Las calles de Francia convertidas en campos de batalla deberían sacudir a quienes todavía creen que el bienestar se decreta y que la autoridad es un estorbo. Lo que empezó como protestas por el alza en el costo de vida y el deterioro de la educación pública terminó en comercios saqueados, vehículos incendiados, edificios públicos atacados y ciudadanos expuestos a una violencia que no tendrían por qué soportar.

El fuego ya alcanzó a Italia, Bélgica, Portugal, Grecia, Albania y España. Cada jornada bajo intimidación revela una fractura en la obligación más elemental del Estado: proteger a las personas y hacer cumplir la ley.

Comprender la crisis exige examinar ambas cosas: la perversa intención de quienes instrumentalizan el malestar y convierten los deseos en derechos para justificar el caos y la violencia; y las fallas de un modelo estatista que acumula promesas cada vez más difíciles de cumplir.

Ninguna reivindicación educativa, laboral o económica concede permiso para arrasar. Una democracia pierde el rumbo cuando exige comprensión para los violentos y resignación para sus víctimas.

La estrategia del caos avanza en el corazón de Occidente, la civilización que garantiza la libertad y defiende la dignidad humana. ¿Por qué?

Porque el afán de permanecer en el poder propició un gasto desmedido que después resultó imposible sostener con el recaudo, y porque la visión buenista de los socialdemócratas compró la deuda histórica como premisa para justificarlo.

La discusión debe ir más allá de exigir nuevos recursos: hay que examinar qué resultados se obtienen con los que ya se cobran y qué compromisos se están trasladando a las siguientes generaciones.

Durante demasiado tiempo, el debate político ha tratado la creación de riqueza como un asunto secundario frente a su distribución. Pero toda política social necesita una base económica que la sostenga: empleo, inversión, ahorro y productividad. Cuando esa base se debilita, las promesas desbordadas compiten con recursos que no alcanzan. Ese descontento se convierte en terreno fértil para quienes instrumentalizan las movilizaciones y utilizan la violencia para socavar las instituciones que garantizan la libertad.

Cientos de miles de migrantes cruzaron las fronteras con la expectativa de recibir beneficios a los que nunca accederán ni siquiera los propios nacionales. La tesis del ‘enriquecimiento cultural’ y la tolerancia sin exigencias fracasó como fórmula de integración. Las segundas y terceras generaciones de migrantes rechazan de tajo los países de acogida. ¿Qué les pasaría si saquearan y destruyeran en sus países de origen?

Y, detrás, todo un andamiaje globalista que impone directrices a las naciones de la Unión Europea, cada vez más subordinadas a las decisiones de Bruselas. A ello se suma una red de ONG financiadas por magnates como George Soros, mientras las redes de desinformación amplifican los mensajes y alimentan la zozobra.

A este escenario se suma la posible injerencia rusa. Según el Financial Times, las autoridades europeas investigan cuentas prorrusas que han difundido videos violentos y narrativas falsas para exacerbar el caos, alimentar la división y debilitar la confianza en las instituciones.

Hay igualmente una responsabilidad política en los dirigentes que relativizan el vandalismo cuando creen que sirve a sus intereses. Esa indulgencia ideológica deteriora la credibilidad del ciudadano que observa, impotente, cómo lo construido se deshace en medio de una guerra no convencional.

La responsabilidad de quienes gobiernan es inexcusable. Emmanuel Macron debe responder por la falta de previsión, las fallas en la protección de la población y la incapacidad para impedir que los violentos se apoderaran de las manifestaciones. Condenar los destrozos después de permitir que el caos se imponga es una reacción tardía que no repara el daño ni lo exime de rendir cuentas.

Gobernar exige reconocer límites y establecer prioridades, incluso cuando hacerlo tenga un costo político. Y la convivencia requiere ciudadanos responsables y gobernantes que rindan cuentas.

En Colombia ya conocimos esta receta de caos y anarquía, alentada por Gustavo Petro y aliados como Gustavo Bolívar. El rechazo a la reforma tributaria de Iván Duque sirvió de bandera para unas movilizaciones que después dieron paso a una profunda contradicción: quienes se opusieron a cobrar más impuestos terminaron defendiendo una reforma que aumentó la carga tributaria bajo el Gobierno Petro.

Por eso debemos observar este momento con especial atención. Ya conocemos el costo de permitir que la violencia condicione las decisiones públicas y que una demanda legítima termine secuestrada por quienes recurren al bloqueo y la intimidación. Los desestabilizadores explotan causas justas para imponer sus propios intereses. Así, el malestar ciudadano se convierte en combustible para el caos.

Nuestra Constitución protege la manifestación pública y pacífica. Garantizarla exige proteger a quien marcha y a quien necesita trabajar, estudiar o transitar. La autoridad tiene que preservar esos derechos y actuar contra las conductas que los vulneran.

¿Por qué arde Europa? Porque un estado de bienestar que promete cada vez más de lo que puede sostener termina enfrentado a sus propias contradicciones, y porque una autoridad incapaz de contener la violencia deja al ciudadano a merced del caos. Sin orden no hay libertad. La tarea de quien gobierna es proteger a la población, hacer cumplir la ley y garantizar las condiciones para que el trabajo y el esfuerzo tengan futuro.