Hay una verdad incómoda que suele esconderse detrás de los nombres sofisticados de las reformas tributarias: al final, alguien tiene que pagar la cuenta: el ciudadano. La nueva propuesta tributaria de Bogotá no es la excepción. La Administración del alcalde Carlos Fernando Galán la bautizó “Acuerdo por una Ciudad Inteligente”, un nombre atractivo para una discusión más terrenal: el Distrito quiere recaudar cerca de $1,3 billones adicionales cada año.

Presentar una reforma tributaria siempre implica dialogar y concertar, porque cobrar nunca es popular, incluso cuando se argumenta que los recursos son necesarios para financiar la ciudad. La discusión es concreta: cuánto se pretende recaudar, quiénes asumirán la nueva carga y si los beneficios prometidos realmente compensarán el esfuerzo adicional de los contribuyentes.

La justificación combina varios propósitos: cobrar el alumbrado público, simplificar el impuesto de industria y comercio, eliminar dos tributos prácticamente desconocidos para la mayoría de los ciudadanos e introducir incentivos que hagan a Bogotá más atractiva para grandes inversiones. Incluso, ha quedado la duda sobre si las transacciones en Bre-B y las demás billeteras digitales deberán pagar o no el ReteICA.

Hace un año la Administración Distrital retiró una propuesta similar y se comprometió a regresar con una versión más justa y equitativa. Era razonable esperar, entonces, una reforma sustancialmente distinta. Sin embargo, cuando uno deja a un lado el nuevo empaque y revisa los cobros, aparecen viejos conocidos: vuelve el impuesto de alumbrado público y regresan las modificaciones al ICA, bajo el argumento de simplificar su estructura.

Hay cambios que vale la pena reconocer. La eliminación del impuesto unificado de Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos y del impuesto de Publicidad Exterior Visual simplifica un sistema tributario que hace tiempo necesita menos laberintos. También existen medidas de alivios tributarios que pueden beneficiar a contribuyentes morosos.

El problema aparece cuando el Distrito ofrece alivio con una mano y prepara una nueva factura con la otra. La propuesta contempla una sobretasa del 0,4 por mil asociada al alumbrado público que afectaría a más de 500.000 familias de los estratos cuatro, cinco y seis, así como una del 1 por mil para los sectores comercial, financiero e industrial. Puede parecer una cifra pequeña cuando se escribe como porcentaje, pero deja de serlo cuando llega la factura.

Pensemos en un apartamento de estrato 4 con un avalúo catastral de $500 millones. Si hoy paga alrededor de $3.250.000 de predial, con el nuevo cobro tendría que desembolsar aproximadamente $200.000 adicionales. Su obligación subiría a $3.450.000, un incremento cercano al 6,15 %.

Y aquí aparece una contradicción difícil de ignorar. Desde el Concejo hemos impulsado alternativas para que más de un millón de contribuyentes puedan ponerse al día con Bogotá. La razón es sencilla: la cartera tributaria de la ciudad ya muestra señales preocupantes. Cerca de 1.200.000 contribuyentes deben aproximadamente $5,3 billones de capital y otros $7,2 billones entre intereses y sanciones. El 62 % de esta deuda en mora corresponde precisamente al impuesto predial.

Es decir, mientras miles de hogares y propietarios ya enfrentan dificultades para cumplir con el pago de su predial, la propuesta plantea adicionar una nueva carga sobre la misma base. Y hay otro efecto que merece atención. Los impuestos rara vez se quedan quietos en la persona a la que inicialmente se cobran. Una mayor carga sobre un predio puede terminar trasladándose al arrendatario. Un costo adicional sobre un local comercial puede incorporarse al precio de un producto. Una obligación más para una pequeña empresa puede convertirse en otro incentivo para permanecer en la informalidad.

Así funciona la economía cotidiana, esa que muchas veces desaparece entre las hojas de Excel con las que se diseñan las estimaciones de estas reformas. Por eso el debate no puede reducirse a estar “a favor” o “en contra” de una reforma tributaria. Esa sería una discusión demasiado trivial.

Bogotá necesita alumbrado público moderno. Necesita calles mejor iluminadas, tecnología, seguridad e infraestructura. Negarlo sería absurdo. Pero reconocer una necesidad pública no obliga a aceptar automáticamente cualquier mecanismo para financiarla. La pregunta correcta es si Bogotá puede conseguir los recursos que necesita, sin convertir nuevamente al contribuyente cumplido en la solución automática de sus problemas fiscales.

Como presidente de la Comisión de Hacienda, promoveré un debate serio, amplio y público.

Escucharemos a la Administración Distrital, pero también a los gremios, expertos, comerciantes, propietarios y ciudadanos que terminarán viviendo las consecuencias de lo que decidamos.

Una reforma tributaria puede tener un nombre inteligente, puede tener buenas intenciones, pero, en materia de impuestos, el ciudadano es quien termina asumiendo la carga tributaria.