Colombia siempre ha necesitado al mundo más de lo que el mundo nos necesita a nosotros. Esa es la realidad de un país que exporta petróleo, café y flores, que goza de un buen turismo y, vergonzosamente para los colombianos, participa en el terrible negocio de la cocaína, además de depender de la inversión extranjera y de acuerdos comerciales que tomaron décadas en construirse. En ese contexto, la política exterior no es un lujo diplomático ni un escenario para discursos filosóficos. Es una herramienta concreta con consecuencias concretas. Y en los últimos cuatro años, esa herramienta estuvo en manos de alguien que la usó como tribuna ideológica.

Petro llegó con una visión de política exterior clara: construir un nuevo bloque de alianzas con la izquierda latinoamericana.

Si rebobinamos estos cuatro años, encontramos varios incidentes internacionales que nos costaron bastante.

El capítulo más costoso fue la relación con Estados Unidos. En enero de 2025, Petro se negó a recibir aviones militares con deportados colombianos. Trump respondió con amenazas de aranceles del 25 %, con posibilidad de subir al 50 % en una semana. Petro reaccionó en redes diciendo: “No estrecho mi mano con esclavistas blancos”. Doce horas después cedió. Pero el daño ya estaba hecho y la relación no volvió a ser la misma.

Lo que vino después fue una escalada sostenida. Trump descertificó a Colombia en la lucha antidrogas en septiembre de 2025, llamó a Petro “líder del narcotráfico”, le retiró la visa y suspendió la ayuda financiera al país. La suspensión de USAID representó una reducción del 70 % del presupuesto proyectado para Colombia en 2026, según Indepaz. Y todo esto con el telón de fondo de que Estados Unidos es el mayor socio comercial de Colombia, con el 30 % de las exportaciones colombianas dependiendo de ese mercado, según Analdex.

En mayo de 2024, Petro rompió relaciones con Israel y prohibió las exportaciones de carbón colombiano hacia ese país. El conflicto entre Israel y Palestina es uno de los debates más complejos y dolorosos de la geopolítica contemporánea, y merece un análisis propio que esta columna no puede abarcar con la profundidad que se merece. Lo que sí cabe acá es la dimensión comercial concreta: esa ruptura le costó al país un socio estratégico en materia de seguridad y tecnología, dos áreas donde Israel ha sido históricamente relevante.

Mientras tanto, mantuvo relaciones activas con Venezuela, Cuba y Nicaragua, tres gobiernos cuestionados internacionalmente por violaciones a los derechos humanos y supresión de la democracia, sin obtener resultados concretos en materia migratoria, de seguridad fronteriza ni de comercio.

Y, para completar el panorama, entre 2022 y 2026 Colombia tuvo cuatro cancilleres. Cuatro. Eso no es una política exterior estable, pero tampoco sorprende, porque el cambio continuo de ministros se volvió parte de las banderas de este gobierno.

Ahora bien, con un cambio de gobierno hay un cambio de enfoque en las relaciones internacionales, y Colombia vivió un giro de 180 grados en la ideología del nuevo Gobierno.

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció antes de posesionarse un giro diplomático contundente. Romperá relaciones con Cuba y Nicaragua, reabrirá la embajada en Jerusalén, suspenderá la apertura de la embajada en Palestina que promovió Petro, cerrará 14 embajadas y 15 consulados, y abrirá una nueva embajada en Nigeria. Todo anunciado por redes sociales, antes de siquiera asumir el cargo.

Algunas de esas decisiones tienen lógica. Recomponer la relación con Estados Unidos es urgente y necesario. Abrir presencia en África tiene sentido estratégico en un mundo que está redistribuyendo sus alianzas. Y reducir una burocracia diplomática sobredimensionada es razonable si hay criterios técnicos detrás.

Pero hay preguntas válidas que hacerse. De la Espriella había mencionado en entrevistas su intención de sacar a Colombia de la ONU y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, el 27 de julio nombró a Mauricio Gaona, jurista y experto en derecho internacional formado en Harvard, McGill y UCLA, como embajador de Colombia ante la ONU. Ahí se puede respirar un poco mejor.

Porque salirse de la ONU hubiera sido un disparo al pie. Los países no están ahí solo para votar resoluciones. Están ahí porque esa membresía es parte del reconocimiento internacional de su soberanía, de su capacidad de firmar tratados y acceder a mecanismos de cooperación. Sin eso, Colombia habla desde afuera, donde nadie está obligado a escuchar.

Y sobre la Corte Interamericana, De La Espriella no ha vuelto a pronunciarse. Sería un error hacerlo. Sus decisiones son vinculantes para Colombia y entran directamente a nuestro ordenamiento jurídico a través del bloque de constitucionalidad, que, en términos sencillos, es el conjunto de normas que tienen la misma jerarquía que la Constitución, aunque no estén escritas en ella. Lo que la Corte ha definido en materia de derechos fundamentales ya hace parte de cómo Colombia protege a sus ciudadanos. Salirse no borra eso de un día para otro, pero sí cierra la puerta a seguir construyendo sobre esa base.

No sé ustedes, pero yo me pregunto: ¿esas declaraciones son una estrategia real o globos de ensayo para medir reacciones?

Colombia necesita una política exterior que defienda sus intereses concretos, no las convicciones personales de quien gobierna. Ni el antiimperialismo de Petro ni el anticomunismo de De la Espriella son política exterior. Son posiciones. La diferencia está en si detrás de esas posiciones hay una estrategia real que proteja el comercio, la inversión, la seguridad y la imagen del país en el mundo. El nuevo Gobierno tiene la oportunidad de rescatar esas relaciones, reconstruir la confianza con los socios que importan y devolverle a Colombia un lugar serio en el tablero internacional. Eso es lo que hay que exigirle a cualquier Gobierno. Y eso es lo que vamos a seguir mirando.