Colombia arrastra una deuda con sus regiones que no se mide únicamente en pesos, sino también en oportunidades perdidas, obras inconclusas y servicios esenciales que nunca llegan a quienes más los necesitan. De norte a sur, miles de comunidades siguen esperando carreteras, hospitales, acueductos y proyectos que deberían traducirse en mejores condiciones de vida, mientras cuantiosos recursos públicos permanecen comprometidos en iniciativas que no cumplen su propósito. El problema es nacional y plantea una pregunta de fondo sobre la gestión de los recursos públicos: ¿por qué, pese a las inversiones del Estado, tantas necesidades básicas siguen sin resolverse? Cuando los recursos no se traducen en resultados concretos, las consecuencias recaen directamente sobre la ciudadanía, que termina pagando el costo de las promesas incumplidas.

La dimensión de ese fracaso quedó expuesta en el balance que divulgó la Contraloría General en julio de 2026. Colombia registra 1.970 proyectos entre elefantes blancos, obras inconclusas y proyectos críticos, valorados en $67,07 billones, y 1.029 de ellos, por $54,17 billones, siguen sin resolverse. Hay, además, 134 obras, por $627.079 millones, que el propio órgano de control considera irrecuperables, es decir, dinero público que quedó enterrado sin remedio. Las causas son conocidas y se repiten: estudios previos incompletos, errores de diseño, incumplimientos de contratistas e interventores y recursos cuya ejecución se frena en el momento menos oportuno. No todos estos casos constituyen corrupción, pero cada uno exige explicaciones, responsables y acciones concretas para que el dinero público no termine convertido en cemento abandonado.

El Chocó es el espejo más doloroso de esta realidad. En salud, el Ministerio de Salud giró $10.640 millones en diciembre de 2022 para una sede de atención a víctimas y una unidad de salud mental, y esos recursos permanecieron más de un año quietos en una cuenta bancaria, de modo que hoy la obra registra un avance cercano al 40 % cuando debió entregarse en diciembre de 2025. Y en materia de agua, la Contraloría documentó que, de seis acueductos a cargo de un mismo consorcio, apenas uno funciona, pese a una inversión superior a los $42.000 millones. Esas cifras no reflejan un simple error administrativo, sino una afrenta.

Nariño cuenta una historia parecida. El aeropuerto de Magüí Payán, en Nariño, forma parte de un programa de cuatro terminales aéreas esenciales, junto con Bahía Solano en el Chocó y dos más en el Vichada, para el cual se destinaron $363.763 millones y del que ya se había desembolsado cerca del 60 %. Los avances reportados son del 5,5 % en Bahía Solano, el 15,3 % en La Primavera y el 18,4 % en Cumaribo, y en Magüí Payán ni siquiera han comenzado las obras. Se pagó más de la mitad y ninguna de las cuatro terminales está terminada. En regiones apartadas como estas, la ausencia de las obras no es solo atraso, sino un vacío que otros se encargan de llenar.

En Norte de Santander el panorama tampoco es alentador. El Ministerio de Vivienda encontró más de 17 proyectos de agua totalmente estancados en el departamento, algunos abandonados desde hace entre 10 y 12 años. Es un territorio que, además, carga con la crisis humanitaria del Catatumbo y con el peso de la frontera, y al que el abandono de la obra civil le suma otra herida. Aquí hay que reconocer que algo empieza a moverse.

El Gobierno nacional y la Gobernación firmaron un convenio para construir 144 viviendas rurales para familias víctimas de la violencia y el desplazamiento en Tibú, El Tarra, Sardinata y Convención, con las primeras 28 casas previstas para diciembre. Además, se trabaja en destrabar los proyectos de agua, entre ellos uno en Pamplona que ya tiene una estructuración cercana al 98 % y solo espera la definición de su financiación.

El problema tampoco distingue entre regiones ni entre colores políticos. En marzo de 2025, la Contraloría identificó en el Atlántico 25 elefantes blancos y proyectos críticos por $276.336 millones. En el Valle del Cauca, la falta de ejecución oportuna de los recursos públicos sigue siendo un desafío para el desarrollo regional. Según el balance de la Contraloría Departamental correspondiente al periodo 2022-2025, los 12 contratos de obras inconclusas bajo su competencia sumaban $51.828 millones, de los cuales se habían ejecutado $25.153 millones, mientras seis proyectos continuaban bajo seguimiento fiscal y administrativo. A octubre de 2026, la discusión sigue siendo cómo garantizar que los recursos comprometidos se traduzcan en obras terminadas y servicios efectivos para la ciudadanía, sin que la falta de planeación, los retrasos contractuales o las deficiencias de supervisión terminen afectando a las comunidades.

