La verdadera reforma del sistema penitenciario no pasa por levantar otro pabellón común, sino por aplicar la extradición. Si la persona tiene asuntos pendientes en Colombia, al terminar su condena afuera, debe llegar directo a una prisión de máxima seguridad lista para recibirlo.

Esta lección costó demasiado en los años ochenta y noventa. Los carteles usaban las cárceles locales como centros de mando y lucharon con fuerza contra la extradición. Ellos ganaron tiempo mientras el país perdió terreno. Cada vez que el Estado activó este recurso, las redes criminales se debilitaron, pero cuando se frenó el proceso, retomaron el control. Ignorar esa experiencia a estas alturas no es un descuido, es complicidad.

La llamada paz total volvió a incurrir en la misma equivocación con otro nombre. Organizaciones como el ELN, las facciones de Mordisco y Calarcá, la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo y bandas urbanas pasaron de perseguirse militarmente a tener reconocimiento político. Les concedieron mesas de diálogo, tiempo, control territorial y legitimidad en el discurso. El resultado está a la vista, pues los grupos armados casi duplicaron su presencia, Venezuela sirvió de refugio y las prisiones terminaron convertidas en centros de operación.

No se trató de un simple error de cálculo. Varios sectores, entre congresistas, gestores de paz y abogados, ayudaron a blanquear la imagen del narcoguerrillero para presentarlo como un actor de paz. Ese discurso no puede repetirse.

Tampoco es verdad que Petro se negara a extraditar. Lo hizo de forma selectiva para cumplirle a Washington sin incomodar a sus aliados de negociación. Salían los mandos secundarios que no alteraban la narrativa del gobierno, mientras los líderes protegidos por el proceso nunca sintieron una amenaza real.

Firmaban entregas menores de fachada, pero los cabecillas negociaban de día y seguían dando órdenes de noche. Fue un mecanismo a la medida, muy conveniente para la foto con las autoridades estadounidenses, pero inútil para la tranquilidad de los campesinos en el Cauca o los comerciantes en Tumaco.

El caso de alias Araña deja esta situación al descubierto. Geovany Andrés Rojas, jefe de los Comandos de la Frontera y solicitado por una corte de California por narcotráfico y narcoterrorismo, tenía el aval de la Corte Suprema desde 2025. El gobierno anterior evitó entregarlo, lo nombró gestor de paz y aplazó su envío hasta la salida del poder. El 25 de septiembre, el nuevo Gobierno de Abelardo De La Espriella lo envió a San Diego y allá se declaró inocente ante la justicia federal. Quien se sentaba a negociar en Colombia hoy duerme en una celda de máxima seguridad en Estados Unidos con la disposición de colaborar.

La estrategia del Gobierno actual es radical y busca ir directo a los jefes. El criminal que no se entregue termina abatido o montado en un avión hacia Estados Unidos. No hay opciones intermedias, ni figuras de paz, ni zonas de despeje, ni curules guardadas. La prisión local ya no es el final del trayecto, sino una escala rápida para la entrega internacional. Las ciento cinco extradiciones autorizadas en apenas cincuenta y tres días demuestran el fin de la selección a conveniencia.

México y Brasil enfrentan situaciones donde los capos siguen dando órdenes desde la cárcel. Colombia no puede repetir esos modelos. En el país, los patios se usaron como oficinas y la negociación les otorgó categoría política. Por eso el plan tiene dos fases muy claras: primero el envío al exterior y luego un penal que resulte imposible de controlar por los internos.

Esto demanda un pacto firme con Washington. Nada de procesos lentos que se extienden por años mientras el delincuente opera desde el teléfono de su celda. Todo cabecilla de narcotráfico debe salir en extradición inmediata, sin demoras y sin privilegios. Lo ocurrido con alias Araña no debe ser un hecho aislado, sino la norma general.

La transformación del sistema exige asumir que el Inpec perdió la autoridad sobre los pabellones, los alimentos, las visitas y el orden interno. No es posible reestructurar una entidad subordinada a los mismos reclusos. Es necesario liquidarla y crear en su lugar una policía penitenciaria armada, con carrera profesional y liderazgo propio, independiente de presiones sindicales y de la nómina informal de las prisiones. El encargado de la custodia no puede estar a merced del custodiado.

Las prisiones del futuro deben manejarse por concesión privada, alejadas de la corrupción en la contratación. La fórmula consiste en que el Estado imponga la condena mientras la empresa privada administra el aislamiento, la alimentación y las actividades laborales bajo supervisión policial. Quien trabaje aprende un oficio útil para su libertad posterior. De esa forma, las visitas dejan de ser reuniones de negocios y los celulares dejan de funcionar como oficinas, tanto para el delincuente común como para el gran capo.

Es valioso que este gobierno esté finalizando las obras carcelarias que la administración anterior dejó abandonadas en planos. Para Petro, la infraestructura penitenciaria no fue una prioridad y el preso común sufrió esa desatención con un hacinamiento desmedido. Hay que hablar claro sobre este punto, ya que las penales que se están entregando son de mediana seguridad.

Funcionan para quien cometió un robo o causó una lesión, pero no sirven como castigo para los grandes criminales del narcotráfico. En un espacio de mediana seguridad, las estructuras se reorganizan rápidamente, reaparecen los teléfonos y se retoma el mando. Llevar allí a un cabecilla recién bajado del avión sería repetir la historia de nuestras prisiones con un nombre distinto.

Al momento en que la persona extraditada regrese por condena cumplida o por deportación y tenga deudas pendientes con la justicia colombiana, deberá ingresar a un centro de máxima seguridad donde no existan patios de control ni celulares. Para esa fecha ya habrán terminado de construirse las diez megacárceles prometidas por el actual Gobierno.

Quienes hoy reclaman por supuestos abusos de autoridad están pidiendo en el fondo que regrese el negocio de siempre con mesas interminables, cárceles vulnerables y entregas frenadas. Defender la soberanía no significa alojar a quien atenta contra los colombianos, sino decidir a quién se entrega y bajo qué parámetros retorna. Alias Araña ya está respondiendo en California. Quienes sigan su camino no pueden encontrarse al volver con los espacios permisivos de administraciones pasadas. A su regreso los esperará la máxima seguridad, nunca la mediana.

La postura no admite grises, pues hay avión para los capos y la Fuerza Pública responderá con firmeza ante cualquiera que decida enfrentarla.