Pregunta: ¿Cuánta tierra hay en Colombia, de quién es y cuánto vale? Parece elemental, pero el Estado no tiene la respuesta. En 2019, según cálculos del DNP basados en datos del IGAC, apenas el 5,68 % del territorio tenía el catastro al día. El 66 % estaba desactualizado, en promedio desde hacía 16 años, y el 28 % nunca se había medido.

Qué es: el catastro es el inventario de los inmuebles: dónde están ubicados, cuánto miden, quién los ocupa y cuánto valen. El catastro tradicional servía prácticamente para cobrar el predial. El multipropósito cruza esa información con el registro de la propiedad y la pone al servicio de la formalización de la tierra, el ordenamiento del suelo, el ambiente y los territorios étnicos. Es la radiografía del país.

Ley 1955: el Plan de Desarrollo del gobierno Duque (Ley 1955 de 2019) definió la gestión catastral como un servicio público (artículo 79) y abrió la puerta para que municipios y departamentos la prestaran como gestores catastrales. La meta era ambiciosa: 60 % del territorio actualizado en 2022 y el 100 % en 2025. Al cierre del cuatrienio, el IGAC reportó el 9,4 %; decepcionante.

Ley 2294: el Plan del gobierno Petro (Ley 2294 de 2023) reescribió ese artículo. Ahora la gestión catastral es “un servicio público prestado directamente por el Estado”, a cargo del IGAC “como máxima autoridad catastral nacional” y de las entidades territoriales que se habiliten. La meta fue del 70 % del territorio para 2026. Según el informe de empalme del IGAC (julio de 2026), se llegó al 41,34 %: 47 millones de hectáreas, 369 municipios y 12,1 millones de predios. Es cuatro veces más que en 2022, pero apenas el 59 % de la meta de área. La Contraloría advirtió que entre 2020 y 2023 se dejó de aprovechar, en promedio, el 46 % de los recursos apropiados.

La Corte: para la Corte Constitucional, sin catastro no hay reforma rural. En la C-073 de 2018 lo ubicó en el punto 1.1.9 del Acuerdo de Paz. En la SU-288 de 2022, sobre baldíos, constató que el 74 % de los municipios tenía el catastro rural desactualizado. Ordenó al IGAC, la Agencia Nacional de Tierras, la UPRA y la Superintendencia de Notariado elaborar un plan para “implementar y articular el catastro multipropósito”, con una meta de hectáreas de presuntos baldíos, y exhortó al Gobierno y al Congreso a financiar su consolidación. En 2024, la propia Corte convocó una sesión técnica porque los informes de seguimiento no le permitían saber si se estaba cumpliendo.

Por qué importa: con avalúos viejos, el predial se cobra sobre valores inciertos u obsoletos, y la Constitución reserva a los municipios el poder de gravar la propiedad inmueble (art. 317). Sin linderos claros, el Estado no tiene certezas sobre tierras baldías y no puede adjudicarlas válidamente. Y donde nadie sabe de quién es la tierra, se imponen la ilegalidad y las armas.

A tiempo: el nuevo gobierno tendrá que presentar su propio Plan de Desarrollo. Ojalá no empiece de cero ni vuelva a colocar metas inalcanzables. El catastro no debe estar sometido a ideologías electorales: es la base para el cobro de los impuestos locales, una herramienta idónea para mitigar la crisis fiscal, para la seguridad jurídica de la propiedad y para generar certeza en la inversión. Se necesita una meta realista, financiada y con gestores territoriales capaces.

Un país que no sabe lo que tiene no sabe lo que vale.

Cita de la semana: “La gran ley de la historia es la ampliación constante de las fuerzas productivas.” Luis E. Nieto Arteta, Economía y Cultura (1942).