A este panorama se suma San Andrés, donde el recaudo turístico y las necesidades de sus habitantes plantean preguntas legítimas sobre la gestión pública. En 2026, la tarifa anunciada para los visitantes obligados a pagarla asciende a $153.000, sumando la tarjeta de turismo y la contribución para infraestructura turística. Si un millón de personas pagara la tarifa completa, el recaudo bruto rondaría los $153.000 millones. Se trata de un cálculo ilustrativo, no del recaudo real, pero permite dimensionar la responsabilidad que existe detrás de estos ingresos, que deben tener un destino verificable y traducirse en beneficios para el territorio y su población.

Durante la campaña al Senado tuve la oportunidad de ir a San Andrés, hablar con sus habitantes y ver de primera mano lo que padece la isla, y lo que escuché no se parece en nada a la postal. El Hospital Departamental se volvió el símbolo más crudo de esta contradicción. Servicios que no funcionan, estudios radiológicos pendientes y pacientes que llevan meses esperando procedimientos demuestran que esto no es una disputa entre funcionarios, sino una falla de la administración. En una isla, esa falla pesa más que en cualquier otro lugar. Donde no hay alternativas cercanas, quien no puede pagar atención por fuera del archipiélago simplemente espera, y esperar con una enfermedad es la forma más cruel de pagar los errores ajenos.

El hospital no es el único síntoma. El aeropuerto, que es la puerta de entrada de más de un millón de visitantes al año y la principal conexión de los isleños con el resto del país, enfrenta cuestionamientos sobre sus condiciones de infraestructura frente a la importancia que tiene para la economía del archipiélago. Bajo esa misma vitrina se acumula otro problema que ninguna campaña logra maquillar: las aguas negras. Los rebosamientos y las limitaciones de un alcantarillado insuficiente han llamado la atención de la Procuraduría, que vigila el saneamiento de la isla por el riesgo que representa para la Reserva de Biosfera Seaflower. El mar de siete colores que se promociona en el mundo entero está en riesgo por aquello que la isla no logra tratar. Una isla que vive de su mar no puede darse el lujo de contaminarlo, ni dejar que sus habitantes convivan con las aguas servidas.

Esta realidad demuestra por qué las auditorías y los informes de control no pueden ser el punto final de la discusión. El nuevo contralor general, Jorge Eliécer Laverde, quien asumió el 1 de septiembre, ha comparado el control fiscal tradicional con una autopsia que llega cuando el daño ya está hecho y ha puesto entre sus prioridades destrabar las obras inconclusas reuniendo a contratistas, mandatarios y comunidades. Es la dirección correcta, y le corresponde al Gobierno acompañarla con planeación seria y decisiones oportunas. Los elefantes blancos no pueden seguir tratándose como una fatalidad, y solo se desmontan con investigaciones, contratos revisados cuando existan motivos y recursos recuperados cuando legalmente corresponda. La vigilancia no puede aplicarse con criterios distintos según el partido, el gobernante o el departamento, y la transparencia no consiste en publicar documentos ni en anunciar investigaciones, sino en explicar qué ocurrió, corregir las fallas y garantizar que cada peso cumpla su propósito.

Colombia no puede seguir confundiendo inversión con progreso ni presupuesto con bienestar. Las cifras de ejecución, los anuncios oficiales y las promesas de campaña pierden sentido cuando las comunidades continúan sin servicios básicos y las obras terminan abandonadas. El desarrollo de una región no se mide por el dinero que recibe, sino por su capacidad para convertirlo en oportunidades, infraestructura útil y mejores condiciones de vida. Los recursos públicos pertenecen a los ciudadanos y su manejo exige transparencia, responsabilidad y resultados. La verdadera medida del progreso será que ni el Chocó, ni Nariño, ni el Cauca, ni Norte de Santander, ni San Andrés, ni ninguna región tengan que seguir esperando lo que ya se pagó con sus recursos.