Que al derecho de defensa contra el terrorismo no aplican las limitaciones que impone el Derecho Internacional Humanitario.

La afirmación de Trump según la cual “simplemente vamos a matar a las personas que traen drogas a nuestro país”, es cualquier cosa menos simple. Nada permite concluir que la calificación de los atentados del 7/11 como terroristas por Naciones Unidas le dé carta blanca para definir con autonomía qué son actos terroristas y como se combaten. Su país está sometido por los Acuerdos de Ginebra que regulan las guerras internacionales, los conflictos internos y las restricciones aplicables a las partes combatientes. Además, está obligado a respetar su propia legislación, que es coincidente con la internacional. El presidente Trump carece de razón.

3) Que el narcotráfico es, per se, una actividad terrorista.

Los narcotraficantes pueden ser financiadores de actos terroristas, pero no son terroristas por naturaleza. No se puede confundir lo que es posible con lo que resulta inexorable. Terrorismo y narcotráfico son conceptos distintos. Sin embargo, si todos los traficantes fueran necesariamente terroristas, las ejecuciones sumarias deberían extenderse a las calles de New York y Los Ángeles. Sorprende igualmente que se diga que los recursos derivados de esa actividad ilícita se destinan a la compra de armas, cuando el mercado de armas es libre en el territorio estadounidense. Es evidente la doble moral de Washington.

Otras dos cuestiones me parecen fundamentales. Es razonable afirmar que las políticas seguidas por Colombia han estimulado el narcotráfico (esa es una de las lamentables consecuencias de la Paz Total), pero que nuestro gobierno adopte malas decisiones no convierte a quien lo preside en jefe de un cartel. Por último, es falaz sostener que como las drogas ilícitas causan un problema de salud, su comercio conlleva, por sí mismo, la realización de actos terroristas. No se pueden torcer la lógica y el lenguaje hasta esos extremos.

A algunos lectores les podrá parecer el debate precedente complejo y aburrido. Lo es. Solo les pido que tengan en cuenta que está en juego la soberanía de varios países de la región (México, Ecuador y Colombia, por ejemplo) cuyas instituciones son democráticas, no solo de Venezuela que es una dictadura.

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El presidente Petro ha expresado su rechazo a unas acciones criminales que suceden en nuestras fronteras marítimas. A pesar de sus malas maneras, tiene razón. Ahora es menester que los sectores de oposición y la sociedad civil levanten sus voces de rechazo, tanto con relación a lo que ocurre, sino igualmente con lo que podría ocurrir. Que Trump sea enemigo de Petro, a quien muchos rechazamos, no puede traducirse en un respaldo silencioso a acciones y precedentes dañinos para Colombia. En 1922, en un momento de tensiones políticas parecidas a las de hoy, el General Benjamín Herrera, líder del partido Liberal, señaló que había que colocar a ”la Patria por encima de los partidos”. Sabias palabras.

Epígrafe. Eleanor Roosevelt, la gran apóstol estadounidense de los Derechos Humanos, escribió: “Tenemos que afrontar el hecho de que o vamos a morir juntos o vamos a aprender a vivir juntos. Y si vivimos juntos, tenemos que hablar”.