La llegada de las baterías al Sistema Interconectado Nacional empieza a ocupar un lugar importante en la conversación energética del país. La regulación avanzó, existen reglas para conectarlas a la red y Colombia adjudicó recientemente cerca de 100 MW de almacenamiento asociados con unos 270 MW solares. Pero hay algo que no deberíamos perder de vista: Colombia no empieza de cero.

En las Zonas No Interconectadas (ZNI) operan desde hace años sistemas que combinan generación diésel, paneles solares y almacenamiento. He trabajado durante más de una década en proyectos en estas regiones y allí he podido comprobar algo que a veces se pierde entre modelos y presentaciones: una batería no vale simplemente por su capacidad instalada. Vale por cómo se opera y por el problema que realmente resuelve.

La misma tecnología puede dar resultados muy distintos según sus ciclos de carga y descarga, la temperatura, el mantenimiento y la estrategia de operación. También aprendimos que el reemplazo de los bancos debe estar en las cuentas desde el primer día. Un proyecto puede verse atractivo hasta que llega ese momento y ese costo no estaba bien previsto. Sobre todo, aprendimos a medir el almacenamiento por lo que entrega: galones de diésel que se dejaron de quemar, horas adicionales de servicio y mayor continuidad para una comunidad.

Esa experiencia importa ahora porque el Sistema Interconectado va a necesitar más flexibilidad. Según XM, al cierre de marzo de 2026, la energía solar representaba el 8,7 % de la capacidad efectiva neta del sistema. Esa participación seguirá creciendo. Tendremos más energía disponible durante las horas de sol y una reducción rápida de esa generación al final de la tarde, precisamente cuando el sistema puede seguir exigiendo potencia.

Ahí está, para mí, el verdadero valor del almacenamiento: una batería no genera energía, pero permite administrarla en el tiempo.

Además, la economía cambió. IRENA estima que entre 2010 y 2024 el costo instalado de los sistemas de baterías a escala de red cayó el 93 %, hasta alrededor de US$192 por kWh de capacidad. Lo que hace una década podía descartarse por costoso, hoy merece entrar seriamente en las decisiones de expansión.

Aquí aparece la pregunta que considero fundamental: ¿quién paga y qué recibe a cambio? Cada inversión que hagamos en redes, generación o almacenamiento termina reflejándose, de una u otra manera, en el costo del sistema y, finalmente, en el usuario.

Por eso la UPME debería incorporar de manera sistemática el almacenamiento dentro de las alternativas que compara al planear la expansión. Si una línea o una subestación presenta congestión durante unas pocas horas, deberíamos poder comparar, con los mismos criterios, cuánto cuesta reforzar la infraestructura y cuánto cuesta ubicar almacenamiento estratégicamente. Si la línea es la solución más eficiente, que se construya. Si una batería resuelve el problema a menor costo, el sistema debería tener la capacidad de escogerla.

Algo parecido ocurre con la confiabilidad. Hoy los sistemas independientes de almacenamiento no participan en el cargo por confiabilidad. Es válido discutir si en el futuro deben recibir algún reconocimiento por su aporte durante horas críticas, pero ese reconocimiento tendría que depender del desempeño real: cuánta energía pueden entregar, durante cuánto tiempo y con qué disponibilidad.

El usuario no debería pagar por una confiabilidad que existe solamente sobre el papel. Tampoco debería pagar dos veces por un mismo servicio.

No propongo convertir las baterías en la nueva tecnología de moda ni enfrentar almacenamiento contra hidroeléctricas, térmicas o redes. Después de tantos años en este sector, tengo claro que la confiabilidad no se construye apostándole todo a una sola tecnología. Se construye con complementariedad y con decisiones que resistan la prueba de los números y de la operación.

Lo que propongo es más sencillo: que el almacenamiento pueda competir con las demás alternativas en igualdad de condiciones y demostrar cuánto cuesta, qué problema resuelve y qué valor entrega.

En las regiones más apartadas del país aprendimos, muchas veces a la fuerza, que producir energía es apenas una parte del problema. La otra es tenerla disponible cuando la gente realmente la necesita. Ahora que Colombia acelera su transición energética, esa experiencia adquiere un nuevo valor.

Tal vez una parte de las respuestas que buscamos para el sistema eléctrico del futuro la aprendimos lejos de las grandes ciudades, operando el sistema eléctrico del presente.

Las opiniones expresadas en esta columna son personales y no representan la posición de la Contraloría General de la República.