De ser cierto todo lo que mencionan algunos medios de comunicación, escritores, investigadores, denuncias públicas y tertulias cotidianas, Colombia estuvo tocando fondo durante el gobierno de Petro y con grave riesgo de encallar, en caso de que su heredero político hubiera llegado a la Presidencia para continuar la labor de pillaje y destrucción iniciada desde 2022, cuando lamentablemente y como alto costo de la democracia, el nefasto movimiento político ideológico conocido como ‘progresismo’ llegó al Palacio de Nariño.

Cada día se confirma aún más que la izquierda engaña, emplea sucias tretas, promueve la impunidad, protege a los bandidos, se rodea de corrupción y busca el poder para destruir. Es muy difícil entender que Petro, funesto personaje conocido de marras por su vinculación a la violencia y al terrorismo, haya podido llegar democráticamente a la Presidencia de nuestro país, a menos que se confirmen las trampas y ardides que muy probablemente estos vasallos del socialismo internacional hayan podido emplear para que ‘su ídolo de barro’ fuera elegido, incluidos posiblemente los hackers que se especializan en cambiar los resultados electorales.

Un jefe de Gobierno no tiene vida privada, no es un ciudadano cualquiera y, por tanto, debe ser un libro abierto a los ojos del país y de la comunidad internacional. Debe ser el ejemplo que todos quieren seguir, pues mientras esté en el cargo, todo lo que hace o deja de hacer tiene una repercusión importante en la vida de más de 50 millones de habitantes, como es el caso colombiano. Los vicios, las aberraciones, las flaquezas, los excesos y los yerros de un presidente no pasan desapercibidos, así como tampoco los éxitos y las acertadas decisiones de su mandato.

Cuando un funcionario público no logra superar sus perversiones, debe ser removido inmediatamente del cargo, ya que, debido a sus vulnerabilidades, se convierte en una amenaza para la seguridad del Estado. Quienes gravitan a su alrededor tienen la obligación de denunciar los delitos que pueda estar cometiendo el jefe o sus allegados con su desacertado comportamiento y, en caso de no hacerlo, se convierten en encubridores, a quienes les debe llegar también el peso de la ley. No se debe confundir la lealtad con la complicidad.

Petro engañó permanentemente a los colombianos hasta con temas tan simples como su relación familiar, pues aparentó estar integrado con su pareja para que creyeran que era practicante de los valores y principios que deben guiar a un ciudadano a quien confían la dirección del Estado. Lo que se ve en las redes sociales confirma su inestabilidad emocional en el entorno personal, como lo deja ver el autor de Las mujeres de Petro, pues sin duda es una muestra de que las decisiones de Estado fueron un desastre.

Con la amarga experiencia del gobierno de izquierda que acaba de finalizar, ojalá Colombia haya aprendido que elegir un presidente no es un tema de ideología política obsoleta o de promesas de recibir prebendas sin tener que trabajar o, peor aún, que se elige a quien promete quitarles sus bienes a quienes generan empleo para alimentar las rémoras que les entregan sus votos para continuar en el poder; tampoco se elige a quien, empleando el ‘voto fusil’, obliga a elegir a bandidos de su propia calaña.

Como mencionó el papa Francisco: “Sin justicia no hay paz”; esto es la corrupción que acompañó al gobierno de Petro y que causó tanto daño al país. Debe ser llevada ante los tribunales para castigar a los delincuentes, a los cómplices y a los encubridores, para que paguen por el daño hecho a la sociedad, para recuperar lo robado a fin de que sea empleado en los programas de beneficio para la sociedad, para recuperar la fe y la confianza en una justicia oportuna, apolítica, imparcial y transparente, así como para que sirva de disuasión ante posibles intentos de robar nuevamente al Estado.

Ojalá que los escándalos que están floreciendo sobre el gobierno de izquierda que descuadernó al país sirvan de ejemplo para las próximas elecciones y los ciudadanos sean conscientes al elegir a los gobernadores, alcaldes y concejales, para que sirvan a las comunidades y no que ellos se sirvan del Estado, como lo han hecho muchos políticos corruptos que no han recibido el castigo legal ni el castigo social. Pensemos en el futuro de Colombia y en el de las familias.