Existen mitos en la política económica colombiana que parecen más dogmas que hipótesis. Uno de ellos sostiene que el gasto público es inflexible: que difícilmente se puede contraer y que, por tanto, es casi imposible hacer ajustes fiscales. Este paradigma nos ha llevado a creer que la única manera de sostener el gasto creciente del Estado es subir impuestos o seguir endeudándose. Es hora de cuestionarlo.

Revisemos primero la evidencia. Sean cuales sean las razones, el gasto público como porcentaje del PIB ha crecido de forma desmedida. Entre 1960 y 1980 rondaba apenas entre el 10 % y el 15 %. Con la Constitución de 1991, cuando el Estado asumió la obligación de financiar la salud y la educación, saltó al 24 % hacia finales de esa década. En las primeras dos décadas del siglo XXI se estabilizó y creció gradualmente, entre el 26 % y el 28 %. Desde 2020, la pandemia, los subsidios masivos como Ingreso Solidario y el mayor costo de la deuda pública llevaron el gasto total consolidado a un nuevo nivel estructural: el 34,3 % del PIB actual.

Entre el 60 % y el 65 % del presupuesto de la nación se destina a funcionamiento. De ese monto, el 75 % se transfiere a las regiones, el 20 % se va en nóminas y el 5 % en bienes y servicios. Por sectores, el 20 % corresponde a salud, otro 20 % a educación, el 16 % a la Policía y las Fuerzas Armadas, el 14 % a completar las pensiones y el 28 % restante al funcionamiento del Estado, incluida la justicia. El 35 % o 40 % restante se va en el servicio de la deuda y la inversión de largo plazo, que no es tan inversión como se cree: en ese rubro se clasifican la inclusión social y la solidaridad, los subsidios de vivienda y de energía y gas para estratos bajos, y los créditos del Icetex, que en conjunto suman el 1,4 % del PIB.

Las cifras dejan claro que el Estado no necesita recortes improvisados como los que hizo el gobierno Petro con los subsidios de vivienda. Reducir el gasto público en un 4 % para llevar el déficit fiscal a un nivel sostenible exige estrategias estructurales en tres frentes.

El primer rubro contiene los sectores más evidentes: salud y educación. Un recorte del 10 % por eficiencia en ellos llevaría el déficit fiscal del 8 % al 6 %. Con las ineficiencias de estos sectores, dominados por Fecode y por EPS públicas con graves problemas de gestión, no debería ser difícil encontrar esos ahorros, y al mismo tiempo se puede mejorar la calidad del servicio. Eso sí, se requiere voluntad política para implementar planes creíbles y tocar a sectores privilegiados que no crean valor. El gasto en defensa también merece revisión, sobre todo contratos como el de los aviones Gripen, equivalente al 26 % del presupuesto anual del sector, que podrían evaluarse en función de una operación más eficaz.

El segundo frente es una contrarreforma pensional sostenible que ajuste la edad de pensión, la variable que más impacta los costos. Desde 1991, la esperanza de vida en Colombia ha subido siete años en las mujeres y diez en los hombres, y la ley debería reflejarlo prolongando la vida laboral. Cada año que se aumenta la edad de pensión le ahorra al Estado el 0,2 % del PIB; es decir, elevarla cinco años aportaría un 1 % adicional.

El tercer frente es la deuda. La Nación posee infinidad de activos no operacionales, a los cuales no les da uso, que en caso de venderlos pueden rebajar de manera significativamente la deuda pública. Se trata de entregar activos que hoy no tienen ningún retorno para pagar deuda que, esta si, tiene un costo.

Por último, hay mangos bajitos que se deben agarrar ya. El primero es prohibir que los contratos a término fijo de funcionarios nombrados por el gobierno de turno se extiendan más de tres meses después de la llegada de un nuevo gobierno, una práctica cuyo costo actual equivale al 0,5 % del PIB, o a 26.000 horas de vuelo de un avión Gripen. El segundo es crear mecanismos de revisión público privados para los procesos de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que destina cerca de 10 billones de pesos a demandas como la que el Estado perdió ante el Ciadi frente a Telefónica, donde la agencia olvidó presentar la garantía para suspender el pago. De nuevo, la inflexibilidad no significa que el gasto no sea impactable, sino que hay que impactarlo de forma estructurada.