Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, aprovechó la citación al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, para lanzar duras acusaciones contra el Gobierno de Abelardo De La Espriella. Afirmó que están impulsando una “contrarreforma agraria”, entregando tierras a clanes y redes del narcotráfico e incluso insinuó nexos directos con esos sectores. Parece olvidar que durante el gobierno anterior, respaldado por él, fue justamente cuando sus aliados de la “paz total” terminaron apoderándose de más territorio.

Además, amenazó con denuncias penales ante la justicia y ante Estados Unidos. Es la misma estrategia de siempre. Él mismo dirigiéndose como el referente de la moral y la legalidad, cuando en realidad fue el principal impulsor de las negociaciones con grupos armados.

La mayoría de los colombianos sabemos muy bien que no tiene la autoridad ética, moral ni jurídica para posar en ese rol.

La paz total no es un invento ajeno: fue su propia creación. En 2019 dejó por escrito la idea de negociar al mismo tiempo con bandas criminales y grupos derivados del paramilitarismo. Coordinó la comisión programática de paz en la campaña de Petro, lideró la transición de empalme y funcionó como el gran legitimador del proyecto desde el Senado. De hecho, la Ley 2272 avanzó con su impulso directo. Fue por ese mismo rol de líder y artífice de una política de paz fallida que el propio Congreso prefirió apartarlo de los debates de la Ley de Sometimiento. Su estrategia terminó entregando el país a grupos narcoterroristas bajo la fachada de la paz, algo que él mismo defendió en campaña al asegurar, sin rodeos, que nunca se arrepentiría.

Esa paz total abrió mesas con el ELN, con las disidencias de Mordisco y con el Clan del Golfo bajo el mando de Chiquito Malo. Cepeda no solo la diseñó y la defendió, también negoció de forma directa con el ELN como parte de la delegación oficial. El resultado fue una serie de ceses al fuego y una cesión efectiva de territorios que representó una verdadera contrarreforma agraria. Todo esto acompañado por viajes a La Habana, México, Caracas y Doha, suspensión de órdenes de captura y un gasto superior a los 125.000 millones de pesos.

El balance real muestra que los grupos armados terminaron fortaleciéndose. Las cifras de la Fundación Ideas para la Paz indican que pasaron de 15.120 integrantes en diciembre de 2022 a 28.802 en julio de 2026, lo que equivale a un aumento del 90 %. En el caso del Clan del Golfo, la cifra saltó de 4.061 a 10.268 miembros, un crecimiento del 153 %, mientras los enfrentamientos territoriales se duplicaron. Lejos de traer tranquilidad, la estrategia significó el fortalecimiento del narcoterrorismo con respaldo político.

La mesa de diálogos que él lideró y que conoció de primera mano terminó de la peor manera. En el afán de pasar a la historia firmando un acuerdo de paz, se pretendía entregar parte del territorio nacional. Como consecuencia, en enero de 2025 el ELN desató en el Catatumbo una ofensiva contra las disidencias y la población civil que dejó decenas de muertos y más de 50.000 desplazados, registrando una de las peores crisis humanitarias de la región en décadas. El propio presidente Petro tuvo que suspender las conversaciones. Años de ceses al fuego, viajes y protocolos terminaron en eso, un grupo armado que usó la negociación para ganar tiempo y la tregua para consolidar territorio.

Cuando Cepeda acusa al nuevo Gobierno de convivir con el narcotráfico, es inevitable pensar que tuvo un lapsus, pues quien convivió con ese fenómeno durante los últimos años fue el proyecto político que él representó. Vale la pena recordar las cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En 2023, Colombia alcanzó el récord histórico de 253.000 hectáreas de coca y la producción potencial de cocaína subió un 53 %, llegando a 2.664 toneladas. Mientras la paz total ofrecía ceses al fuego, las economías ilegales alcanzaban sus máximos históricos. Nunca hubo tanta coca en el país como durante los cuatro años de su gobierno.

El mismo patrón de ineficiencia se repitió en la gestión de la tierra. La Agencia Nacional de Tierras contó con el mayor presupuesto de su historia, cercano a los 9 billones de pesos, de los cuales unos 7 billones se destinaron a compras y contratación. La meta era entregar 1,5 millones de hectáreas formalizadas, pero solo se titularon alrededor de 99.477, equivalentes al 6,6 %. La Contraloría halló giros por casi un billón de pesos a la SAE por cientos de predios, de los cuales muy pocos quedaron realmente a nombre de la Nación. Además, la actual administración denunció ante la Fiscalía presuntas irregularidades por más de 50.000 millones de pesos en las gestiones de Gerardo Vega y Felipe Harman, junto a la firma de cerca de 40.000 contratos de prestación de servicios. Los campesinos se quedaron con promesas mientras el país asumió una burocracia desbordada.

En medio del debate, el ministro Indalecio Dangond cuestionó directamente ese derroche y la falta de ejecución del gobierno anterior. Con una franqueza que causó molestia, afirmó que si pudiera otorgar un subsidio, se lo daría al senador para ver si producía algo en su vida, pidiendo menos ideología y más capacidad de gestión. La respuesta de Cepeda fue la habitual, más acusaciones y anuncios de denuncias.

Quien negoció con el ELN y defendió los acercamientos con las disidencias y el Clan del Golfo ahora señala “contrarreformas” y “asociaciones con narcos”. Todo esto ocurre mientras su sector enfrenta denuncias ante la Fiscalía por el denominado “voto fusil”, que involucra cerca de 3,9 millones de votos en zonas bajo control armado y cientos de mesas con participación del 100 %. Aunque son procesos en indagación y no fallos judiciales, exigen respuestas claras.

Tampoco resulta creíble la amenaza de acudir a instancias en Estados Unidos. Fue precisamente durante el gobierno que él defendió cuando Washington descertificó a Colombia en la lucha contra las drogas en septiembre de 2025, un hecho inédito desde 1997. Poco después, el Departamento del Tesoro incluyó a Gustavo Petro en la lista de la Ofac. Si el objetivo es hablar de narcotráfico con las autoridades norteamericanas, no hay de qué preocuparse; allá conocen al detalle el expediente del gobierno al que perteneció.

Si va a la Fiscalía y a la Comisión de Investigación y Acusación a denunciar al Gobierno actual, que no desperdicie la visita y aproveche para aportar lo que sabe, por haber estado en esas mesas, sobre los compromisos incumplidos de sus antiguos interlocutores de la paz total. Que responda las preguntas pendientes sobre el voto en zonas con presencia armada y que exija con el mismo ímpetu que se aclare el destino de los billones perdidos o desviados de la ANT. El país entero se lo agradecería.

La pureza no se proclama en una plenaria, se demuestra con resultados. Los de Cepeda están a la vista de todos: grupos armados que casi duplicaron su tamaño, un crecimiento histórico de cultivos de coca junto a la producción de cocaína y una política de tierras que solo tituló una pequeña fracción de lo prometido.

Quien fue el principal arquitecto de ese fracaso no puede aparecer ahora en el rol de auditor. Antes de señalar al Gobierno, le debe al país su propia rendición de cuentas.