Dijo alguna vez el presidente Turbay que “había que reducir la corrupción a sus justas proporciones”. A los jóvenes arrogantes de la época (que son los de todas), nos escandalizó esa afirmación: “¡El objetivo tiene que ser otro: erradicarla de una vez y para siempre!”, fue lo que pensamos. Buen paradigma, sí, pero de imposible cumplimiento. La corrupción está siempre ahí, al acecho de una oportunidad, como el tigre o jaguar que se acerca al indefenso venado o paloma. La corrupción es una patología consustancial a la política y, por paradójico que parezca, es un fenómeno más agudo en los regímenes democráticos que en los autoritarios, pues en estos no existe una división nítida entre lo público y lo privado.

Cicerón, en el “Libro de los Oficios”, lo señala con claridad: “La República no puede mantenerse si los cargos públicos se convierten en botín”. Fue exactamente lo que pasó en el gobierno precedente. La consigna parece haber sido: “Si no podemos repartir la riqueza de la sociedad, al menos apropiémonos de los recursos del Estado”.

De allí el desenfreno en la contratación de asesores y el terremoto de subsidios financiados con deuda. El resultado de torvas acciones como estas es, en palabras de Cicerón, que “Nada destruye más la confianza pública que la sospecha de venalidad”. Solo que toma tiempo destapar esos crímenes para que la ciudadanía rechace a los corruptos. Por eso casi ganan…

Al diseñar una nueva política para superar los estropicios del reciente cuatrenio y avanzar de nuevo, hay errores que no se pueden cometer. Por ejemplo, creer que el problema se resuelve creando nuevos tipos delictuales y aumentando las penas. Ya tenemos un inventario amplio de aquellos; dado que la impunidad es elevada, el riesgo de tener que responder ante la justicia es mínimo. Hacer más operativa la justicia es una tarea indispensable.

Cierto es que, ante los conatos de demolición de las instituciones adelantados por el petrismo y muchos de los suyos, magistrados, jueces y órganos de control jugaron un papel de enorme valor. Sin embargo, con relación a estos últimos, es preciso saber si los dineros que a ellos se asignan corresponden a los beneficios que la sociedad recibe.

Respecto de la Contraloría General, anoto que una y otra vez se ha señalado que las sumas que se recuperan por detrimento fiscal son mínimas. Que las imputaciones que en muchos casos se realizan carecen de fundamento y terminan en nada después de que los acusados realizaron gastos cuantiosos para defenderse; la investigación por el accidente de Hidroituango fue un caso notable de mal criterio y oportunismo político, que casi hunde un proyecto vital para el país y puso en jaque la estabilidad de empresas de las Empresas Públicas de Medellín. Sabemos igualmente que la Contraloría es el coto de caza de los representantes a la Cámara, que son quienes eligen al contralor. A la Procuraduría se le reprochan muchas fallas, entre ellas que duplica funciones de la justicia ordinaria y que su participación obligatoria en muchos procesos es inútil. Por estas razones, sería muy valioso contratar estudios independientes para evaluar el desempeño de ambos organismos y proponer ajustes de fondo.

Ahora quiero mencionar algunos cíclopes malignos que es preciso derrotar, como lo hizo Ulises y lo narra La Odisea. (La película reciente es pésima).

El primer monstruo es la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, que está integrada por seis congresistas. Su función principal es emitir conceptos obligatorios no vinculantes con relación a ciertas operaciones de crédito externo. Su capacidad de extorsión es colosal: les basta no sesionar a menos que el gobierno les conceda determinados beneficios, que son nominalmente para sus regiones, pero que, en realidad, esconden gabelas personales. Hay que acabar ese engendro diabólico de un tajo. En la actualidad existen mecanismos mejores para velar por la prudencia en el financiamiento del Estado. Su eje es la regla fiscal.

El segundo endriago es este. Desde la Carta de 1886, la destitución del presidente por indignidad en el ejercicio del cargo y su responsabilidad en materia penal dependen de un proceso político en las Cámaras. Hasta ahora, el mecanismo jamás ha funcionado con relación a un presidente en ejercicio. Ni es factible que funcione. Una de las primeras tareas que cada presidente suele realizar al iniciar su mandato es asegurarse un poder de veto en la llamada Comisión de “Absoluciones” de la Cámara de Representantes.

¿Qué hacer? Eliminar la responsabilidad por indignidad presidencial, que es un concepto político evanescente; es mejor que los ciudadanos castiguen al gobernante indigno y a su partido en los siguientes comicios. En cuanto a la responsabilidad penal y disciplinaria del presidente, se procedería —sin pasar por el Congreso— ante la Corte Suprema.

Y el tercer ser venido del averno es el Consejo Nacional Electoral. Es una vergüenza que unos “magistrados”, carentes de formación adecuada, pues lo suyo es la política, diriman las contiendas que plantean otros políticos en temas tan importantes como la reposición de gastos de campaña, la personería jurídica de los partidos y la superación de topes de gasto en los comicios presidenciales. El conflicto de intereses es insoluble: de ordinario votan en función de sus afinidades partidistas.

El tejemaneje con fondos de la nación que, de manera discrecional, el gobierno transfiere a las entidades territoriales, no puede ser más turbio. Los parlamentarios buscan que se les asignen a sus zonas de origen con argumentos que pueden parecer correctos. Sin embargo, muchas veces se transfieren previo acuerdo con autoridades locales y la designación del contratista que los ejecutará. Supongo que todos ellos le dirán a sus “ángeles de la guarda” que es justo que ganen una comisión por su valiosa intermediación. Así, tal vez, puedan dormir bien.

Para resolver este torcido se han planteado muchas fórmulas, tales como establecer una suma anual para financiar proyectos derivados del Plan Nacional de Desarrollo por los que las diferentes bancadas compiten (no los parlamentarios en “grupitos de a uno”). Es buena idea introducir transparencia y competencia.

Estos son grandes retos que, ojalá, la “Patria milagro” sea capaz de resolver.

Briznas poéticas. En mi ida juventud leíamos a Pablo Neruda. Creíamos estar inventando el amor.

¡Ah, vastedad de pinos, rumor de olas quebrándose!

Lento juego de luces, campana solitaria.

Crepúsculo cayendo en tus ojos, muñeca.

¡Caracola terrestre, en ti la tierra canta!