Estamos hasta la coronilla de leer o de escuchar acerca de Petro, su desastroso Gobierno, la corrupción generada a su alrededor, la protección a los delincuentes, el odio hacia la Fuerza Pública y hacia quienes han forjado un capital, pero lo más preocupante es lo que este nefasto personaje ha dicho acerca de conformar ‘guardias libertadoras’, más comúnmente llamadas ‘milicias populares’, como las que han hecho tanto daño en Cuba, Nicaragua o Venezuela, únicamente para conquistar el poder por la fuerza de las armas, después de generar ríos de sangre.

La democracia eligió al presidente De La Espriella para que en el período 2026-2030 dirija los destinos del país, pero Petro, sus vasallos y la colectividad comunista internacional no han podido digerir el resultado, a pesar de las artimañas que adelantaron para colocar a Cepeda en el solio de Bolívar; posiblemente el intempestivo viaje de Petro a Cuba, antes de su salida del poder, tuvo como objetivo escuchar en vivo y en directo las órdenes que ‘sus superiores ideológicos’ emitieron para generar el caos y la anarquía, buscando desprestigiar al nuevo Gobierno.

Petro dividió ideológicamente a Colombia: unas mayorías que creen en la democracia y en las libertades, que invierten su capital para generar empleo y riqueza, que buscan desarrollo y bienestar para las comunidades, que pagan impuestos para que el Estado beneficie a los menos favorecidos; mayorías odiadas por el comunismo y exprimidas por unas minorías abrazadas al comunismo que imponen sus caprichos, que exigen al Estado y a la sociedad sin aportar nada, que usan la violencia para reclamar derechos inexistentes, minorías que son satisfechas por gobiernos complacientes que quieren repartir gratis lo que unos han trabajado toda su vida.

En el mismo territorio colombiano hay dos países muy diferentes: el de las mayorías, que están sujetas a leyes y normas que regulan la sana convivencia de una sociedad, mientras que, por otra parte, las minorías tienen leyes diferentes, reciben inmensas cantidades de dinero del Estado, les otorgan gratis millones de hectáreas de tierra, cultivan coca a diestra y siniestra, invocan una deuda histórica que no tiene justificación y son ‘pasto tierno’ para todos los diferentes grupos criminales que ‘los usan’ para satisfacer sus intereses políticos, como lo hizo Petro con las mingas.

El Gobierno ‘progre’ impulsó la validación de las mal llamadas guardias indígenas, campesinas y cimarronas, llegando Petro a la aberración de buscar la conformación de las ‘guardias libertadoras’, concebidas como ‘milicias populares’. La Constitución reconoce ciertos grados de autonomía a las minorías étnicas, pero la posibilidad de armar a estas organizaciones vulnera la democracia; la milicianización del tejido social bajo la justificación del ‘poder popular’ que tanto menciona la izquierda en su narrativa es el camino para instalar, por una parte, la violencia partidista y, por otra, el paramilitarismo que tanto daño ha causado en el pasado.

Es importante recordar que el monopolio del uso legítimo de la fuerza lo tiene el Estado. Cuando este privilegio se debilita en forma deliberada y, más aún, cuando se invita a conformar una resistencia contra el Estado, se está atacando a la democracia. Las estructuras indígenas han bloqueado vías, han cercado bases militares, han secuestrado a miembros de la Fuerza Pública, calificando estos actos como ‘retenciones comunitarias’, figura que no es considerada en la ley colombiana; sin embargo, este delito no es sancionado penalmente por las mayorías.

Los colombianos están invadidos por la felicidad de la llegada de un nuevo Gobierno cargado de esperanza y grandes ilusiones, pero parece que la gente no le está dando la importancia que representan las declaraciones de Petro, cuando solicitó a los movimientos estudiantiles, campesinos y a las comunidades étnicas conformar las ‘guardias libertadoras’ para actuar contra el Gobierno del presidente De La Espriella, al cual la izquierda no reconoce su triunfo en las elecciones; estos han mencionado que ‘le pondrán el palo a la rueda’ para impedir que el Gobierno pueda actuar.

Es muy cierto que, con la llegada del nuevo Gobierno, fortalecido con un equipo de profesionales de lujo, podemos decir que ‘pasamos la página’, pero no podemos desconocer que los ‘zurdos’ están impulsando la desestabilización del orden público como una estrategia de oposición al presidente De La Espriella; la promoción de milicias urbanas, guardias campesinas, indígenas y cimarronas con la posibilidad de armarse constituye un gravísimo retroceso institucional y una afrenta a la democracia.

La propuesta de Petro de instrumentalizar las ‘guardias libertadoras’ socava los cimientos de la paz y debilita la soberanía del Estado. El incentivar la creación de ejércitos ilegales es un delito y, por tanto, le corresponde al Estado emplear todas sus capacidades para mantener el monopolio legítimo del uso de la fuerza y para garantizar la protección de todos los ciudadanos.